El Gran Babylon se Viste de Verde Rio: 20+ Crónica de un Fracaso Anunciado

02/05/2012

En Estocolmo en 1972 se planteó por primera vez la relación entre economía y la protección del “ambiente humano”.

 

 

 

El siglo XXI se ha caracterizando, al menos en sus primeros 12 años de vida, por representar una coyuntura de reclamo, enojo e indignación contra el orden establecido, que se traduce en participación y acciones sociales por un cambio en el sistema. Esta necesidad de cambio es transversal a todas las esferas de la coexistencia humana, abarca el campo de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios, de las economías locales y del orden económico internacional.

 

En términos llanos y simples, hoy en día nos encontramos ante un nuevo esfuerzo ciudadano por incidir en la política a partir de novísimos movimientos sociales encabezados por las clases medias apoyadas en las tecnologías de la comunicación. Sin embargo, debido a lo incipiente de los mismos, las propuestas y opciones planteadas se pierden en la generalidad y no logran construir canales reales para su implementación.

 

En materia ambiental, lo anterior no es excepción, y dado el panorama alarmante en el que se encuentra el estado de salud del planeta, el tema ambiental cada vez más se fortalece en la agenda política de una comunidad global emergente. El resultado de los ejercicios de ciudadanía, encarnados en una comunidad global organizada en relación con un tema común, busca hacer realidad una comunicación verdadera entre gobernantes y gobernados. Mucho se ha escrito al respecto, se habla de un esquema de participación en un marco democrático que permita a los Estados llevar a cabo políticas públicas consensuadas con la sociedad, articulando acciones globales bajo el auspicio del sistema de Naciones Unidas. Se recurre a conceptos como el de familia humana para, al menos de manera nominal y aspiracional, encauzar los discursos de los líderes de occidente hacia tan loables propósitos.

En materia ambiental, esta fantasía democrática-global tiene su primer antecedente en la

 

Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas en Ambiente Humano (Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment), llevada a cabo en Estocolmo en 1972. Ahí se planteó por primera vez la relación entre economía y la protección del “ambiente humano”. Veinte años tuvieron que pasar para que se hablara del tema y se sustituyera el concepto de ambiente humano por el de desarrollo sustentable. Fue en la primera Cumbre de Río de Janeiro de 1992, en la que se soñó con establecer una nueva y equitativa sociedad a través de la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores productivos de la sociedad y las personas.

 

Diez años después, en Johannesburgo, se realizó la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, vergonzosamente se reconoció que no era ningún secreto _ni siquiera una cuestión que hubiera que debatir_ que el avance en el logro del desarrollo sostenible había sido extremadamente decepcionante desde la Cumbre para la Tierra de 1992, ya que la pobreza había aumentado y la degradación del medio ambiente había empeorado. Lo que el mundo deseaba, según lo que afirmaba la Asamblea General, no era un nuevo debate filosófico o político sino más bien una cumbre de acciones y resultados.

 

Posteriormente, en 2009, se develó la verdadera naturaleza del sistema político internacional con el fracaso de la XV Conferencia sobre Cambio Climático realizada en Johannesburgo. Ésta buscaba la conclusión de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que se aplica a partir de 2012. El objetivo final (a largo plazo) pretendido era la reducción mundial de las emisiones de CO2 en al menos 50% en 2050 respecto a 1990, y para conseguirlo los países debían marcarse objetivos intermedios. Así, los países industrializados deberían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 25% y 40%, respecto a los niveles de 1990 en el año 2020 y deberían alcanzar una reducción entre el 80% y el 95% para 2050.

 

No sólo la conferencia no arrojó un acuerdo jurídicamente vinculante, sino que evidenció la separación entre las posturas de los países centrales con las de los países de la periferia y semiperiferia del orden mundial. El resultado fue tal que la Cumbre fue calificada de fracaso por numerosos gobiernos y participantes. Distintos actores, tales como el presidente del Consejo Europeo y Greenpeace, calificaron la Cumbre de fiasco y el gobierno sueco llegó a considerarla un desastre.

 

En ese sentido, la realidad muestra una cara totalmente diferente de la que pretenden retratar los diferentes esfuerzos de Naciones Unidas por atender un problema global y transversal a todos. Lo que se aprecia en los hechos es que los procesos de negociación internacional tienen un avance nulo desde hace 10 años, como ejemplo tres puntos clave: las negociaciones comerciales y la suspensión del ciclo de Doha, el fracaso sobre el clima en Copenhague, así como la propia incapacidad de Naciones Unidas para reformar su propio sistema, nacido después de la Segunda Guerra Mundial.

En ese marco nos acercamos a Río + 20 que plantea nada más y nada menos que: “Sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”.1

 

En este punto el panorama se complica aún más, ya que la situación de la degradación planetaria continúa, y si bien los conceptos de ambiente humano y desarrollo sustentable terminaron siendo un chiste de mal gusto, el nuevo concepto de economía verde que propone Río + 20 debe tomarse con mucha mayor seriedad, ya que su implementación presupone un cambio en el orden mundial, a partir de la emergencia del colonialismo ambiental.

