Las Organizaciones Humanitarias y la Protección a la Población Civil

04/11/2013

 

A pesar de los existentes acuerdos, declaraciones y protocolos internacionales para proteger a los civiles en caso de conflicto armado, espeluznantes testimonios nos dan una idea de la realidad a la que se enfrentan aquellas personas atrapadas en la violencia indiscriminada de las crisis bélicas. 

Su marido estaba fuera de casa cuando llegaron los rebeldes y empezaron su tarea, acorralando al ganado, quemaron las casas, mutilaron y asesinaron a hombres y niños, y por último el momento que se repite una y otra vez, uno de los jinetes se acercó y, con un machete, decapitó al bebe que tenía en brazos. No tuvo tiempo de llorarle. Los asesinos se la llevaron con ellos y la retuvieron como rehén durante 15 días, violándola repetidamente (Fostrup, 2007).

Desde Darfur hasta Sri Lanka, pasando por Colombia, la protección se ha convertido en la máxima prioridad de muchas agencias humanitarias que trabajan en zonas en conflicto, conscientes de que los civiles apuntan, mayoritariamente, a la seguridad como su necesidad más urgente. Esto no es una tarea fácil, es desde luego mucho más compleja que la tradicional provisión de agua, alimentos, salud y abrigo.

Las organizaciones humanitarias tienen a su alcance algunas herramientas directas para mejorar la protección de las personas. Algunos programas son desarrollados, justamente, para fortalecer dicha seguridad —por ejemplo, la disposición de puntos de agua cerca de las comunidades que evite que las personas tengan que adentrarse en una zona aislada y peligrosa para buscarla— y en otros casos dichos proyectos buscan asegurar que no se estén introduciendo nuevos factores de riesgo para la población —por ejemplo, la distribución de ciertos bienes a miembros de una comunidad, que pudieran convertirlos en objetivo de los ladrones—.
Pero la consideración de la seguridad en los programas, aunque necesaria, tiene un impacto muy limitado a la hora de mejorar la protección de los civiles, así que muchas organizaciones han optado por comprometer el principio humanitario de la neutralidad para ponerse del lado de los civiles que sufren, señalando y denunciando a quienes violan los derechos humanos, exigiendo el cumplimiento de las leyes internacionales.

Las leyes internacionales que amparan a la población civil se basan en tres marcos fundamentales: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Derecho Humanitario Internacional, con su núcleo duro en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977; y la Responsabilidad de Proteger, aprobada por la Cumbre Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2005.

Sin embargo, el derecho a la protección sigue violándose sistemáticamente por muchos grupos armados, tanto rebeldes como gubernamentales e, incluso, por parte de aquellas fuerzas que intervienen en un conflicto, supuestamente para proteger a los civiles —por ejemplo, los abusos, negligencias y fuego indiscriminado por parte de las fuerzas estadounidenses en Afganistán—.

La incidencia de la política humanitaria, más conocida por el término inglés de humanitarian advocacy, está cobrando cada vez más importancia en las organizaciones de socorro. Esta incidencia puede dirigirse a nivel local con los representantes de las comunidades o de los distintos grupos en conflicto, a nivel nacional con losgobiernosdelosestadosenconflictoo,con la influencia de los más altos niveles de la política internacional, presionando a los representantes delConsejodeSeguridadparaque,porejemplo, envíen una misión de paz con un mandato de protección a civiles en determinadas zonas. Las agencias humanitarias, por su presencia en el terreno, tienen una posición privilegiada frente a las tradicionales organizaciones de defensa de derechos humanos a la hora de defender una determinada petición para la protección de los civiles.

Pero este enfoque de defensa de la protección —y a la asistencia— no es gratuito, sino que implica alejarse de la estricta neutralidad, dificultando aún más las operaciones de ayuda: incluso si la actividad de incidencia se realiza confidencialmente, se incrementa el riesgo de verse señalados como enemigos por aquéllos a los que se denuncia o que son contrarios a las demandas del personal y organizaciones humanitarias. Así se contribuye, junto con otros factores, a la reducción del espacio humanitario, lo cual impide acceder a los civiles para garantizar algún tipo de asistencia.

Por otro lado, las organizaciones se tienen que posicionar políticamente. Algunas de estas posturas son inocuas, como demandar que se instruya a los soldados integrantes de las misiones de paz de la ONU sobre la protección de civiles. Pero otras retratan a la organización: ¿hay que enviar una misión internacional armada a un determinado Estado?

Cuando se evita tomar posición en temas delicados, las peticiones son demasiado etéreas, por ejemplo, “hay que poner la protección de los civiles en el centro de la agenda de un determinado contexto” es una de esas frases repetidas en muchas ocasiones y que significa poco. Para tener una campaña exitosa hay que definir muy bien lo que se quiere conseguir. Querer aparentar ser neutral sin serlo realmente es un juego complicado y poco efectivo.

Los conflictos armados han cambiado en las últimas décadas y es difícil encontrar luchas bélicas entre dos Estados con una frontera delimitada y con responsables bien identificados, a los que exigir el cumplimiento de las leyes de la guerra. Los conflictos, actualmente, se caracterizan por su carácter regional, la participación de numerosos grupos, la persecución de agendas muy distintas por cada una de las partes y la justificación de cualquier medida basada en fanatismos y la lucha global contra el terrorismo.

La acción humanitaria se está adecuando a los nuevos modelos de la guerra. Surgirán nuevos paradigmas de actuación que se ajusten mejor a la realidad actual y, seguramente, éstos girarán alrededor de la protección de civiles como objetivo principal.

Fuente consultada
M. Fostrup (2007), “Save us from the hell of Darfur, say refugees”, The Observer, 9 de septiembre.

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