De la Participación Social a una Mejor Educación

05/01/2013

 

El presente artículo hace una reflexión en torno al concepto de participación social en la educación, al considerarla como un aspecto central para el diseño de la política pública dentro del sistema educativo nacional a nivel básico. Para comprender el sentido y la razón de ser de este asunto, se recurre a los antecedentes sociales, históricos y políticos, dado que éstos le dan sustento y direccionalidad a las acciones de los sujetos

El concepto de participación social en educación se puede observar desde dos perspectivas: la política educativa en función de su diseño, implementación y seguimiento o evaluación de las mismas (Zurita, 2008, p. 63), y que tiene como principales autores a las autoridades educativas (nacionales y locales), los académicos, los empresarios, los padres de familia organizados en múltiples grupos y las organizaciones de la sociedad civil; y desde un enfoque social a partir de su definición general, donde participar significa tomar parte en alguna cosa o situación, como una acción que denota el acto de comunicar y hacer partícipe a alguien, en atención a las necesidades sociales de interés general y de bienestar común. Particularmente, en México, en cuestiones de política educativa, la participación social se entiende como una disposición para que los maestros y los padres de familia se organicen y colaboren para lograr mejores estándares en cuanto a logro académico y educación.

Desde el punto de vista social, la participación se refiere a la interacción humana, a la relación de dos o más personas dentro de un grupo o comunidad; implica organización y comunicación entre sus integrantes, con un fin específico, generalmente de interés colectivo. Se refiere también a la intervención de una o más personas en la vida pública. Es una acción que conjunta intereses y apoyo solidario en busca de un beneficio colectivo. Boris Lima la describe como “una asociación de individuos en alguna actividad común destinada a obtener beneficios personales de orden material o inmaterial” (en Chávez, 2000, p. 16). Por su parte, Pedro Moctezuma y Elizabeth Anaya definen la participación social como un proceso que promueve la gestión social, un proceso de cooperación que mediante una forma estructurada y organizada tiende a la acción social en busca de satisfactores sociales inmediatos dirigidos a los grupos e individuos participantes (en Chávez, 2000, p. 16).

En nuestro país, se comienza a hablar del tema en la arena gubernamental cuando Miguel de la Madrid Hurtado, siendo presidente de la República, propuso la descentralización de gran parte de los servicios que proveía el estado, incluidos los servicios educativos, como parte de una reforma política general. No obstante, el concepto de participación social se formaliza como instrumento político, durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, cuando, a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática, se previó de manera estructurada la intervención de la ciudadanía y las organizaciones sociales en la elaboración de políticas públicas. Todo ello, dentro del marco de la ley para la discusión de asuntos de interés general, a fin de crear consenso en las decisiones administrativas y las acciones públicas. Esto, a su vez, dio paso a romper con un yugo nocivo de decisiones corporativas, ya no como un privilegio del aparato meramente público gubernamental y de los grupos hegemónicos, sino incentivando la redistribución entre los diferentes sectores de la sociedad. Así, de acuerdo con el discurso oficial, “constituye una nueva alianza entre la sociedad civil y las instituciones… es el reencuentro con los ideales democráticos y solidarios que animan las más importantes gestas históricas de la nación” (Vázquez, 1994, p. 12).

Si bien es cierto que tales argumentos se justifican como parte de una reforma política, también es válido decir que el gobierno permitió que coincidieran sus acciones con lo que se promovía a nivel internacional (acuerdos derivados de la Conferencia Mundial de Educación para Todos, desde Jomtien, Tailandia, en 1990, y Dakar, Senegal, en el año 2000); asimismo, se debía a que la sociedad civil había comenzado a involucrarse de un modo más profundo, en opinión de algunos analistas, esta acción había rebasado la gobernabilidad y los límites del Estado sobre las acciones políticas y sociales.

La sociedad asumió que podía cuestionar las prácticas políticas, a exigir sus derechos y tomar la iniciativa cuando sintió la ausencia del gobierno en asuntos que a todos incumbían (tal es el caso de lo sucedido durante el sismo de 1985); sin embargo, esto no significa que se convirtiera, a partir de entonces, en una práctica sistemática y ampliamente difundida en nuestra cultura. Lo que sí quedó ampliamente demostrado y evidenciado fue que la solidaridad y la participación se hicieron nuevamente patentes, toda vez que exista una necesidad común entre los mexicanos. Desafortunadamente, en otras circunstancias actuamos, consciente e inconscientemente, en función de esta premisa: “mientras no me afecte a mí o a mi familia, no veo la necesidad de involucrarme”. Esto quiere decir que nos volvemos indiferentes frente a nuestro entorno. No obstante, resulta muy arriesgado generalizar, pues desde el sismo del 85, y a lo largo de muchos otros eventos, se ha observado que hay un incremento importante de gente ampliamente solidaria, particularmente en casos de desastres naturales.

