Ciudades, El Origen de los Problemas Ambientales

01/03/2013

 

I. Derecho a la ciudad, vivienda y política

Una de las responsabilidades indeclinables del nuevo gobierno es reconstruir una institucionalidad eficaz de política urbana y de vivienda o, más bien, de ciudades. México es un país eminentemente urbano. Tres cuartas partes de la población vive en ciudades (asentamientos de más de 15 mil habitantes), y más de 50% en ciudades medianas y grandes urbes. Hacia la mitad del siglo, un porcentaje superior a 90% de los mexicanos vivirá en ciudades.

Lógicamente, el destino del país se juega en sus ciudades: la calidad de vida de una inmensa mayoría de población, la fortaleza y densidad del tejido social, y la sustentabilidad y competitividad de la economía nacional, al igual que el verdadero ejercicio de derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la seguridad ciudadana, la vivienda, los servicios públicos de calidad, el espacio público, la cultura, el deporte, la recreación y las telecomunicaciones del siglo XXI (banda ancha e internet).

La disminución de la pobreza dependerá también de la dinámica urbana y de la capacidad de inclusión social en las ciudades, que seguirán recibiendo, lógicamente, un flujo caudaloso de migrantes provenientes del campo. A veces olvidamos, o queremos olvidar, que el desarrollo económico, la sustentabilidad y el abatimiento de la pobreza son inherentes a una urbanización plena. En un país de 140 millones-150 millones de habitantes (hacia 2050) y ecológicamente frágil, ciudades grandes, compactas y diversas son la solución territorial más eficiente. Economías de escala y de proximidad, empleo en manufacturas y servicios, múltiples oportunidades empresariales, y menores costos per cápita de provisión de infraestructura y de seguridad, permiten mayor productividad y, por tanto, mayores ingresos. La eficiencia energética de ciudades grandes, densas y compactas (por la factibilidad de movilidad colectiva y no motorizada, y edificaciones verticales) se relaciona con una menor huella ecológica, mientras las altas densidades liberan espacios para la conservación de la biodiversidad y paisajes naturales en el resto del territorio nacional.

Sorprendentemente, al tiempo que México carece de una política nacional para sus ciudades, opera en nuestro territorio un mecanismo perversamente eficaz de desintegración de la estructura urbana del país. Se trata del sistema de vivienda para los trabajadores operado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y otros organismos de vivienda, donde la localización exourbana de desarrollos habitacionales es decidida por las empresas manufactureras (sí, manufacturan casitas en serie y a gran escala) de vivienda infinitesimal dispersa por potreros, llanos y cerros, en el suelo más barato posible. El costo social, urbano, ambiental, personal y familiar es astronómico, como lo hemos documentado repetidamente en esta colaboración y, recientemente, de manera vivencial, en la concluida campaña presidencial.

Hacer vivienda es hacer ciudad, aunque lo hayan ignorado los últimos gobiernos. Y no vale como contrición tardía, cosmética y errónea el concepto oficial de DUIS (Desarrollos Habitacionales Integrales Sustentables), que derrocha ironía y, por lo demás, relativamente insignificante.

El gobierno de Peña tiene el gran desafío de reconocer el pasivo, y de enmendarlo, de asumir el derecho a la ciudad, y el hecho de que el instrumento clave (y casi exclusivo) del gobierno federal para incidir en las modalidades del desarrollo urbano es el crédito hipotecario a la vivienda. Este (al menos el de Infonavit) debiera quedar integrado a una política de ciudades, idealmente en la nueva Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (Sedetu) compartida con la actual Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de Sedesol (sin más burocracia). Implica un banco de tierra intraurbana construido por medio de convenios, compras y expropiaciones de predios vacantes, baldíos o subutilizados, financiado con nuevos recursos públicos; fusión de predios; licitación de proyectos urbanos de vivienda y servicios en polígonos de actuación; vivienda urbana en renta; y crédito masivo a vivienda usada, y a la densificación y autoconstrucción en barrios populares. Se trata de una reingeniería relativamente sencilla de la administración pública federal y del modus operandi del Infonavit, de políticas urbanas visionarias y eficaces, de asignar recursos para el banco de tierra (procedentes de la eliminación de subsidios a los combustibles) y de activar a las empresas desarrolladoras para aprovechar fuerzas recodificadas del mercado inmobiliario.

II. La fealdad, un pasivo económico y urbano
Por encima de relativismos culturales e históricos, la belleza en la ciudad es algo que se percibe de inmediato, y tiene que ver con cierta armonía y calidad en el paisaje urbano, con el aseo y pulcritud en su espacio público, y con los valores escénicos de su entorno natural. La belleza es gratificación para los sentidos y una oportunidad de solaz individual y disfrute colectivo. Es eterna inclinación y búsqueda humana.

