Rápido y Furioso

01/09/2011

El norte del país vive tiempos caóticos. La violencia aumenta en medio de clamores multitudinarios de paz. Tal contexto dio como resultado la configuración de un incipiente movimiento, que enarbola “la paz con justicia y dignidad” como razón de su existencia. Este movimiento, apoyado por personajes destacados de organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, ha tenido como principal logro generar una voz con alcance internacional respecto a las circunstancias por las que atraviesan algunas regiones de México. El mensaje principal de esa voz es la emergencia nacional y el hartazgo de la sociedad mexicana de la violencia que sufre el país.

 

Estos mensajes forman parte de un “diálogo” entre el llamado Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y altos representantes del gobierno mexicano, justo en el momento en el que suman más de 40 mil los muertos a raíz de la guerra contra el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado. La estrategia del gobierno federal parte del supuesto que la lucha frontal contra el narcotráfico, calle por calle, y la erradicación por medios violentos de los capos de los cárteles es la única forma de terminar con la violencia en el país. El propio presidente de la nación, en relación con el fenómeno del narcotráfico en México, expresó que “No daremos un paso atrás en esta lucha ni habrá tregua ni cuartel para los evidentes enemigos de la patria” (Público.es, 2008, párr. 1), discurso que resulta muy similar al pronunciado el 17 de junio de 1971 por el entonces presidente de los Estados Unidos Richard Nixon, quien manifestó que:

el enemigo público número uno de los Estados Unidos es el abuso de drogas. Para poder luchar y derrotar a este enemigo, es necesario llevar a cabo una ofensiva nueva y plena (…) ésta será una ofensiva a escala mundial abordando los problemas en las fuentes de oferta, como también con estadounidenses desplazados en el extranjero, donde estén en el mundo. (citado por Brooks, 2011, p. 31)

 

Cuarenta y un años después, esta política, intrusiva e intervencionista, se encuentra vigente como parte fundamental de la estrategia global estadounidense para erradicar el consumo de drogas en el mundo, circunstancia que conlleva la mordaz ironía donde Estados Unidos de Norteamérica es el principal consumidor de drogas en el planeta. La irrestricta prohibición del consumo de drogas, desde un enfoque que considera como enemigo de la patria al productor y consumidor, no sólo no evitó el consumo de las mismas sino que desató la violencia y asesinatos entre las bandas del crimen organizado por el control de plazas, cultivo y trasiego de drogas. La disputa por el control de los puntos de venta, la violencia entre las bandas y agentes estatales destinados a su combate, ha llegado al extremo de involucrar y enfrentar corporaciones estatales entre sí.

Como respuesta a la alarmante situación del aumento de la violencia en México, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BAFT por sus siglas en inglés) implementó la operación Rápido y Furioso, la cual consistía en distribuir armas a criminales y dejarlas pasar a México, con el objeto de rastrearlas e identificar traficantes de armamento y, como natural consecuencia, a los narcotraficantes que las adquirían. Este contrabando legal de armas ilegales a nuestro país sucedió de octubre de 2009 a septiembre de 2010, periodo durante el cual ingresaron a México entre 1,500 y 2,500 armas, de las cuales sólo 797 fueron recuperadas. Esta operación fue de carácter confidencial, así que las autoridades mexicanas no tuvieron conocimiento alguno, lo que a todas luces resulta una afrenta a la soberanía mexicana y a la cordura misma.

 

De hecho, la opacidad era tal que los pormenores de esta operación sólo salieron a la luz a partir de declaraciones de ciertos agentes involucrados. El agente John Dodson expuso ante los medios los detalles de la operación después del asesinato en México de un agente del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en ingles), el cual fue ultimado con una de las armas de la operación Rápido y Furioso (véase CNN, 2011).

 

La investigación que sobrevino a las declaraciones del agente Dodson se plasmó en un reporte dado a conocer mediante los senadores Darrell Issa por California, y Charles Grassley por Iowa. El informe describe la estrategia como “una técnica investigativa temeraria” y argumenta que permitir que las armas llegaran a manos equivocadas fue “un error de cálculo mortal” que resultó en muertes prevenibles, como la del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry, quien murió el año pasado en la frontera entre México y Arizona luego de que se confrontó con un grupo de hombres, presuntos traficantes de personas. Las dos armas encontradas cerca de la escena del crimen provenían del programa.