Empecemos entonces por reconocer que la participación social es un derecho, no una concesión gubernamental, así lo ha expresado el Observatorio Ciudadano de la Educación. Para ejercer ese derecho, no basta el decreto gubernamental ni la sola difusión de la ley; además de ello, se requieren condiciones adecuadas para su factibilidad. La investigación educativa aporta elementos para descubrir cuáles son esas condiciones y permite, además, conceptualizar, interpretar, comprender y explicar el problema. Sin embargo, haría falta aterrizar sus productos en proyectos de intervención, a fin de producir frutos, esto es, conjugar teoría y práctica sobre el sustento de la ley para superar el plano de la teorización. En el tipo de organización política que tenemos, el Estado ha desempeñado un papel decisivo en el diseño e implementación de sus políticas. Desde la estructura gubernamental se elaboran planes, programas y proyectos; se arma una estructura organizacional jerárquica, vertical, en donde priva lo administrativo y lo burocrático que, a fin de cuentas, en nuestro contexto no logra en su operatividad los alcances y los resultados deseados que bellamente se proyectaron en la ley.

Quizá un esquema horizontal, abierto e incluyente permitiría el diseño de políticas públicas con capacidad para articular instancias, actores, programas y recursos a partir de un diagnóstico real y, en función de ello, atender los problemas y las necesidades sociales.

El problema es que, en su rol tradicional, el Estado fundamentalmente ha sido mediador en la interacción de las fuerzas sociales que “regula la diversidad de intereses y la pluralidad de valores” (Vázquez, 1994, p. 8). Hoy, las circunstancias de la sociedad mexicana, ya en la segunda década del siglo XXI, demandan una participación social activa en materia de educación. Por el bien de todos tenemos que modificar la idea de que la escuela, el gobierno e, incluso, la religión nos van a resolver la vida.

Analicemos entonces, ¿qué dice la ley con respecto a la educación? Por ejemplo, se puede observar que la participación social en el tema educativo existe claramente como un concepto dentro de la política pública enfocada a la educación, ello especificado en la Ley General de Educación de 1993, con fundamento en la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992 (ANMEB). Más aún, a partir de esa fecha se ubica como estrategia de política educativa en el Plan Nacional de Desarrollo.

En el mismo tenor, el Observatorio Ciudadano de la Educación no sólo nace del tema de la participación social, sino que deriva de un proceso en que diversas fuerzas políticas y sociales se mueven con la intención de hacer sentir sus demandas y presentar planteamientos que respondan a intereses colectivos y necesidades de la población. Lo anterior, con el objetivo de poder llegar a modificar las estructuras sociales y el sistema político-administrativo.

Todo esto ha sido un proceso que tuvo una catarsis inicial a finales de los 60 y que se ha venido reestructurando, definiendo y sistematizando a partir de los 70 del siglo pasado. En este sentido, a modo de conclusión, sería importante, más que aclarar asuntos o dar respuestas, dejar un cuestionamiento abierto al análisis y a la reflexión. Estamos iniciando un nuevo sexenio presidencial, una ventana de oportunidad para reestructurar el proyecto nacional, cabría entonces pensar sobre ¿qué ha sucedido con la participación social y sus consejos escolares estructurados durante los últimos años? La investigación educativa aporta elementos que permiten detectar logros, evaluar avances y reorientar acciones; a partir de aquí valdría la pena continuar.

Fuentes consultadas

Barba, Bonifacio (1998). “La formación de valores y la participación social”. En Pablo Latapí, Un siglo de educación en México. México: Fondo de Cultura Económica.

Chávez Carapia, Julia et al. (2000). La participación social en cuatro municipios del Estado de México. México: UNAM/Escuela Nacional de Trabajo Social.

Delgado, Marco Antonio (2008). “Un estudio de caso en una comunidad náhuatll de Puebla”. En Observatorio Ciudadano de la Educación, Participación social en la educación: del análisis a las propuestas (pp. 7-20). México: Observatorio Ciudadano de la Educación. Recuperado de http://www.observatorio.org/ publicaciones/ParticipSocialOCE.pdf

Martínez García, Bernardo (2008, enero-junio). ISCEEM, 5. Observatorio Ciudadano de Educación (2007). La educación en México. México: Santillana.

Secretaría de Educación Pública (1993). Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Secretaría de Educación Pública (1993). Artículo 3º Constitucional y Ley General de Educación. México.

Secretaría de Educación Pública (2001). Programa Nacional de Educación 2001-2006. México.

Secretaría de Educación Pública. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.

Tinoco García, Rogelio (Coord.) (1999). Organizaciones sociales en el Estado de México.Dirección General de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México.

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