La Tierra es de quien la Conserva

03/09/2012

 

Lo ambiental o ecológico ya no es un asunto de nicho y mucho menos una simple corrección política; las políticas ambientales, que deben ser absolutamente transversales en todos los temas de política pública y de la agenda nacional, deben ser uno de los tres ejes imprescindibles del próximo gobierno (seguridad, educación y sustentabilidad).

El problema está, como en muchos rubros que determinan la hechura de políticas públicas en México, en la cultura política, en nuestras ataduras ideológicas y en la constante reivindicación de ideales y valores muchas veces obsoletos. No es la excepción en los temas ambientales urgentes de atender, por ejemplo: apoyo al sector agropecuario o la conservación de ecosistemas, así como la mitigación de gases de efecto invernadero o el subsidio a los combustibles fósiles.

El corporativismo y el paternalismo que describen una parte del Estado mexicano fueron prácticas que en algún momento del siglo XX desahogaron tensiones sociales y cohesionaron el México fragmentado posrevolucionario. Hoy siguen siendo prácticas que algunas veces se muestran evolucionadas o disfrazadas, otras veces se mantienen igual que hace 90 años. Los subsidios han funcionado como un engrane de la maquinaria corporativa mexicana, sobre todo en el tema agrario.

En muchos lugares del país las condiciones geográficas, el cambio climático y los procesos de erosión del suelo por la explotación continua de éste hacen imposible que una pequeña parcela sea rentable para un campesino pobre.

A pesar de esto, el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) —el programa estrella actual de subsidios al campo— requiere que haya explotación de la tierra para entregar el subsidio. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que, por la falta de rentabilidad de la tierra, los campesinos simulan explotación para acceder al subsidio mientras que realizan otras actividades económicas más rentables en su entorno rural, diferentes a la agricultura y ganadería. Dicha simulación consiste en deforestar sus tierras para aparentar trabajo. En muchas regiones Procampo, más allá de subsidiar la producción de campesinos pobres, “subsidia” la deforestación improductiva.

Por otro lado, el programa Proárbol, de la Comisión Nacional Forestal, ofrece un subsidio a quien conserve y reforeste sus tierras; en otras palabras, es un programa con un fin opuesto a Procampo sin que exista actualmente coordinación y determinación de las instituciones responsables basadas en la caracterización biogeográfica adecuada del terreno nacional para la implementación de estas políticas en materia de producción o conservación.

Millones de campesinos se han ido a las ciudades (en México o a Estados Unidos) o se han unido al narcotráfico; una de las causas que puede explicar la pobreza rural y la permanencia de los campesinos en tierras no productivas son los subsidios como Procampo. El subsidio obliga a los campesinos a estar trabajando la tierra —o simulando que ésta es trabajada—, atándolos así a las condiciones de miseria del campo improductivo; reproduciendo la pobreza y terminando con los ecosistemas más importantes generadores de diversos servicios ambientales indispensables para una sociedad viable.

“La tierra es de quien la trabaja”. “El campo ya no aguanta más”. Es necesario transformar la primera idea para ciertas zonas del país en algo como: “La tierra es de quien la conserva”, y la segunda en: “Los bosques y selvas ya no aguantan más”. ¿Herejía? Para el gobierno de Enrique Peña ésta será una de sus grandes afrentas. Transformar los lemas y sistemas corporativos, que su mismo partido inventó e implementó, para garantizar la viabilidad de este país en el mediano y largo plazo. No es cualquier cosa, es transformar en pocos años parte de la cultura política mexicana.

Una solución sencilla sería: homologar el subsidio de Procampo y Proárbol, habiendo determinado antes qué áreas son prioritarias para la conservación y qué áreas son improductivas o inviables para las actividades agrícolas; otorgar el subsidio sumado de ambos programas con la única condición de que el campesino cuide sus bosques y selvas, dinero que es cerca del doble de lo que obtendrían por sembrar maíz, frijol o chile en promedio; crear políticas públicas paralelas que creen campesinos exitosos en otras actividades económicas como el turismo; fortalecer la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; fomentar la migración a las ciudades junto con una política urbana federal para tener menor impacto ambiental; mejorar los niveles educativos y el acceso a servicios de la población rural que migre a las ciudades; y fomentar las actividades agrícolas en zonas verdaderamente aptas para garantizar la seguridad alimentaria, misma que debe garantizarse por medio de grandes extensiones de tierra productiva y no por la atomización de sembradíos improductivos para el autoconsumo.

¿Podrá el PRI transformar el México del siglo XX que inventó? ¿Lo permitirá la izquierda?

 

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