Reformas al Fuero Militar

01/09/2011

“Tuve que venir hasta la casa del gobierno federal para pedirle que cumpla con su obligación… que sea lo antes posible. No quiero ver a los soldados en mi comunidad, ni en mi casa; lo que necesitamos son obras, médicos, escuelas y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos”.

 

Estas palabras, que a su vez son demandas, pueden darnos el panorama de cómo viven muchas personas, particularmente en las zonas marginadas del país, bajo el asedio del ejército. Esta no es una realidad que se viva al otro lado del mundo, es en nuestra propia latitud, aquí, en las comunidades de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, en los estados del norte, donde la presencia de militares impone e infunde temor.

 

En qué momento se nos fue de las manos el control y permitimos que el ejército mexicano, institución nacional que nació noble, con altos valores de responsabilidad y patriotismo, encargada de salvaguardar nuestra integridad y velar por nuestros derechos, se considere ahora como un grupo de miedo, de choque y represión y peor aún, como cómplice de grupos delictivos, como institución opuesta a los valores sociales, que más que velar por el interés general, contribuye al clima de miedo e intranquilidad que vivimos los mexicanos.

 

Quiero señalar, puntualmente, que por fortuna no es generalizada esta situación, de lo contrario no habría esperanza alguna para México; resalto que existen militares cuyo compromiso con la patria es supremo, que conservan sus valores y la misión con la que nacieron por encima de todo, que se dejan ver como un ejército al servicio del pueblo. Sin embargo, no olvidemos que, aunque injustamente, en México por unos pagan todos, unos pueden desprestigiar a muchos, lo que nos da un foco de alarma y preocupación porque toda desgracia, como todo triunfo, empieza por unos cuantos.

 

Ahora bien, quiero destacar que el ejército mexicano debe recomponer su situación, reagrupar sus filas y redimensionar su papel, fundamental para el país que, claro está, no es responsabilidad exclusiva del propio ejército sino de todos.

 

Me llama la atención el principio de exclusividad que ha tenido el ejército en muchos aspectos, hasta ahora los mexicanos comprendemos esas frases que han nacido con nosotros “armas exclusivas del ejército y fuerza aérea”, “tareas exclusivas del ejército” y, “competencia del ejército”. Hasta ahí no hay problema, la ciudadanía las entiende y convive con ellas.

 

El problema inicia cuando esa exclusividad también comprende los mecanismos de sanción a los posibles delitos cometidos por sus integrantes en contra de los civiles, tema central de este artículo. Y comienzo a explicar, a finales de la década de los 70 y principios de los 80, se dieron en nuestro país múltiples desapariciones de activistas políticos, luchadores sociales y opositores al régimen, en donde se señalaba la participación activa de elementos del ejército mexicano, estas desapariciones y asesinatos derivaron en controversias y recomendaciones de organizaciones civiles y organismos internacionales; uno de los casos más controvertidos fue la detención de Rosendo Radilla Pacheco, en el estado de Guerrero.

 

Estos acontecimientos fueron del interés de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien al recibir el caso Rosendo Radilla emite un informe de admisibilidad y procede a su análisis, concordante con la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que nuestro país forma parte.

 

Las recomendaciones de esta Comisión, así como la presión de otros actores políticos y sociales, orillaron al gobierno mexicano a plantear propuestas para atender estos problemas no menores para la realidad social de México.

 

Es así, como los temas sobre delitos en los que se señala a elementos del ejército como actores de los mismos, vuelven a ser tema de debate de la agenda nacional. El pasado 18 de octubre de 2010, el Presidente de México envía al Senado su iniciativa de reformas al fuero militar que comprende que el personal de las fuerzas armadas sea juzgado por tribunales civiles, cuando se vean involucrados en delitos de desaparición forzada, violación y tortura; además de la creación de Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, dicha iniciativa fue acompañada por un informe de la Secretaría de Hacienda que comprende un impacto presupuestal de más de 72 millones de pesos, en caso de ser aprobada su implementación.