En la ciudad, que es construcción clímax de convivencia social y desarrollo de capacidades productivas, la belleza es también un signo vital, y un elemento indisociable de la calidad de vida y, por tanto, de la felicidad de sus habitantes. La belleza urbana es igualmente un estímulo muy poderoso de productividad, de identidad y de compromiso y cohesión social; es uno de los activos intangibles más valiosos de una ciudad y para las empresas que ahí se localizan. La belleza del paisaje urbano es un bien público por excelencia, cada vez más importante para la competitividad nacional y global (Querétaro, en México, y Londres son buenos ejemplos) y en consecuencia para el dinamismo económico y el empleo, y el nivel de ingreso de la población. La belleza de la ciudad tiene que ser asumida como objetivo expreso de la política urbana.

Con algunas excepciones, las ciudades mexicanas, incluyendo a la Ciudad de México, han perdido la belleza que se desprendía de sus patrones históricos de traza y arquitectura, y han sido engullidas por la fealdad urbana. Su desplante espacial ha pasado a ser caótico como resultado de diferentes factores. Uno tiene que ver con la pulverización parcelaria en los ejidos circundantes y con la vivienda de cada campesino en su propia parcela por temor a perderla. En desorden, el esquema se repite ejido tras ejido en zonas de presión urbana, reproduciéndose construcciones atroces sobre las parcelas para albergar a los hijos de los campesinos o a otros ocupantes, sin orden ni concierto. Resultado: una gradual saturación de tabicón gris y varillas desnudas oxidadas, coronadas con botellas de PET.

El Valle de Toluca y su excrecencia urbana es un ejemplo palmario. En países civilizados, los campesinos viven, por lo general, en un pueblo compacto y van a trabajar a sus tierras que están en “el campo”; ciudades, pueblos, campos y bosques están bien delimitados, pero en México la interfaz rural-urbana es difusa.

Otro factor son las políticas de vivienda del Infonavit que han generado miles de palomares monotemáticos, desperdigados por cerros y milpas en la periferia de las ciudades. Uno más, es la ausencia de visión o planeación y de capacidad de regulación territorial por parte de municipios débiles y efímeros, y muchas veces corruptos (recordemos que la regulación territorial, constitucionalmente, compete sólo a los municipios, por más absurdo que esto sea).

Sobre este patrón espacial va prevaleciendo en numerosas ciudades, entre ellas la nuestra, una degradación insolente del espacio público: ambulantaje que se apropia de todo el tejido conector de la ciudad con la tolerancia o connivencia de las autoridades; fetidez de puestos callejeros de comida grasienta; marañas de cableado clandestino de quienes roban la electricidad en la vía pública; proliferación de anuncios espectaculares que secuestran la visual urbana; plazas invadidas por tendajones de facinerosos políticos que orinan, defecan y pintarrajean (como en la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución) bajo tutela gubernamental; basura ubicua en calles, plazas, jardines, camellones y centros de transferencia modal de transporte; grafiti vandálico que trae decadencia y hostilidad en el ambiente urbano e invita a la delincuencia; pavimentos fracturados y guarniciones erosionadas en banquetas y andadores; antros y comercios con fachadas desfiguradas de manera estridente y ofensiva; infames toldos comerciales sobre el paso peatonal en las calles; arroyos o ríos pestilentes (como el río Magdalena); edificaciones abandonadas y objeto de depredación (como el cine Ópera, el Frontón México y muchos más); y ausencia de arte urbano en diversas expresiones plásticas en el espacio público. Todo esto último tiene tal vez hondas raíces idiosincráticas, tal vez tiene que ver con la pobreza, tal vez resulta de nuestra históricamente reciente cultura como habitantes de ciudades o, de manera más simple, tal vez sólo es una falla estrepitosa de los gobiernos locales, vacío de legalidad y Estado de derecho y expresión de dejadez e indiferencia ciudadana. Lo que es claro es que tiene que combatirse con firmeza, como parte de una enérgica política de espacio público contra la fealdad y en favor de la belleza urbana.

III. 40 años del Infonavit, regocijo y números rojos

Gran regocijo hubo el año pasado por los 40 años del Infonavit. Gobierno y empresas desarrolladoras comieron y brindaron, y se halagaron mutuamente con discursos engolados. Celebran sus números, que ellos mismos han escogido; logros irrebatibles en sus propias unidades de cuenta, aunque lo verdaderamente importante se barra debajo de la alfombra, apenas con disimulo; tampoco interesa medirlo. Que los números rojos, los costos y los pasivos acumulados los midan y los paguen otros, los municipios, las ciudades, los propios adquirientes de vivienda… y México.

