¿Becas Para la Universidad?

05/03/2013

 

La sede del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) fue el escenario donde el presidente de la República, Felipe Calderón, dio el banderazo al Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior. Participan seis bancos comerciales y 18 planteles de educación superior privada, además del Gobierno federal, a través de Nacional Financiera (Nafin) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el papel, este programa destinará créditos a estudiantes de licenciatura y posgrado por 215 mil y 280 mil pesos, bajo un esquema de pago a liquidarse en 15 años y medio, con “una tasa de interés fija de 10 por ciento”. ¿El programa de financiamiento propuesto por el Gobierno federal responde al papel estratégico de movilidad social por parte de las universidades, a los consensos sociales respecto a la importancia que la educación superior tiene en una nación para cerrar brechas sociales y potenciar el desarrollo social equitativamente? ¿El programa de becas es la ruta correcta? La respuesta es que no responde a la conformación del sistema educativo nacional, ni contribuye a los requerimientos ni a las problemáticas sociales que el país proyecta en cada entidad o región.

COBERTURA UNIVERSITARIA

El aumento de la matrícula escolar del sistema educativo en el nivel superior en las últimas décadas es notable, pero éste se ha dado a partir de graves deficiencias. Nuestro atraso en este rubro es evidente respecto a otras economías similares a la nuestra. La tasa bruta de cobertura de educación superior en Corea aumentó 3.4% cada año, entre 1990 y 2008. En el mismo periodo, la cobertura en Venezuela y Finlandia creció
2.8%; en Portugal, Italia y Chile la expansión en promedio fue de 2%. Producto de este ritmo de crecimiento sostenido, esas naciones han alcanzado la universalización de este grado escolar.

El promedio de cobertura superior en el país al cierre de este sexenio es de 30%. Pero históricamente esta cobertura tiene varios rostros: un análisis comparativo por estados establece que la Ciudad de México tiene una cobertura de 50%, mientras que entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero alcanzan 13 o 14%. Son brechas abismales. Y si nos adentramos en las regiones respecto a las capitales de los estados las diferencias se acentúan. El porcentaje de estudiantes con bajos ingresos económicos que ingresan a las universidades ha aumentado en los últimos años: en 2004 fue de 13% del total de alumnos y sumó 20% en 2008.

Las instituciones de educación superior públicas, por otra parte, lideran la generación de investigación científica, formación de recursos humanos y desarrollo de tecnología. En 2010, de un total de mil 231 programas de posgrado acreditados como de calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 76.2% (938) se imparten en instituciones públicas y 6.82% (84) en particulares, según estadísticas
de la Dirección General de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un estudio comparativo de universidades mexicanas. El mismo informe detalla que las universidades públicas cuentan con el mayor número de programas avalados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, con mil 876 contra 96 de las particulares.

¿FINANCIAMIENTO O LETRA A PAGAR?

Cuando se habla de un esfuerzo a favor de la educación es encomiable, pero el programa de créditos a universitarios resulta, en los hechos, elitista y excluyente; no incide en la ampliación de la cobertura ni en la reconstrucción del tejido social. En primer término, no resuelve la problemática nacional de acceso a la educación superior de los jóvenes que son rechazados; lo hará sólo con algunos que probablemente se
acojan al programa, cuyo perfil, seguramente, será de carreras universitarias lucrativas y estudiantes que tengan los recursos para sustentar los pagos mensuales del crédito educativo.

Esto no resuelve el déficit en la educación superior. Año tras año hemos sido testigos de cómo miles de estudiantes ven truncadas sus aspiraciones para continuar sus estudios al no acreditar el examen de ingreso a ese grado educativo (EXANI-II), que aplica el Centro Nacional de Evaluaciones para la Educación Superior (CENEVAL). La tarea de cualquier Estado es brindar educación.

En segundo lugar: pedir a los padres de familia que se endeuden no es la mejor solución. No hay una garantía para que los beneficiarios de este programa, al concluir su carrera, se inserten al mercado laboral sin ningún problema. O cuando menos, que los egresados de carreras universitarias encuentren una fuente de trabajo acorde a las competencias para las cuales fueron formados. Para que los egresados de las instituciones de educación superior puedan ingresar al entorno laboral, de acuerdo con proyecciones de los especialistas, se tendrían que crear más de un millón de plazas anualmente.

Y si algo se tiene claro en este país es la opacidad con que actúa la banca mexicana en “sus reglas” para ejecutar cobros, a través de las áreas de cobranza por moratoria, o peor aún, cuando se cae en cartera vencida, con los despachos de cobranza. El primer salario que potencialmente obtendrán los universitarios en el inicio de su vida laboral quedará etiquetado para pagar su deuda bancaria, es decir, utilidades para el sector bancario.

Por lo tanto, quienes opten por este esquema de financiamiento (de 215 para licenciatura y 280 para posgrado) habrán de dimensionar estas consecuencias y evaluarlo sensatamente. Más aún, cuando se sabe que estos esquemas de financiamiento han sido fallidos en Estados Unidos, Chile y Colombia.

CONCLUSIÓN

Para que las casas de estudios universitarias puedan contribuir a responder a las expectativas de movilidad social y a las exigencias de conocimiento, adecuando la organización universitaria para satisfacer las demandas emergentes con perspectivas de largo plazo en un entorno mundializado, se tiene que aumentar la calidad, la cobertura, la equidad y la pertinencia para que estos factores obren a favor de cerrar las brechas sociales y del bienestar social con equidad.

Es estratégico discutir, entablar el diálogo, reflexionar con la participación de todos los círculos universitarios, profesores, estudiantes, sectores académicos, las autoridades educativas federales y estatales y el Poder
Legislativo. El debate está abierto. Es necesaria una visión compartida que atienda a la universalización de la educación superior en el país, pero que privilegie la equidad, pertinencia por encima de una concepción de
la educación superior mercantilista. Habrá que esperar también qué lugar ocupará el financiamiento de la educación pública en la agenda de los candidatos a la Presidencia de la República.

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