El Fuero Militar y la Realidad Nacional

En el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera exacta, se precisa la existencia del fuero militar. Éste consiste en que los miembros del instituto armado se rigen con leyes y tribunales, en general, con características distintas a las que corresponden a individuos ordinarios.

 

El Código Penal Militar, al igual que el de carácter procesal, regula figuras delictivas especiales con sanciones específicas; la base de sustentación es garantizar la disciplina militar, el respeto absoluto e intransigente al orden que debe prevalecer en las fuerzas armadas, así como la obediencia jerárquica, el respeto a la superioridad y la no discusión a una indicación. Invariablemente, ello es una particularidad de todos los sectores marciales en el orbe.

 

Es claro que los militares sólo deben juzgarse a sí mismos, aplicar las leyes castrenses entre ellos, para nada es factible involucrar a civiles. De este modo, un soldado que desobedece una orden, que asesina a un compañero o roba dentro de las instalaciones de las fuerzas armadas, será procesado por jueces militares. Sin duda, en ocasiones los derechos que asisten a infractores de la ley pueden ser menores de los que se conceden a ciudadanos comunes y corrientes, no obstante insistimos, es parte de las exigencias y naturaleza jurídica del ámbito marcial.

 

Por lo anterior, los militares deben manejarse de forma distinta a los civiles, es así como en el artículo 129 de nuestra Carta Magna se prevé que en tiempos de paz los milicianos deben permanecer en sus cuarteles. Desafortunadamente, en nuestros días la referida disposición no se cumple, los mílites se hallan en las calles, carreteras, aeropuertos y terminales de transporte terrestre, justificando su actividad ante los reclamos de una sociedad que vive tiempos donde la violencia se muestra implacable; en México, la llamada delincuencia organizada ha impuesto sus reglas y la criminalidad no tiene precedentes.

 

Las preguntas obligadas son: ¿ese incremento en la delincuencia no se dará precisamente porque el ejército anda en las calles?, ¿qué sucedería si los militares regresaran a sus cuarteles? Tal vez ya no habría tantos muertos en una lucha estéril donde supuestamente se combate al narcotráfico.

 

Volviendo al artículo 13 de la Constitución, en éste se señala que cuando en un asunto ordinario se encuentra implicado un paisano, sólo serán competentes para conocer del problema los tribunales civiles. Esta situación tampoco se presenta en la práctica, es evidente que cuando un militar mata un particular, conoce del tema el tribunal castrense, lo cual resulta totalmente violatorio de nuestra Carta Magna, que quede claro, de manera incorrecta e inconstitucional se da este fenómeno.

 

 

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunado a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en referencia a un ciudadano de nombre Rosendo Radilla (quien “desapareció” después de haber sido detenido por el ejército), dispuso que tal hecho, donde estaba involucrado un civil, debería ser del conocimiento de los tribunales de ese rubro. En realidad, no estaban descubriendo nada nuevo los magistrados internacionales y mucho menos los ministros de la Corte, siempre ha sido exacto lo que establece el artículo 13, empero también es innegable que en los últimos años el ejército mexicano ha tomado una beligerancia excesiva, de tal suerte, procede con demasiada libertad y quizá libertinaje; jamás entenderemos por qué el Gobierno federal, en el tópico del combate al denominado crimen organizado, no ajusta sus actos a lo dispuesto en el artículo 29 constitucional, donde se advierte que en caso de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra circunstancia que ponga a la sociedad en serio peligro, el presidente, con apoyo del Poder Legislativo, puede suspender en toda la nación las garantías individuales, asimismo se prevé que se podrá usar al ejército para esas situaciones difíciles, ya que el instituto armado depende directamente del primer mandatario de la República.

 

Cabe apuntar hay muchos sectores del país que subrayan la necesidad de que los soldados patrullen las calles para acabar con los grandes y perniciosos malhechores; el ejército actualmente detiene particulares, los investiga, atrapa a los capos del narco, inclusive, los llega a privar de la vida en esas refriegas que se dan con las principales pandillas del crimen.

 

La realidad es complicada, pero hay que hacerle frente, tal vez sean las fuerzas armadas la mejor fórmula para tal fin, sin embargo, ello no justifica, bajo ningún concepto, que se pisotee la Constitución.

 

Resulta imprescindible que sea la propia Carta Magna la que autorice al ejército realizar funciones policiacas, en absoluto es aceptable que los de verde olivo, teniendo la prohibición del artículo 129, estén aprehendiendo particulares ni efectuando funciones ajenas a la disciplina castrense; de igual forma, es sumamente criticable que el fuero militar afecte a los civiles y que los actos en perjuicio de éstos sean del conocimiento de los tribunales militares. Esto último ya se ha corregido, o por lo menos esperamos que así sea, es decir, cuando un soldado detenga indebidamente a un ciudadano, o cuando lo hiera e inclusive mate, quien habrá de conocer de los hechos tendrá que ser un tribunal de carácter civil.

 

Lo más importante es que los militares garanticen la soberanía nacional, dejando de ser utilizados como policías con el pretexto que estos últimos son incompetentes, no confiables y, peor aún, corruptos. El ejército debe recuperar su relevante jerarquía; mas si, por las arduas circunstancias que atravesamos, es preponderante que realice funciones como las que hoy desempeña, se debe modificar la Constitución para que se proceda conforme a la ley.

 

 

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