Es el derecho a la vivienda como negocio financiero, que entra ya en una etapa final de rendimientos decrecientes: las empresas desarrolladoras son castigadas por los mercados bursátiles, y cunde el escepticismo en intermediarios financieros internacionales que han ayudado a fondearlas. Con la lógica prevaleciente, las empresas desarrolladoras han sobreinvertido en tierra ejidal y la acumulan como activo, que en realidad deja de serlo si el negocio es insostenible; ahora los mercados financieros empiezan a verlo como lastre. Hasta allá se dan cuenta, aquí no. Ya ven venir la avalancha de externalidades, que acabará por arrollar a un negocio que las ha ignorado durante largo tiempo. Soberbia o ignorancia; o una mezcla de las dos. Ni una pisca de autocrítica. El gobierno pone las reglas, cierto, y ellos las siguen. Punto. ¿Quién es el responsable?

El negocio de hacer vivienda masiva bajo el sistema del Infonavit ha deshecho a las ciudades de México. Un negocio así, con costos astronómicos, aunque no se internalicen y ni siquiera se midan, no puede perdurar. Todo lo que es insostenible terminará, antes o después, por revisión, cambio, o adaptación inteligente y visionaria, o por colapso. Aunque según ellos, aún tengan por delante una demanda insatisfecha de 14 millones de viviendas, dos veces más grande que la que los ha llevado en andas hasta ahora, a jubilosos 40 años.

Confusión deliberada entre medios y fines. Es verdad que la idea fundacional del Infonavit fue creativa e incluso admirable, pero como medio para satisfacer el derecho a la vivienda de los trabajadores, a su vez, otro medio. El fin verdadero (ignorado) es el derecho a la ciudad, progenitor de todos los demás derechos: a la educación, al trabajo, al espacio público, a la vida familiar, a la recreación, a la vida cívica, a la seguridad ciudadana y, por supuesto, a la vivienda. La vivienda sin ciudad, como fin espurio en sí mismo, ha conculcado a todos los demás derechos.

A 40 años de su fundación, el Infonavit se congratula de haber otorgado 6.7 millones de créditos hipotecarios, y de que 23% de los mexicanos vivan en una casa financiada por ese instituto. El 70% de todos los créditos que se han concedido entre 2001 y 2012, significan más de 1 millón de millones de pesos de derrama económica. Pero nadie se preguntó esta semana por los costos, ni por las condiciones en que se han construido esas viviendas y en las que viven sus adquirientes.

La población de las ciudades de México creció en promedio 16% en la última década; la superficie urbana lo hizo a tasas mucho mayores (¿el Infonavit las ha estimado?). Las densidades urbanas (habitantes por hectárea) se desplomaron, y con ello todas las economías y ventajas competitivas, y en servicios y calidad de vida que ofrece la proximidad. La superficie urbana (es en realidad un eufemismo llamarle urbana) se desbocó, jalada en buena medida por los desarrollos habitacionales financiados por esa institución. Su localización obedeció a lógica del menor costo posible por metro cuadrado de tierra, lo cual implica lejanía y falta de servicios, y palomares aislados de vivienda minúscula y monotemática desparramados por cerros, pantanos y potreros.

 

Con este criterio se han desbordado y desmadejado las ciudades de México. Tierra ejidal barata y lejana, producción industrial masiva en serie, utilidades por volumen y financiamiento cada vez más sofisticado para los productores de vivienda, es el código que orienta los patrones de ocupación y uso del territorio. El Estado ha cedido a las empresas desarrolladoras sus facultades. Y no vale la excusa de que es responsabilidad (siempre, el artículo 115 constitucional como pretexto) de los municipios, hoy por hoy, incapaces… Es cínico.

Los costos son astronómicos: miles de millones de horas hombre perdidas en transportes infames, pesada carga de gasto en transporte para las familias, desintegración familiar, destrucción de redes de cohesión social, inaccesibilidad al empleo y a la educación, anclaje sobre el territorio de un patrón de alto consumo de energía, incubación de la delincuencia, inexistencia de espacio público y vida cívica, ausencia de identidad, y hacinamiento… para 23% de la población que vive en casas financiadas por el Infonavit. La cuarta parte se han abandonado en promedio y más de la mitad, en muchas ciudades del país. Aumenta la cartera vencida. ¿Qué tanto de esto explica la ola de delincuencia que azota al país o la baja productividad? Esto, que no puede regocijarnos, tiene que cambiar.

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