 

La iniciativa que propone el Ejecutivo federal versa sobre reformas a diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, señala los delitos de desaparición forzada de personas, violación y tortura previstos en el Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, argumentando con ello que son acordes a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adoptados por México y, supuestamente, da cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Digo supuestamente porque de nueva cuenta observamos opacidad en las propuestas del Ejecutivo, iniciativas limitadas, inacabadas, carentes de voluntad, con temor de ir más allá, como si no quisiera de verdad generar una reforma de fondo, como si sólo se limitara a cumplir lo que le ordenan y no más. O acaso pensará el Presidente que el iniciar algo es suficiente, y porteriormente deja la responsabilidad a los legisladores para que le den continuidad; tal como lo vemos con el supuesto combate a la inseguridad que ha dejado miles de muertos, estrategia que él impulsó y que ahora no sabe qué dirección darle.

 

No son sólo apreciaciones del autor de este artículo, son opiniones profesionales, investigaciones reales emitidas por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien se manifiesta insatisfecha con la iniciativa; son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional quienes piden ampliar los delitos de militares a juzgar por tribunales civiles, sugiriendo que todas aquellas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México sean ventiladas en los tribunales federales. Es el Presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos quien señala que la iniciativa sólo se trata de una lista de delitos excluidos del ámbito de la justicia militar.

 

Pareciera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin llegar a vanagloriarla pero sí reconociendo que ha tenido mayor visión, se encuentra a la altura de la realidad social en su decisión de pronunciarse por la restricción del fuero militar frente a situaciones que atenten contra los derechos humanos de civiles.

 

No es posible que dejen pasar la oportunidad de hacer reformas completas y de fondo, por principio lógico, si se ha reformado el artículo primero de nuestra Carta Magna que eleva a rango constitucional los derechos humanos, es inaceptable concebir que se dejen asuntos pendientes y de suma importancia. Qué acaso no es un error natural, jurídico y lógico excluir de la justicia militar algunos delitos, cuando por ningún motivo toda violación y agravio a los derechos humanos debe dejarse en manos del ejército; y más aún, cuando el Ministerio Público Militar es quien sigue teniendo la facultad de determinar si en una queja hubo tortura, violación, asesinato o desaparición forzada y ser el responsable de remitirla a la justicia civil, pues existe el riesgo de que ésta sea manipulada o declarada su no integración para la configuración de un delito.

 

Qué hay de las ejecuciones extrajudiciales o el trato cruel o inhumano que pueda sufrir una persona a manos de militares, en estos casos se pone en riesgo la imparcialidad de la justicia y de la ley. En otras palabras, mientras se le siga permitiendo a los militares investigarse ellos mismos, la justicia seguirá siendo dudosa y la aplicación de la norma limitada.

 

Dejemos que corran estos conceptos y propuestas miopes, dejemos que sean ellos quienes se juzguen a sí mismos, dejemos y entreguemos la democracia tan anhelada y sufrida en manos parciales y permitamos la aplicación de la ley marcial en el país, donde la suspensión de las garantías se convierta en nuestro destino y no podamos salvarnos, perdiendo así lo que hemos construido con sangre, con muerte, sacrificio y buena voluntad durante muchos años.

 

No es una lucha contra el ejército, ni son estas palabras una animadversión a la grandiosa institución nacional que es el ejército mexicano, no confundamos la libertad y la equidad, con la limitación o la parcialidad. No. Es un llamado a la conciencia, a la propuesta, una invitación al trabajo propositivo que genere cambios reales y palpables en la sociedad.

 

No, Señor Presidente. No, señores legisladores. No estamos de acuerdo, lo claman las miles de familias que han sufrido un agravio, que han tenido que enterrar a sus muertos porque no fue la vida quien les arrancó a su ser querido. Exige el presente y el futuro de México que se piense un poco más a fondo y se vea un poco más a futuro, estamos a tiempo de darle a las nuevas generaciones un estado de paz, más equitativo, más justo, más digno.

 

 

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