Baruch F. Delgado Carbajal: El Poder Judicial del Estado de México

03/05/2013

A lo largo de estos primeros tres años de existencia de la presente publicación, he tenido la fortuna de realizar una serie de entrevistas que, indudablemente, han enriquecido el contenido de la misma. De entre los entrevistados, destaco personalidades de los ámbitos empresarial, gubernamental, académico, deportivo y cultural. El diálogo resulta siempre enriquecedor, y ha sido una experiencia extraordinaria estar a cargo de esta sección.

 

En esta ocasión tengo el placer de presentar a ustedes la entrevista realizada al Magistrado Baruch F. Delgado Carbajal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, donde nos comparte su visión acerca del sistema de justicia mexicano.

El Magistrado es Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca, donde obtuvo el grado con mención honorífica, con la tesis denominada “Alcances y Eficacia del Amparo Judicial en el Sistema Federal Mexicano”. Adicionalmente ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Escuela Judicial del Estado de México, entre otras actividades académicas.

¿Cuál es el espíritu del Poder Judicial del Estado de México y a través de qué acciones concretas lo materializa?

El espíritu y los objetivos son los que marca la Constitución del Estado de México para el Poder Judicial, de manera particular que se imparta una justicia pronta completa e imparcial. En esto hemos estado trabajando desde hace varios años, en la modificación de los esquemas y modelos procesales para lograr una justicia más transparente, más humana y cercana a la sociedad.

¿De qué manera se relaciona con los Poderes Ejecutivo y Legislativo?

Siempre he creído que el poder público es uno solo y que su ejercicio está claramente delimitado por la Constitución, con un marco de atribuciones específico para cada órgano del poder público. Tenemos excelentes relaciones con el Poder Ejecutivo, y también con el Legislativo, mismas que nos permiten participar en variados procesos de creación y reforma de leyes que se vinculan a la función jurisdiccional. Tenemos una relación constante y permanente de colaboración, pero también de respeto al marco de atribuciones de cada órgano del poder público. Esto es fundamental para el respeto de la división de poderes.

¿Por qué actualmente, con el sistema penal acusatorio, el Poder Judicial, a través del juez de control, revisa muchas actuaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, tales como la prisión preventiva, la flagrancia y el caso urgente? ¿Qué no es esta situación contraria a la separación de los Poderes Ejecutivo y Judicial?

Desde luego que no es contraria a la separación de poderes. En el nuevo sistema de justicia penal el ministerio público tiene la obligación de que en aquellos casos en que se ha cometido un delito y que existan los datos de prueba suficientes, tiene la facultad para solicitar la judicialización de la investigación. Es decir, la intervención directa del Poder Judicial. Es entonces cuando le corresponde al juez de control verificar si la detención de una persona en delitos donde exista flagrancia, por ejemplo, fue o no legal. Esta situación permite que exista un mayor control sobre los procesos penales y, por ende, mayor legitimidad en la actuación del ministerio público.

¿Qué opinión le merece entonces la autonomía del ministerio público respecto de los dos poderes involucrados en el sistema de impartición de que son el Ejecutivo y el Judicial?

Hasta el día de hoy, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ministerio público depende del Poder Ejecutivo. No obstante, se ha venido reflexionando en la doctrina la conveniencia de que éste sea un órgano constitucional autónomo, como sucede en otro países. Seguramente en algunos años más el constituyente permanente abordará el tema y determinará si es el esquema que más conviene a México. Me parece que sería un avance importante, pues de esta manera se le daría mayor transparencia al sistema de procuración e impartición de justicia mexicano.

Con respecto a la aplicación de los juicios orales, ¿qué avances tiene el Estado de México en este sentido?

Desde el año 2005 se hicieron reformas en el estado que nos permitieron fortalecer la oralidad de los procesos, incluso antes de la gran reforma constitucional de junio de 2008, que introduce el sistema acusatorio penal en México. La oralidad viene a favorecer tanto al acusado como al acusador. Le otorga mayor transparencia y celeridad al proceso. Adicionalmente, permite una mejor implementación de mecanismos alternativos para solucionar las controversias. En la actualidad, aproximadamente 70 u 80% de los asuntos se solucionan a través de la mediación, dejando un porcentaje menor de casos que llegan a la etapa de juicio.

¿A través de qué acciones el Poder Judicial del Estado de México ha promovido entre la sociedad los mecanismos de mediación?

En materia familiar, por ejemplo, el nuevo esquema procesal establece una audiencia preparatoria a juicio, que es precisamente la etapa de conciliación. Literalmente, el juez se sienta frente a los involucrados a dialogar con el objetivo de que se comuniquen y busquen resolver el conflicto de manera amigable.

Por otro lado, la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la paz social para el Estado de México, que entra en vigor el 1º de enero de 2010, contempla la capacitación de los servidores públicos en mecanismos alternativos de solución de controversias a través del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa. De tal suerte, somos el órgano rector de la mediación en la entidad. Contamos con 13 centros de mediación y conciliación ubicados en distintas regiones, donde al año se radican más de 10 mil asuntos. Actualmente, estamos buscando llevar esta capacitación a las escuelas y así fortalecer el uso de los mecanismo alternativos de solución de controversias.

¿A partir de qué año se introduce en el Estado de México el principio de presunción de inocencia y cuáles han sido los beneficios de haberlo hecho?

Las presunción de inocencia se estableció a rango constitucional en esta gran reforma del 18 de junio de 2008 que ya hemos comentado. Lo más importante, que merece la pena ser destacado, es que a través del nuevo sistema de justicia penal, las personas acusadas de un delito pueden enfrentar su proceso penal sin ser privadas de su libertad, salvo en aquellos casos donde está indicada la prisión preventiva oficiosa. Y es solamente cuando hay una declaración judicial de condena cuando se priva de su libertad al acusado.

¿Qué reforma al sistema de justicia propondría usted al Legislativo?

Más que reformas legales, lo que se requiere es cambiar actitudes en los sujetos procesales que intervienen. A veces lo más fácil para los actores políticos es proponer reformas a las leyes, agravar penas, pero no es lo más aconsejable. Lo más aconsejable es capacitar a los actores procesales, fomentar la vocación de servicio y mayor cultura en el servidor público. Desde luego que la ley tiene que ir ajustándose a los cambios sociales, pero estoy convencido de que con el esquema actual que tenemos de leyes, podemos dar buenos resultados. Lo que hace falta es que se cumpla eficazmente la ley.

 

Durante su gestión como presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México, ¿qué sello personal ha intentado imprimir en su labor?

He intentado dar claridad a los procesos y fomentado activamente la mediación y conciliación. Adicionalmente, por citar un ejemplo, participé activamente en la lograda reforma en materia de adopciones, donde se derogó la adopción simple y se privilegió la adopción plena. Pero en suma, creo que el sello de mi labor reside en los esfuerzos por cambiar el modelo de formación de nuestros jueces y magistrados, con la intención de que todo aquél que se desempeñe como juez cuente con los elementos de capacitación necesarios para realizar una buena labor.

Finalmente, le pedimos un mensaje para los lectores de Pensamiento Libre.

Estimados lectores, en la transformación que requieren nuestro país y nuestro estado, además de la responsabilidad que tienen las autoridades, no olviden que ustedes, la sociedad, deben sumarse a una cultura de denuncia, de respeto, en cualquier escenario que se desarrollen. Estoy convencido que si hay educación en la sociedad, ésta hará valer sus derechos y entonces lograremos un país más justo.

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