 

Como siempre todo parte de una lista de buenas intenciones, pero ahora se le agrega un nuevo considerando, en relación a la economía y el medio ambiente. Ahora se parte del supuesto de que la gestión efectiva de las interdependencias entre los Estados, para estar a la altura de las necesidades ambientales, éstos deben renunciar a su soberanía en pos de una nueva gobernanza supranacional, basada en una comunidad mundial.

 

Bajo esta coyuntura, los países centrales pretenden que la próxima Cumbre de la Tierra Río + 20 sea el punto de entrada para la construcción de la engañosamente llamada economía verde. Grosso modo, la economía verde contempla un capitalismo tripartito compuesto por la mano de obra, los medios de producción y la naturaleza. En otras palabras, se busca desarrollar a nivel mundial una serie de indicadores y medidores que permitan cuantificar y otorgar un valor a las distintas funciones de la naturaleza e introducirlas al mercado por medio de un conjunto de mecanismos financieros. La novedad se encuentra en que ya no sólo se persigue la mercantilización de la parte material de la naturaleza, sino también la de sus procesos y funciones, vía la comercialización de los servicios ecológicos. En síntesis, la economía verde busca ya no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino la capacidad de absorción de carbono de los mismos.

 

Otra aportación de la economía verde es la generación de un ambiente propicio para la inversión privada en el agua, la biodiversidad, los océanos, los bosques y las selvas del planeta. El problema es que la economía verde no genera productos reales o tangibles, es decir, estamos hablando de la imposición de un mercado virtual de bonos y certificados controlados por el sistema financiero internacional, así como la
banca privada. Organismos que tendrían algo que decir respecto a la crisis financiera de 2008 y que perdura hoy en día. Con todas sus letras, lo que propone la economía verde es poner en manos de banqueros a la naturaleza para que especule y genere fabulosas ganancias a su costa. Sin embargo, existe el riesgo de que en caso de ruptura bancaria, a diferencia de la crisis crediticia, en la cual simplemente fue sorteada
con trillones de dólares provenientes de fondos públicos, en el caso del medio ambiente las pérdidas serían irrecuperables.

 

El primer paso para la consolidación de las economías verdes se prevé se dé en Río + 20 a partir del establecimiento de un mandato de Naciones Unidas para empezar a desarrollar un conjunto de indicadores y mecanismos de medición que sirvan como base de un mercado mundial de servicios ambientales y de los ecosistemas.

 

Del otro lado del espectro y dadas las incipientes condiciones de un movimiento ciudadano global para actuar en consecuencia, la única voz en contra de la implementación de la economía verde es, sorprendentemente, China, coaligada con un colectivo de países pobres que representan el G77, quienes defienden el concepto de desarrollo sustentable desde hace 20 años. En pocas palabras: lo que nos ofrece Río + 20 es un debate entre países ricos que pretenden mercantilizar la naturaleza y un gran conjunto de países pobres y China que se oponen a lo anterior, sin hacer nuevas propuestas que realmente marquen un cambio significativo que frene el avance hacia la catástrofe ambiental.

 

Finalmente, en 2010 se realizó un importante esfuerzo por alimentar un genuino debate en materia ambiental a nivel internacional, a partir de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra en Tiquipaya, en la región de Cochabamba Bolivia. El problema es que esta Conferencia, surgió en respuesta al fracaso de Copenhague y fue impulsada por la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) encabezada por Venezuela, por lo que, dadas las coyunturas políticas actuales, dicha iniciativa fue aislada del debate internacional. No obstante lo anterior, la

 

Conferencia de Tiquipaya proyectó la creación de una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y realizó propuestas concretas en relación con el otorgamiento de presupuestos provenientes de rubros militares a la conservación del ambiente, la promoción de la soberanía alimentaria en oposición al agronegocio, respecto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios; sin embargo, hasta el momento nada de esto ha sido tomado en cuenta para la nueva Cumbre Río + 20.

De hecho el fracaso de la Cumbre se sentenció a partir del cierre de la misma para incluir propuestas el 29 de febrero pasado. Ninguna propuesta de Tiquipaya fue incorporada, la palabra Madre Tierra acordada por consenso en Naciones Unidas no aparece en el documento compilado al que se tuvo acceso y por ende no existe alguna propuesta para que se discuta una declaración de los derechos de la Madre Tierra en el marco de Río + 20.

 

Del 20 al 22 de junio se llevará a cabo Río + 20, más de 80 jefes de Estado acudirán a Río de Janeiro para sellar el destino del planeta y tomarse la foto. Es lamentable que el documento que será aprobado ya esté cocinado en las rondas de negociación que actualmente se llevan a cabo en Nueva York.

1 Para mayor información consultar: http://rio20.net/en-camino-a-rio.

 

 

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