El Derecho Internacional Humanitario: Utopía Inaplicable al Estado en Conflicto

01/09/2011

 

Leyes y convenciones son el resultado de la experiencia en guerras pasadas. Sin embargo, ¿cómo un Estado que siente amenazada la seguridad nacional se podría prestar a limitar su propia fuerza? Existen naciones que han vivido durante décadas en conflicto armado.

 

Israel, a modo de ejemplo, de no haberse especializado en técnicas, sistemas y tecnología bélica, lo más probable es que no hubiese sobrevivido a la guerra sistemática que lleva contra sus vecinos. En este contexto, ¿a qué punto las convenciones y los pactos internacionales son válidos si la supervivencia de la nación está en juego?

 

Israel ha ido siempre a la vanguardia en cuanto a tecnología militar, sobre todo en el desarrollo de armas químicas y biológicas, dado que su fabricación resulta fácil y tienen un gran efecto disuasorio. Desde su creación, Israel ha hecho uso de este recurso en la guerra contra sus vecinos. Siempre apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica en el desarrollo de armas biológicas y químicas, en los años 50 Israel recibió de ellos apoyo financiero destinado a investigaciones sobre la guerra biológica. En 1955, Ben Gurión lanzó un proyecto que aceleró el desarrollo del país en cuanto a capacidades bélicas y armamento de tipo ACB o de destrucción masiva. Según un informe de la Agencia de la Defensa Americana de 1990, en el desierto del Negev se mantiene un centro de pruebas para armas químicas. Israel, donde el riesgo de ataque por parte de sus vecinos es alto, tiene como política primordial la seguridad nacional.

 

A pesar de los tres principios base de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción de 1993 (también denominada Convención sobre las Armas Químicas o CAQ), que obligan a la destrucción de los arsenales existentes y promueven los regímenes de verificación (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas u OPAQ), además de la prohibición tácita y absoluta de cualquier tipo de fabricación o uso de dicho armamento, es un hecho que el almacenamiento de armamento de destrucción masiva no sólo no ha descendido, sino que tampoco ha dejado de crecer.

 

En 1972 Israel se negó, sin dar explicaciones, a firmar la CAQ y, aunque actualmente es signatario de ambos pactos, no se ha prestado para la ratificación de ninguno.

 

Es fundamental reflexionar sobre el hecho de la existencia de pactos internacionales que parecen no tener ningún tipo de efecto o impacto sobre las políticas internacionales de ciertos Estados. La situación actual hace imprescindible la instauración de sistemas de justicia eficaces que hagan respetar los derechos fundamentales y sancionen de manera efectiva las violaciones a las obligaciones internacionales.

 

La utilización de armas de efectos indiscriminados por parte del Estado sionista se remonta a su fundación. Existen informes y estudios diversos que acusan a Israel de haber hecho uso de agentes biológicos como estrategia para evitar la reocupación de ciudades árabes durante la primera guerra árabe-israelí de 1948. El informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), G59/1/GC et G3/82, describe la brutal epidemia de tifoidea que sufrió la población de Acre durante los enfrentamientos de aquel año, además de reportar distintos factores que fortalecen la teoría de que los principales suministros de agua de la ciudad fueron envenenados premeditadamente. Israel negó las acusaciones hechas por la comunidad internacional y medios de comunicación de haber sido el responsable del hecho, alegando razones de falta de higiene de la comunidad.

 

Las sospechas sobre la utilización de agentes químicos por parte de Israel se reforzaron cuando, el 21 de mayo de 1948, el comandante de las Fuerzas Armadas Egipcias en Palestina envió un informe sobre la captura y confesión de dos soldados israelíes en posesión de botellas de agua infectadas con tifoidea y disentería, con el objetivo de contaminar los principales suministros de agua de la ciudad de Gaza.

 

El 22 de julio de 1948, el Alto Comité Árabe Palestino envió un informe a Naciones Unidas para acusar a los judíos de utilizar armas inhumanas y de llevar a cabo una guerra de genocidio contra los árabes con la utilización de bacterias y semillas desarrolladas en laboratorios.

 

El envenenamiento de la ciudad de Acre hizo eco mediante historiadores como Uri Milstein y Wendy Barnaby, entre otros. Distintas fuentes aseguran que los casos de envenenamiento fueron parte de una detallada operación militar llamada Shlach Lachmecha. Israel nunca ha aceptado la existencia de esta sórdida historia.

 

Israel ha negado prácticamente todas las acusaciones que se le han hecho sobre la utilización de armas químicas. Sin embargo, Naciones Unidas dio a conocer en 2010 el informe Goldstone, que condena a Israel, Hamas y Fatah de haber cometido crímenes de guerra y otras violaciones a los derechos humanos durante los enfrentamientos del 27 de diciembre de 2008 al 19 de enero de 2009. El informe Goldstone acusó a Israel de cometer violaciones a los derechos humanos, haciendo alusión a la utilización de armas químicas y otras acciones bélicas en los enfrentamientos de Gaza. El informe Goldstone también determina que Israel violó las convenciones de Ginebra al llevar a cabo ataques deliberados contra la población civil palestina y bienes civiles, tales como la utilización de palestinos a modo de escudos humanos en asaltos domiciliarios. Otro punto de las convenciones que no se respetó fue el carácter inhumano durante las detenciones llevadas a cabo por el ejército judío y el uso de misiles de fósforo blanco sobre el complejo del UNWRA y del hospital Al Quods en la ciudad de Gaza. Por primera vez, en julio de 2010 en el informe Mandelblit, su autor, el mayor general Avichai Mandelblit, reconoce que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han usado armas de fósforo blanco y otras acciones ilegales durante la operación Cast Lead y promueve sanciones disciplinarias contra los responsables de la falta. El derecho internacional no prohíbe el uso de fósforo blanco pero no se puede emplear en zonas habitadas y es sometido a grandes restricciones.

 

Aún cuando distintas organizaciones, tales como Human Right Watch, Amnistía Internacional o Naciones Unidas, han reportado el uso de armas de fósforo blanco y otros productos de alta toxicidad por parte de Israel durante conflictos en la Banda de Gaza o la Guerra de Líbano de 2008, no se ha tomado ninguna medida o iniciado proceso penal militar al respecto.

 

Es una triste certeza que, aun cuando se ha promovido y establecido una regulación pertinente para respetar la vida de los civiles durante los enfrentamientos armados, el uso, la producción y el desarrollo de armamento de destrucción masiva no disminuye.

 

Millones de personas alrededor del mundo sufren a causa de la negligencia de gobiernos y grupos armados que siguen utilizando y produciendo armamento que afecta directamente a la población civil. Existen reglas que prohíben la utilización y uso del armamento, sin embargo, la comunidad internacional no quiere ver que mientras existan las armas de destrucción masiva la amenaza sobre nuestras cabezas no dejará de existir.

 

 

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