Mares y Costas, el Territorio Olvidado

El mar territorial (12 millas) y el mar patrimonial (200 millas), desde la línea de la costa, y a lo largo de toda la extensión de los 13 mil kilómetros de litoral que tiene México, son dos veces y media más grandes que el territorio nacional terrestre. Y, sin embargo, México carece de instituciones y entidades de gobierno capaces de asegurar su conservación y uso sostenible. Han llegado a niveles críticos la sobreexplotación e ilegalidad pesqueras, amenazas de extinción a organismos marinos, la contaminación con aguas residuales, el desorden en el manejo de zonas federales marítimo terrestres, la degradación y ocupación ilegal de playas en destinos turísticos, la ausencia de liderazgo técnico en el desarrollo de proyectos de protección costera, y riesgos puntuales y catastróficos por derrames petroleros.

El gobierno interviene en mares y costas sólo a partir de ópticas y responsabilidades fragmentadas, diríamos que de una esquizofrenia múltiple: permisos y normas de pesca en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), mientras los animales que no se pescan entran a la esfera de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); los estudios y la carta nacional pesquera son hechos por el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca); adicionalmente, la Sagarpa subsidia el diésel y la gasolina a las embarcaciones para que puedan aumentar el esfuerzo pesquero y agotar más rápido los recursos.

Muchas zonas federales han sido puestas bajo manejo de municipios corruptos e ineptos, mientras descargan impunemente al mar aguas residuales con la tolerancia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); las administraciones portuarias integrales dirigen las zonas y recintos portuarios; las áreas naturales protegidas se encuentran bajo gestión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); la vigilancia es tarea de la Secretaría de Marina-Armada de México y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) hacen sus propias normas de explotación y producción de hidrocarburos; algunas playas se encuentra bajo tutela del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) (las mejor libradas, por cierto); la navegación es regulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y capitanías de puerto; los municipios promueven un desarrollo urbano y turístico invasivo de las costas; la basura se tira sin control y queda a cargo de nadie; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (¡!) tiene la batuta técnica del relleno de playas. En pocas palabras, nadie asume el estudio y promoción de proyectos de protección costera y restauración de playas, estuarios y arrecifes. Es un galimatías pletórico de conflictos, sobreposición de facultades, visiones contradictorias, incuria, vacíos inexplicables y evasión de responsabilidades. Es inadmisible que todo siga así.

Ante este panorama que sólo podría ser psicodélico si no fuese trágico, debe recordarse que la vida se originó en el mar hace miles de millones de años. Por tanto, la diversidad biológica y la riqueza de vida son mucho mayores en el mar que en tierra. Los hábitats marinos son muy variados: zonas cercanas a las costas donde la marea sube y baja (intermareales); ventanas hidrotermales (chimeneas de gases y líquidos calientes) en el fondo de  los océanos donde viven especies insólitas que dependen, no de la energía del sol, sino de la energía interior del planeta; montañas y cordilleras submarinas; enormes volcanes debajo del agua; arrecifes coralinos de diversidad y productividad asombrosas; arrecifes rocosos; cañones profundísimos; plataformas y taludes continentales; fosas abisales; praderas inmensas; cuevas gigantescas; extensísimos fondos o áreas bentónicas con una infinidad de tipos de suelo; y grandes espacios oceánicos abiertos (pelágicos). Y, por supuesto, playas, manglares, lagunas costeras y otros estuarios. A la fecha se han descrito y clasificado más de 230 mil especies de plantas y animales marinos, lo cual se estima que es apenas una pequeña fracción del total que aún desconocemos.

A diferencia de tierra, en el mar no hay propiedad privada, es decir, no hay propietarios individuales ni ejidos ni comunidades, todo es propiedad del Estado, o de la nación; aunque éste da concesiones y permisos. Ahí se plantea un problema de tragedia de los recursos comunes todavía más virulento que en los ecosistemas forestales. Por lo tanto, también es una mayor responsabilidad gubernamental que debe ejercerse a través de diferentes instrumentos de regulación, incentivos económicos, contratos de establecimiento, de derechos de propiedad y de vigilancia del cumplimiento de la legalidad.

Por tanto, se requiere de una arquitectura jurídica e institucional coherente, y de facultades de política pública y de regulación con visiones ecosistémica y paisajística. No las tenemos. Es preciso crearlas, y en la Semarnat hay el espacio adecuado para ello en la administración pública federal. El siguiente gobierno debe transformar alguna de las subsecretarías ahí existentes (con notoria capacidad holgada) en una subsecretaría de mares y costas.

 

 

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