La Legitimidad Armada del Zapatismo

03/01/2013

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) asumió, cuando declaró “¡ya basta!”, que se le cuestionaría. Entendían que se les catalogaría de terroristas y libertarios.

 

En sus comunicados y sus pronunciamientos expusieron sus razones, alegando que habían procurado todos los caminos “legítimos” durante casi 500 años para combatir la discriminación de los indígenas. Consideraron que armarse era el último recurso. Pero, ¿existe una justificación para levantarse en armas? ¿Dónde se encuentra la legitimidad, en la ética o en el derecho internacional?

El último camino

El colonialismo impuso una jerarquía étnica y cultural, causando un daño irreversible. Comenzó la explotación de los recursos naturales para el beneficio de los imperios europeos a costa de los indígenas. Con el paso de los siglos, la burguesía asentada se fue convirtiendo en “americanos” y dejaron de ser “españoles”, pero el patrón seguía siendo el mismo. Los indígenas seguían excluidos de las esferas de poder y sus recursos continuaban siendo explotados para el beneficio de otros. Los gobernantes de México se han preocupado más por imponer condiciones que atraigan inversión extranjera que en proteger los derechos de su población. El diálogo político no ha sido eficaz, lo cual se vio evidenciado cuando no se respetaron los Acuerdos de San Andrés.

La aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) mostró cómo los gobernantes se olvidan de consultar a sus ciudadanos indígenas, ya que se sabía que los pequeños agricultores no iban a poder competir con los estadounidenses subvencionados (Congressional Research Service, 2010, p. 14). La guerrilla atacó entonces diversas cabeceras municipales de Chiapas. Las demandas fueron salud, vivienda, tierra, trabajo, alimentación, educación, justicia, independencia, democracia, libertad y paz (EZLN, 1994). Éstos son sus derechos humanos. A pesar de que Chiapas esté lleno de recursos naturales, los pueblos indígenas no han podido beneficiarse. La realidad es que, un país rico como México, sólo puede tener tantos pobres a causa de la discriminación extrema.

La ilegítima conducta de guerra

El EZLN declaró la guerra reconociendo que estaban obligados a respetar el derecho humanitario internacional (DHI). Esto implicaba que no sólo la motivación de armarse tenía que ser legítima, sino también la consecuente ejecución de la guerra tenía que estar acorde con el derecho humanitario. Es por esto que el EZLN se vistió uniformado, abogó por la protección de los civiles y pidió ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja para que vigilasen y regulasen los combates.

Human Rights Watch (HRW) emitió en 1994 un informe que documentó que ambos lados del conflicto violaron el derecho humanitario y los derechos humanos en los 12 días de conflicto armado. El EZLN destrozó edificios gubernamentales que no debieron ser objetos de ataque militar (HRW, 1994, p. 15). Asaltaron una prisión y liberaron 179 presos (HRW, 1994, p. 4). Secuestraron varias personas y asesinaron a una de ellas (HRW, 1994, p. 15). Se les acusó de esconderse entre civiles en Ocosingo, aunque esta afirmación está en tela de juicio, ya que también se dice que la población, voluntariamente, se unió a ellos (HRW, 1994, p. 15). HRW además mencionó que tenían informes de que el EZLN había forzado personas para que combatieran (HRW, 1994, p. 15).

En 1993 el ejército sospechaba que existía una guerrilla en Chiapas y comenzó acciones represivas, asaltando domicilios, confiscando y destruyendo propiedades, torturando presuntos rebeldes y deteniendo personas arbitrariamente (HRW, 1994, p. 5). La estrategia de contrainsurgencia se basaba en mantener el conflicto a baja intensidad. El uso de paramilitares (Guardias Blancas), por parte de caciques locales, que suelen estar ligados al gobierno, ha sido un pilar fundamental para la ejecución de dicha estrategia (HRW, 1994, p. 6). La respuesta militar por parte del ejército a los ataques del EZLN fue un ataque a gran escala y contó con apoyo aéreo (HRW, 1994, p. 8). HRW documentó severas violaciones al derecho humanitario; ejecuciones extrajudiciales, ataques a civiles, detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas (HRW, 1994, p. 3) y el ataque a un vehículo de la Cruz Roja (HRW, 1994, p. 10). La persecución de los zapatistas incluyó amenazas de muerte a civiles, saqueos de casas y la utilización de provisiones de ayuda humanitaria para atraer a zapatistas y detenerlos (HRW, 1994, p. 14). Los prisioneros de guerra no fueron tratados como lo estipula el derecho humanitario internacional y muchos fueron torturados y completamente incomunicados (HRW, 1994, pp. 7 y 12). Como se documentó, ambos lados violaron el derecho internacional humanitario, sin embargo, la represalia del ejercito se caracterizó por la sistemática violación a la (Ley de Proporcionalidad) (HRW, 1994, p. 14). El gobierno, además, es culpable de no realizar investigaciones con debida diligencia, de no mantener la transparencia adecuada y no haber responsabilizado a quienes violaron las leyes (HRW, 1994, p. 26).

Éticamente justificable

Resultaría extraño no comprender que los ciudadanos acudan a las armas ante represores como Gadafi en Libia o al-Bashir en Sudán, ya que éstos han muerto por desatención o represión directa por parte de sus gobernantes. Lo mismo es aplicable para los indígenas en México, sólo que el conflicto es de menor intensidad y es mayor el número que muere por falta de atención y discriminación que por violencia. El riesgo, sin embargo, existe y es urgente.

No obstante, aunque se entiendan las razones detrás de una insurgencia, no necesariamente se considera legítima la manera en la que se lleva a cabo. Es decir, que éticamente existen justificaciones para acudir a las armas ante un opresor, siempre que la gravedad es extrema y no exista otro camino viable. No siempre es posible tomar el camino pacifista de Gandhi o Martin Luther King Jr. (teniendo en cuenta que él mismo murió). Cuando los discursos políticos llegan a oídos sordos, mientras la protección contra la represión policial y violencia es inexistente y la justicia no ofrece remedio, no existe otra vía. Los tres poderes excluyen a los indígenas en México. Aunque el derecho humanitario internacional no ofrece una respuesta concreta sobre la legitimidad de los insurgentes, la justificación ética por el levantamiento de los zapatistas existe. Mientras no se ofrezca otro camino eficaz, esa justificación existía en 1994 y existe hoy.

Fuentes consultadas

Congressional Research Service (2010). NAFTA and the Mexican Economy.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1994). Primera Declaración de la Selva Lacandona.

Human Rights Watch (1994). The New Year’s Rebellion: Violations of Human Rights and Humanitarian Law During the Armed Revolt in Chiapas, Mexico.

 

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