Nuevos Líderes, Viejas Costumbres

01/11/2012

En septiembre de este año se reunió el presidente egipcio Mohamed Morsi con el dictador sudanés Omar al-Bashir. Al sudanés le busca la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

 

 

Los dos jefes de Estado se reunieron en El Cairo para fortalecer los lazos entre los dos países. Morsi, que ha salido de la Primavera Árabe como un símbolo del establecimiento de la democracia en África, anexó de esta manera a Egipto a la lista de países africanos, incluyendo a Kenia, Chad, Malawi y Etiopía, que no han detenido al presunto genocida. Desafortunadamente, el presidente Morsi, igual que otros líderes del continente, pone otros intereses por encima de los derechos humanos. Existen señales de mayor compromiso con la justicia internacional en África, pero la mayoría de los nuevos líderes parecen seguir arraigados en los viejos caminos de sus predecesores.

Darfur
Omar al-Bashir y su partido, Congreso Nacional, efectuaron un golpe de Estado en Sudán en 1989, durante una medio-constante guerra civil. Institucionalizaron la ley de Sharía e impusieron un sistema islámico sumamente conservador. Las guerras civiles, que se caracterizaban por una división religiosa y étnica entre musulmanes y cristianos, tuvieron un fin parcial en 2005, cuando se firmó un tratado declarando la paz, el cual incluía un referéndum para 2011. Éste resultó en la secesión de Sudán por la región sureña.

La CPI busca a al-Bashir por las atrocidades cometidas en Darfur, en el oeste de Sudán. Este conflicto es resultado de una política discriminativa hacía los grupos no-árabes por parte del gobierno central. Grupos musulmanes, pero no árabes como los Zaghawa, los Fur y los Masalit, son particular objeto de discriminación. El gobierno es exclusivamente árabe. Los que no lo son no tienen acceso al poder y frecuentemente han sido víctimas de disputas sobre ganado, vital para su supervivencia.

Como consecuencia de la frustración creada por esta situación, se desencadenó el conflicto en 2003, cuando varios grupos armados asaltaron instalaciones del gobierno. Los ataques llegaron en un momento en el que la mayoría del ejército sudanés se encontraba en el sur, luchando en la guerra civil. Desde entonces la táctica del gobierno ha sido atacar con el ejército por vías aéreas y dejar que el grupo paramilitar Janjaweed ataque los pueblos por tierra. Aunque este grupo ha sido armado por el gobierno (que recibe gran parte de sus armas por comercio clandestino con China, a pesar del embargo de armas que existe contra Sudán), buena parte del salario de los militantes es la impunidad. Esto implica que pueden atacar, robar, violar y matar a los ciudadanos de Darfur sin ser penalizados. En 2010 ya se estimaba que más de 300 mil personas resultaron muertas y que más de 2.5 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares.

Corte Penal Internacional

La CPI se creó para procesar a personas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Los países se someten a la jurisdicción de la Corte una vez que firman y ratifican los Estatutos de Roma. 121 estados han ratificado estos Estatutos, entre ellos 33 estados africanos. Sudán no es uno de ellos. Sin embargo, en 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU refirió el caso y el procurador decidió abrir investigaciones. Desde 2007 se han emitido órdenes de aprensión al presidente, dos ministros y el líder de los Janjaweed. Adicionalmente, se han abierto procedimientos contra tres guerrilleros.

El problema es que la CPI no tiene fuerza policial. Depende, por tanto, de la voluntad de los estados miembro de detener a los que son buscados por dicha corte.

Solidaridad

La Primavera Árabe generó esperanzas de un futuro democrático en el que se respeten los derechos humanos. En Egipto vimos cómo echaron a Mubarak y después se llevaron a cabo elecciones democráticas. Lamentablemente Morsi deja mucho que desear al ignorar las atrocidades cometidas por parte de al-Bashir e invitándolo a El Cairo para fortalecer sus relaciones con el genocida. Egipto no ha ratificado los Estatutos de Roma, pero sí los firmó en el año 2000, declarando así un acuerdo con los principios que establecen. Si Morsi quiere representar un cambio de rumbo en el mundo árabe tiene que mostrar un compromiso con los derechos humanos.

A pesar de haber ratificado los Estatutos y de haber luchado varias batallas contra Sudán, Chad hospedó a al-Bashir en 2010. Se convirtió de esta manera en el primer país miembro de la CPI que no detuvo a un presunto criminal de guerra. El mismo año Kenia también acogió al tirano, alegando que no quiso desestabilizar Sudán. Una corte keniana emitió, luego en 2011, una orden de aprensión contra al-Bashir en caso de que regresara. La Unión Africana (UA) declaró en 2009, a pesar de que entonces había 30 miembros de la CPI, que no iba a colaborar con la Corte para arrestar a al- Bashir. Etiopía también lo acogió para facilitar negociaciones de paz con Sudán del Sur.

Desde entonces muchos estados africanos han cambiado de gobierno.

La nueva presidenta de Malawi, Joyce Banda, representa un cambio. El anterior presidente, Mutharika, tuvo una relación cercana con al-Bashir y lo acogió. Sin embargo, con la entrada de Banda al poder, Malawi es de los pocos países que ha declarado abiertamente una intención de arrestar a al Bashir si se presentara en el país. Como consecuencia, la prevista cumbre de la UA de 2012 se desplazó de Malawi a Etiopía.

África necesita dirigentes más solidarios y con mayor compromiso ante los derechos humanos. La inacción por parte de Egipto disminuye severamente las esperanzas generadas por la Primavera Árabe y deja a los ciudadanos sudaneses en una situación de suma vulnerabilidad. Los nuevos líderes africanos deben mostrarse como tal. Deben mostrar un cambio de rumbo donde los derechos humanos sean puestos por encima de todo. No pueden cometer los mismos errores que sus predecesores.

 

 

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