 

El espíritu que impulsó el desarrollo de una operación como Rápido y Furioso implica no sólo el desprecio por los miles de mexicanos quienes han perdido la vida en esta guerra, ni por el Estado mexicano y su soberanía, sino que constituye un acto que contraviene las disposiciones jurídicas que el derecho internacional establece respecto al tráfico de armas.

 

El tráfico de armas con fines delincuenciales ajenos a la guerrilla o movimientos armados con fines políticos obtuvo la atención de la comunidad internacional el 9 de diciembre de 1998, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (2001, p.1), en su resolución 53/111, dispuso la creación de un comité especial con la misión de crear las condiciones para elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional y configurar instrumentos supranacionales que abordaran las diversas dimensiones de la delincuencia organizada.

 

El Comité rindió frutos el 15 de noviembre de 2000, cuando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue aprobada. La Convención arrojó tres protocolos1, siendo el tercero de éstos contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.

 

El protocolo entró en vigor el 3 de junio de 2005 y constituye, hasta la fecha, el único instrumento internacional jurídicamente vinculante que aborda el problema del abastecimiento de armas de la delincuencia organizada. La esencia del instrumento se encuentra en su artículo 2, el cual especifica el propósito relativo a la prevención, combate y erradicación de la fabricación en el tráfico de armas de fuego.

 

Vale la pena aclarar que representantes de los Estados Unidos estuvieron presentes durante los trabajos y forman parte de la Convención (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010), circunstancia que hace aún más grave la trascendencia y mensaje que conlleva la realización de operaciones como la de Rápido y Furioso.

 

El mensaje constituye un claro rechazo a los propósitos del tercer protocolo de la Convención, de hecho es justamente lo contrario a los postulados del artículo 2 de dicho instrumento. Si a lo anterior le sumamos el hecho de que en la frontera entre Estados Unidos y México existen más de 8 mil armerías, con sus respectivas ferias anuales de compra-venta, donde la única limitante está constituida por la capacidad económica del comprador, observamos la envergadura del problema respecto al fortalecimiento del poder armamentístico de las estructuras criminales transnacionales y lo limitado que resultan las disposiciones de derecho internacional y local para enfrentarlos.

 

Ante el imponente avance de la influencia de las estructuras criminales en el ámbito internacional, se vislumbra la aprobación de un tratado que regule por primera vez el comercio mundial de armas convencionales. Durante la última sesión de preparación para la Conferencia Internacional para el Tráfico de Armas, realizada el 15 de julio de 2011, los Estados miembros de Naciones Unidas, así como numerosas organizaciones concluyeron los trabajos diplomáticos con objeto de poner en vigor el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA). Resulta irónico que los trabajos llevados a cabo en Nueva York abordaron los detalles de un futuro tratado que establece normas internacionales que rijan la importación, exportación y transferencias de armas convencionales, sucedió justo en medio del clímax mediático que ocasionó la operación Rápido y Furioso.

 

No obstante la ironía, el avance más importante es el hecho de que el TCA tiene el apoyo expresado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China), quienes son los responsables de 88% del comercio de armas en todo el mundo. Finalmente, la comunidad internacional acordó la necesidad del TCA en virtud de la ausencia de normas internacionales sobre el comercio de armas convencionales que contribuye al desvío de armas destinado al crimen organizado, la violación de los derechos humanos y la amenaza a la seguridad mundial.

Fuentes consultadas

Asamblea General de las Naciones Unidas (2001, 8 de junio). Resolución 55/255.
Recuperado el 4 de septiembre de 2011, de http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255e.pdf

Asamblea General de las Naciones Unidas (2010). Composition of the Commission on Narcotic Drugs as of 1 January 2010. Recuperado el 4 de septiembre de 2011, de http://www.unodc.org/documents/commissions/CND_memberships/CNDmembers2010.pdf

Brooks, David (2011, 17 de junio). “Los inicios del plan
genial”. La Jornada, p. 31. Recuperado el 4 de septiembre de 2011, de http://www.jornada.unam.mx/2011/06/17/politica/003n2pol.

CNN (2011, 15 de junio). “Operación ‘Rápido y Furioso’
fue una ‘falla colosal’, dice agente de EU”. CNN México, Mundo. Recuperado el 4 de septiembre de 2011, de http://mexico.cnn.com/mundo/2011/06/15/operacion-rapido-y-furioso-fue-una-falla-colosal-dice-agente-de-eu.

Público.es (2008, 24 de diciembre). “Calderón declara la
guerra a los narcos”. Recuperado el 4 de septiembre de 2011, de http://www.publico.es/internacional/185935/calderon-declara-la-guerra-a-los-narcos.

 

 

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