El Panorama de Derechos Humanos en México: Regreso al Futuro

03/03/2013

El próximo mes de julio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en México. La situación de los derechos humanos en este país es un fragmentado desastre que el Gobierno mexicano no ha tenido el suficiente interés en resolver eficazmente. Las ONG y los periodistas son objeto de constantes amenazas y asesinatos, siempre perpetrados por personas que nunca son identificadas. La existencia de un sistema de justicia penal funcional es una farsa y las autoridades están perdiendo el control del territorio mexicano.

 

En este contexto se está creando una situación anárquica donde la protección de los derechos humanos se sacrifica por lo que es un penoso intento por establecer seguridad. El proyecto de seguridad nacional
presentado por el actual Gobierno no ha sido sino una falsa dicotomía, donde es necesario elegir entre derechos humanos y seguridad. Sin embargo, ambos conceptos son inherentes uno del otro, aunque es de dudar que así lo vea el presidente o la esfera política en general.

Desde el principio los defensores de derechos humanos en México han sido tratados más como una amenaza que como un apoyo al establecimiento de la paz y el orden.

DIECINUEVE AÑOS DE CIUDAD JUÁREZ

El 2 de diciembre de 2011 la activista y fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, recibió cinco impactos de bala al salir de su trabajo en Ciudad Juárez. Milagrosamente sobrevivió al ataque, el cual las autoridades describieron, inexcusablemente, como un atentado aislado a su labor de activista.

El intento por parte de las autoridades de encubrir el motivo del intento de homicidio se vio frustrado cuando se registraron las constantes llamadas de amenazas al personal del hospital en el que se encontraba Norma para evitar que se le tratara. El intento de las autoridades de presentar esta tentativa de homicidio como un incidente aislado muestra que el gobierno no entiende sus responsabilidades en materia de protección a sus ciudadanos. Este ejemplo, una vez más, es particularmente claro, ya que Norma había sido objeto de amenazas de muerte en varias ocasiones previas al ataque.

A consecuencia del ataque y las muchas llamadas de demanda de protección —de las que diferentes ONG han hecho eco— las autoridades llevaron a la activista a la Ciudad de México donde supuestamente la
tenían bajo protección. Lamentablemente la calidad de dicha protección fue expuesta el 3 de febrero cuando un hombre, aún no identificado, apuñaló a Norma enfrente de su casa. Afortunadamente Norma logró lo que las autoridades no, protegerse a sí misma del agresor armado. ¿Por qué pasan estas cosas en México? ¿Fue simplemente un fallo por parte de las autoridades? ¿Dejaron de proteger a la defensora de derechos humanos porque representa una amenaza contra sus intereses?

En 1993 la tasa de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, posteriormente en todo el estado de Chihuahua, se incrementó desproporcionalmente a la de los hombres. Los asesinatos de mujeres en esta región suelen tener características particularmente perversas como la violación, golpes, estrangulación y puñaladas. Aún más inquietante es el hecho de que la violencia está dirigida hacía partes del cuerpo femenino, lo que indica que ésta es motivada por el género.

Las víctimas han sido casi exclusivamente jóvenes, pobres y trabajadoras de maquiladoras. La situación de marginación en la que se encuentra gran parte de la población femenina de esta región representa un escalofriante aliciente para los asesinos, ya que las mujeres atacadas, de sobrevivir alguna, lo más probable es que no cuente con los recursos para desafiar al sistema legal y penal.

Es así como Ciudad Juárez se ha dado a conocer al mundo. En vez de beneficiarse del fruto de una mayor oferta de empleos y crecimiento económico derivados de la industria, la ciudad creció tan rápido que las
autoridades fueron incapaces de brindar a sus ciudadanos las garantías más básicas, tales como la seguridad o la vida misma. Las mujeres, en vez de gozar una mayor oportunidad de empleo únicamente se han visto
envueltas en mayor peligro.

Entre las miles de mujeres y niñas asesinadas se encuentra Lilia Alejandra, hija de Norma. Su homicidio, como la mayoría de los otros, ha quedado impune. Ésta es la razón por la que Norma fundó Nuestras Hijas de Regreso a Casa, porque ella, como un gran número de madres, busca justicia. Ahora la activista, lamentablemente, se ha visto obligada a buscar asilo en el extranjero por la falta de protección del gobierno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció a México en el caso conocido como “el campo algodonero”, siendo parte de la sentencia, el erguir un monumento en homenaje a ocho mujeres asesinadas en un campo algodonero en Ciudad Juárez en 2001. El año pasado se inauguró dicho monumento en un evento en el que el presidente Felipe Calderón decidió no participar, demostrando su profundo compromiso con la violencia de género. Desgraciadamente ésta no es un problema exclusivo de Ciudad Juárez y Chihuahua, sino es un fenómeno extendido en todo el país.

LA ESFERA POLÍTICA Y SU CUENTA PENDIENTE CON LAS MUJERES

A unos cuantos meses de las elecciones presidenciales 2012, el problema de feminicidios se extiende de manera alarmante a varios estados del país, sin embargo, muchos de los candidatos se dan a conocer por razones ajenas al interés nacional, ya sea por su buena apariencia o por su pertenencia a determinado género o clase social, antes que por un proyecto político sólido de nación o por su desempeño como representante o administrador público. Todos los partidos presentan a sus respectivos candidatos haciendo alusión a alguna característica personal. Sin embargo, ningún programa político o esfuerzo dirigido a disminuir la violencia de género puede ser recordado entre los candidatos presidenciales. Los gobernantes mexicanos, así como los aspirantes a la Presidencia, tienen una costosa cuenta pendiente con las mujeres de México.

Un claro ejemplo de cómo la violencia de género se extiende a todo el país es el Estado de México. En mayo de 2006 hubo manifestaciones en San Salvador Atenco, las cuales comenzaron debido al desalojo forzado de comerciantes ambulantes. El incidente se volvió sumamente violento, algunos policías fueron atacados y las policías estatal y federal respondieron con un exceso de violencia.

La respuesta policiaca no fue dirigida solamente a quienes participaban en la revuelta, sino que fue indiscriminada. Uno de los resultados fue la violación o abuso sexual de al menos 26 mujeres que siguen exigiendo justicia por estas violaciones a sus derechos. Como los gobiernos estatal o federal no han ofrecido algún remedio, han decidido llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ninguna de las autoridades responsables (titulares del ejecutivo estatal y federal) hizo nada para garantizar los derechos y seguridad de quienes resultaron agredidos por las mismas autoridades.

Por otro lado, la tasa de violencia doméstica en el Estado de México es vergonzosamente alta. Es evidente que el problema de la violencia por género nunca ha sido prioridad en la agenda política. Tan sólo entre 2005 y 2011 más de 900 mujeres fueron asesinadas en la jurisdicción del Estado de México. La mayoría de estos casos quedaron impunes.

Por todo lo anterior, debemos no sólo analizar la tayectoria de los candidatos presidenciales, sino exigir que todos tengan estrategias claras y contundentes para combatir la violencia contra las mujeres. De lo contrario, independientemente de quien resulte electo, la violación a los derechos humanos, en particular a las mujeres, continuará.

La ciudad creció tan rápido que las autoridades fueron incapaces de brindar a sus ciudadanos las garantías más básicas, tales como la seguridad o la vida misma.

Please reload

Artículo de la semana

El humano y la naturaleza: una verdad incómoda

1/1
Please reload

Artículos recientes
Please reload

Secciones
Archivo