La Educación es Asunto de Todos

04/05/2013

 

La participación social debe entenderse como uno de los pilares que requieren mayor solidez en el estudio, análisis y diseño de la política educativa, a cual se proyecta como una oportunidad para articular a la escuela con la comunidad, con el fin de atender asuntos y actividades que contribuyan al mejoramiento de la educación de los menores. Para ello, en los documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se plantean la instalación de los consejos de participación social a nivel escolar, municipal, estatal y nacional, con el propósito de coordinar, junto con las autoridades correspondientes, acciones que impulsen la calidad de la educación y una mayor cobertura de los servicios educativos.

Tales planteamientos se vienen trabajando desde la modernización educativa de los años 90 y, teóricamente, se han considerado como un aspecto prioritario. Habrá entonces que analizar cuál ha sido el balance de su operatividad a través de dos décadas. Asimismo, hay evidencias de que el éxito de toda empresa tiene que ver con el involucramiento directo, tanto de las personas que las pondrán en práctica, como de los destinatarios; en este caso, se requiere la participación directa de los involucrados en el hecho educativo, conociendo entonces cómo se vuelve una realidad y cómo opera la participación social.

Sean estas interrogantes una guía para reflexionar sobre los avances realizados en la materia durante los tres primeros lustros posteriores al año 2000 y, por qué no, aportar elementos conjugados con la reforma educativa recientemente aprobada, en el entendido de que entre los problemas más sentidos por la población y las solicitudes que la gente presenta al gobierno, se focaliza a la educación, la seguridad y el respeto a los derechos humanos, como demandas principales.

De este modo, con respecto a los consejos escolares, se sabe, después de las primeras evaluaciones, que la gente no cuenta con información suficiente sobre los propósitos de la educación. Los padres de familia conocen lo que acontece en la escuela, pero generalmente desconocen la ley y los propósitos educativos. Así, no saben qué deben y pueden hacer, cómo deben colaborar o qué deben exigir a la institución educativa. Sin embargo, en la teoría se concreta el mecanismo de participación social en la relación de los padres de familia con los maestros, ello a partir del reconocimiento de las necesidades educativas de los estudiantes y las exigencias escolares, puesto que son ellos quienes conocen la escuela, sus problemas y sus necesidades; paradójicamente, es ahí en la praxis donde se hallan las principales dificultades, ya que el éxito depende fundamentalmente de cómo se dan las relaciones humanas entre los actores educativos que protagonizan el quehacer escolar.

 

Se parte entonces del supuesto de que son los maestros quienes mejor conocen las necesidades educativas y son ellos los que pueden elaborar un diagnóstico y un plan de acción que responda a las situaciones y problemas reales. Sin embargo, de acuerdo con Sylvia Schmelkes (1992):

no son los docentes los únicos integrantes de la escuela. Si bien son los agentes más importantes, porque son los causantes de la calidad, una escuela debe convertirse en una comunidad educativa en la que participen activamente alumnos, padres de familia y miembros de la comunidad. La calidad educativa les concierne a todos. La calidad depende de todos los que participan en el proceso (p. 55).

De este modo Schmelkes, investigadora y especialista en procesos de gestión escolar, señala que participar enriquece a las personas y las compromete. Libera energías creativas que transforman a todos. Entonces, la gente hace suyo el proyecto. En su opinión, cuando las personas participan activa y colectivamente en proyectos y programas educativos, los hacen propios; las personas se desarrollan, se humanizan y humanizan los espacios de convivencia y de trabajo.

Debido a la complejidad del fenómeno educativo, hoy sabemos que también estarían obligados a participar otros actores sociales. Que se deben vincular las acciones educativas tanto de la escuela como de la comunidad con otras dependencias de gobierno e instancias públicas y privadas, y con el quehacer de profesionistas diversos, ya que la educación es un asunto de todos.

En el marco legal y jurídico, a nivel estatal contamos con el Código Administrativo del Estado de México, que en su capítulo quinto señala también la necesidad de impulsar la incorporación de diferentes profesionistas a labores de apoyo a la comunidad. Se apoya en los principios que pretenden garantizar y fortalecer el derecho de todo individuo a recibir educación. De igual forma se habla de buscar los mecanismos que permitan ensayar nuevas estrategias para hacer efectivos tanto los derechos como la operatividad de los programas que tienen los organismos encargados de promover la salud, la cultura, el deporte y la atención a la juventud.

Se señalan también las responsabilidades de algunas instancias de gobierno encargadas de promover la salud, el deporte y la cultura. Tal es el caso del Instituto Mexiquense de Cultura, organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto vincular a la sociedad con el quehacer cultural de la entidad y coordinar las acciones que en esta materia se llevan a cabo en el Estado de México. Lo mismo puede ocurrir con las instancias que promueven el deporte, la salud y el cuidado del medio ambiente.

Además de todos los agentes que se pueden involucrar en el mejoramiento y calidad de los servicios educativos, pensamos que se debe recuperar el servicio social a fin de aprovechar los conocimientos de los nuevos profesionistas en el mejoramiento de la comunidad. Hay leyes, políticas públicas, programas, presupuestos, etcétera, quizá sea necesario reorientar acciones, vincular instancias y optimizar los recursos. ¿Será factible? ¿Tiene vigencia la propuesta de participación social?

Fuentes consultadas

 

H. LIII Legislatura del Estado de México (1993, 22 de diciembre). Gaceta del Gobierno. Estado de México.
H. LIII Legislatura del Estado de México (1998). Ley de Educación del Estado de México y Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia. Toluca.
H. LIII Legislatura del Estado de México. Código Administrativo del Estado de México.
H. LIII Legislatura del Estado de México. Plan de Desarrollo del Estado de México.
H. LIII Legislatura del Estado de México. Programa de Desarrollo Educativo.
Schmelkes Sylvia (1992). Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas.
Secretaría de Educación Pública (1993). Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
Secretaría de Educación Pública. (1993) Artículo 3º Constitucional y Ley General de Educación. México.
Secretaría de Educación Pública. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.
Secretaría de Educación Pública. Programa Nacional de
Educación 2001-2006 y 2006-2012. México.

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