Políticas Públicas, Libertad, Sexualidad y Universidad

01/07/2011

 

Libertad es el derecho de hacer lo que la ley permite.

Montesquieu

 

Invocar el tema de la sexualidad, tanto en México como prácticamente en cualquier otro país de América Latina, suele ser visto como una provocación para el debate, una oportunidad para que los interlocutores puedan blandir sus tendencias políticas y sus referentes axiológicos o para que revelen ambas.

 

El Estado debe trabajar por el desarrollo integral de las personas sobre la base del ejercicio informado de sus libertades.

 

Desde las esferas educativa y de la salud es motivo para la toma de decisiones y acciones que se expresan en políticas públicas y no es, en absoluto, una trasgresión estatal o de las instituciones educativas a las libertades individuales o de grupo sino una forma de garantizar la convivencia armónica y “saludable”, como se gusta decir hoy en día.

 

Esta vertiente de política pública que se expresa en programas educativos y en acciones de difusión y cuidado de la salud, principalmente, tiene que ver con el derecho que todo ser humano tiene a ejercer su sexualidad en libertad, entendiendo que para que pueda hablarse de libertad la persona tiene todo el derecho de tener a su alcance la información científica y pertinente que le permita tomar las mejores decisiones en la materia para reducir riesgos personales, evitar causar daño a los demás y tener un desarrollo individual y social pleno, satisfactorio y respetuoso.

 

En este orden de ideas, el combate a los tabúes que innecesariamente torturan la conciencia, el equilibrio psicológico, el respeto a los valores propios y de los demás, la responsabilidad, la salud reproductiva, el control natal y la prevención en materia de enfermedades de transmisión sexual son temas obligados y merecedores de la atención pública y de la acción gubernamental y de las instituciones educativas.

 

Si bien es cierto que las políticas públicas del ámbito deben ser puestas en marcha a través de los sistemas de salud y educativo y que en este último las mismas deben tener un acento y amplitud mayor en la educación básica y en la media superior, las universidades, y las instituciones de educación superior, en general, están obligadas a continuarlas y profundizarlas en dos vertientes principales. La primera tiene que ver con una profusa difusión de información relativa a la cuestión hacia el interior de sus comunidades y la segunda —de gran relevancia para todo el sistema educativo y las organizaciones públicas y privadas vinculadas a la problemática— concierne al ejercicio de una sexualidad sana y satisfactoria.

 

En esta última vertiente me refiero a las grandes posibilidades que las instituciones de educación superior tienen de contribuir, por la vía de la investigación y de la extensión, al desarrollo y propuesta de programas educativos y campañas informativas y de salud para la población en general y para los miembros del sistema educativo de los tipos básico y medio superior. Programas y campañas pensados con base en las necesidades y expectativas tanto de los docentes como de los alumnos y de las comunidades de las que forman parte.

 

En plena sociedad de la información tenemos una buena oportunidad para dejar atrás el oscurantismo ideológico, político y de salud en materia de sexualidad que sólo nos ha traído enconos absurdos, retraso social y muy graves problemas de salud física y social comunitaria. Las universidades tienen mucho que decir y más que aportar al efecto.

 

Hace casi ocho años, el 19 de enero de 2004, en la  Academia Católica de Munich, se realizó un diálogo acerca de los fundamentos morales del Estado liberal, desde las fuentes de la razón y de la fe. Los participantes eran J. Habermas y el entonces Cardenal J. Ratzinger. La pregunta central era: ¿es posible que el Estado liberal se sustente sobre premisas normativas, por ejemplo, el respeto al pluralismo ideológico/ democrático, que él mismo no pueda garantizar? ¿Es decir que, amparado y en defensa del pluralismo, termine el Estado inevitablemente comprometido con una perspectiva axiológica determinada, por ejemplo, en materia de políticas públicas en sexualidad?

 

No es difícil colegir que al final del día el Estado debe trabajar por el desarrollo integral de las personas sobre la base del ejercicio informado de sus libertades.

 

 

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