México: Tierra Privatizada y Petróleo del Estado

02/05/2013

 

No importa de qué partido seamos simpatizantes o de qué ideología política; los ciudadanos debiéramos escoger a los políticos de cualquier parte del espectro (izquierda, centro o derecha), con la oferta ideológica que tenga el mejor desempeño o lógica, dicho coloquialmente: debiéramos escoger al partido político que proponga lo mejor; esto es, bienes públicos de calidad y su mantenimiento adecuado (incluyendo seguridad y educación pública), la reducción de pobreza y la equidad en la distribución del ingreso, así como la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales. Nadie puede estar en desacuerdo con esta premisa.

 

El desempeño o veracidad de las propuestas políticas sí puede medirse técnicamente. A pesar de la imprecisión que tienen las ciencias sociales, disciplinas como la teoría de escenarios, la estadística, el análisis de políticas públicas y la política comparada nos acercan sustancial y a veces irrevocablemente a la mejor propuesta. A veces la simple aritmética basta para corroborar una propuesta veraz o una promesa imposible. Tal es el caso de propuestas que tienen que ver con el presupuesto o cuestiones fiscales, pensiones y subsidios y también sobre la operación más eficaz y eficiente de empresas que pudieran ser estatales o privadas. Este análisis podría aplicarse de manera seria al caso de Pemex y la reforma energética.

Durante años, la propaganda y los discursos políticos han estado plagados de retórica revolucionaria estatista en contra de la incursión de la iniciativa privada en Pemex; históricamente vemos a la Expropiación Petrolera como uno de los pocos triunfos, sino es que el único, que tenemos sobre los extranjeros —usualmente catalogados de usurpadores e invasores en nuestra historia—. Pero, ¿qué pasaría realmente si se abre Pemex al sector privado, al menos como en el caso brasileño? ¿Por qué descalificar esta propuesta sin un análisis técnico serio sólo porque contradice nuestra programación histórica? Hasta el día de hoy no hemos escuchado a los líderes de la opinión pública o a políticos opositores a la inversión privada, explicar con argumentos técnicos las supuestas contrariedades de esta apertura. En el supuesto en el que la participación de la iniciativa privada en Pemex lograra desarrollar a México sustancialmente disminuyendo la pobreza, ¿cederíamos nuestros eslóganes nacionalistas?

Pensemos en algunas incongruencias de nuestras creencias: por un lado, se nos ha inculcado que las privatizaciones, producto de los gobiernos “neoliberales” y gobiernos tecnócratas, han sido lo que nos ha llevado a la ruina y lo que ha creado la gran brecha de desigualdad. Pero, recordemos a Zapata, efigie de quien hoy detesta las privatizaciones: “tierra y libertad”. Siguiente acto, tras la consolidación de la Revolución, Lázaro Cárdenas comienza la repartición de tierras. Esta decisión ha sido probablemente el acto privatizador más grande de México y tal vez de la historia. Se entregó prácticamente todo el territorio nacional a particulares (aunque no esté definida como propiedad privada, la propiedad ejidal y comunal podría interpretarse como en manos de particulares asociados).

Hoy, si uno sale a carretera, cualquier pedazo de tierra que vea a los costados le pertenece a alguien, a alguna persona o grupo de personas privadas, también las montañas en lo profundo de la sierra, las selvas del sureste y los desiertos del norte. Cada hectárea de este país tiene un dueño. El resultado es un Estado mexicano que carece de propiedad en cuanto a territorios y, por supuesto, que carece de reservas territoriales. Existen muy pocas excepciones. Extrañamente, nuestras Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluso las de más alta categoría de protección (Reservas de la Biósfera) son propiedad privada, ejidal o comunal, más no propiedad del Estado. Las ANP son un acuerdo entre el gobierno federal o estatal con los dueños del terreno para que el área sea conservada y protegida, sin embargo, un decreto de ANP federal no está por encima de la Constitución en cuanto al uso y derecho de los propietarios sobre la tierra, por lo que nuestras ANP tienen una situación jurídica sumamente vulnerable.

Recordemos la gran diversidad de recursos naturales que existen en las ANP (y no sólo en ellas sino en todo el territorio nacional): especies maderables, agua, fauna aprovechable y minerales. Además, los recursos no tangibles como la recarga de acuíferos, regulación climática, producción de biodiversidad para el equilibrio de cadenas tróficas que finalmente alimentan y sostienen al ser humano. Sin ahondar en un análisis con resultados técnicos de lo que la
de tierras ha dejado hasta ahora, es evidente que el territorio nacional carece de planeación y explotación ordenada; estamos lejos de la sustentabilidad, de tener ciudades densas y planeadas y de tener corredores biológicos funcionales entre nuestras ANP. No somos un país sustentable ni en lo forestal ni en lo energético.

Pensemos ahora en nuestra Constitución, ¿por qué los hidrocarburos son propiedad de la nación independientemente de su ubicación (aunque estén en ejidos o parcelas comunales) y no el tantalio (necesario para construir celulares y televisiones)? Los primeros son indispensables para cualquier economía, pero el segundo también, así como muchos otros recursos que ahora son pilares más fuertes que el petróleo, sin embargo, no todos están catalogados por nuestra Constitución como exclusivos, estratégicos o prioritarios. Esto es un anacronismo, mantenerlo así es una simple necedad. Corea del Sur, China, Vietnam, Malasia, Taiwán y el resto de los asiáticos en crecimiento no se han desarrollado impresionantemente por mantener sus hidrocarburos como propiedad de la nación. Han crecido, entre otros factores, porque han hecho política industrial estratégica a partir de tecnología y educación dirigida, además del procesamiento de los minerales que mencioné para vendernos a todos celulares, computadoras, televisiones, etcétera.

¿De qué sirve concentrar tantas energías políticas en mantener el petróleo como propiedad absoluta del Estado, dadas las incongruencias ideológicas que padecemos respecto a la propiedad privada y con una experiencia internacional que dice lo contrario? ¿Esta discusión necia nos hace más competitivos y abatirá la pobreza? Debemos exigir que nuestros políticos y legisladores esgriman argumentos técnicos serios a favor de una u otra propuesta más que cantaletas históricas y eslóganes propagandísticos reiterativos.

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