Fascismo Societal y Derecho Penal del Enemigo

02/05/2011

La humanidad recibió el siglo XXI inmersa en una profunda serie de cambios sociales, económicos y políticos resultantes de la globalización y la modernidad. En dicho contexto, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en occidente se desarrolló un modelo democrático liberal, basado en un arreglo institucional diseñado para arribar a decisiones políticas en el que por medio del sufragio universal los individuos adquieren poder de decisión. En este modelo la democracia no se define como un tipo de sociedad o un conjunto de valores morales, tampoco como un principio de legitimidad. En términos prácticos, la democracia constituye un método para elegir a los líderes políticos y organizar a los gobiernos.

 

En la teoría política este modelo es denominado democracia de élite. Se parte del supuesto de que el impulsor del sistema político es el acceso y ejercicio del poder, al igual que el motor de la economía es el beneficio; de manera que la lucha por adquirir y usar el poder se encuentra en el centro de lo político.

 

En esta perspectiva teórica, los votantes son consumidores y los partidos políticos empresarios que ofrecen paquetes o personal alternativo para el ejercicio gubernamental, con la obligación de responder a demandas específicas, con la salvedad de que es el gobierno quien crea esta demanda. Bajo este esquema la soberanía del consumidor se considera únicamente en lo que se refiere a la decisión de los votantes, respecto a cuáles de los candidatos seleccionados serán sus representantes.

 

Hoy en día la democracia de élite se encuentra en una crisis irresoluble, en la que su continuidad conlleva la emergencia de fascismos societales al interior de los Estados. Immanuel Wallerstein identificó de forma precisa el problema fundamental de la democracia de élite al preguntarse cómo es que la democracia había pasado de ser una aspiración revolucionaria en el siglo XIX a un eslogan adoptado universalmente pero vacío de contenido en el siglo XX (De Sousa, 2005a, p. 36).

 

Al concluir la guerra fría se consolidó la democracia de élite como sistema predominante en occidente, donde la legitimidad de los gobiernos descansa únicamente en el problema de la legalidad del arreglo electoral; lo anterior trajo consigo una restricción de las formas de participación y soberanía, supeditadas al procedimiento de formación de gobiernos.

 

El problema central de la democracia de élite es el hecho de considerar a la democracia como un mecanismo de mercado, la visión del votante (o consumidor) resulta incompatible con los bienes tutelados por el contrato social moderno; el problema de la legitimidad del gobierno no sólo se basa en el acceso al poder, sino que exige el bienestar económico, social y la identidad colectiva de la sociedad.

 

Hoy en día el bienestar de la sociedad se encuentra en entredicho ante los avances de la desigualdad mundial, articulada en torno a ejes económicos, políticos y culturales. Ejes mediante los cuales el Estado comienza a perder preponderancia y el poder político se desorganiza al confrontarse con un control de toma de decisiones por parte de múltiples poderes fácticos que, debido a su poder económico, acaban transformando lo fáctico en norma y disputan con el Estado el mismo monopolio de la violencia y del derecho.

 

Este fenómeno modificó el contrato social moderno traduciéndolo en un nuevo contrato que adoptó en las relaciones económicas y sociales un convenio de tinte civil, es decir, el Estado tiene una intervención mínima (pero decisiva) que se reduce a asegurar el cumplimiento del contrato sin poder alterar las condiciones o los términos de lo acordado.

 

Esta nueva contractualización sustituyó el conflicto político y la lucha en la toma de decisiones por el asentimiento pasivo de unas condiciones supuestamente universales e insoslayables. Las relaciones sociales quedaron condicionadas por la posición de la jerarquía social de las partes, por lo que el estatus social “se asentó en la enorme desigualdad de poder económico entre las partes del contrato individual… partiendo de la capacidad que esta desigualdad confiere a la parte más fuerte para imponer sin discusión las condiciones que le son más favorables” (De Sousa, 2005b, p. 22).

 

La lógica de exclusión del contrato neoliberal resultó en la emergencia al interior de la sociedad de una serie de mecanismos de segregación social denominados fascismo societal. No se trata de un sistema político, constituye un régimen social que se expresa en una versión empobrecida de la democracia que establece formas de sociabilidad resultantes de la lógica de exclusión, alimentada por la transformación del contrato social.

 

Dos elementos primordiales del fascismo societal  fueron el caldo de cultivo para la emergencia del derecho penal del enemigo. La primera se refiere a una forma de segregación social que se expresó en la división de la cartografía urbana en zonas civilizadas y zonas salvajes, un tipo de apartheid social, que aparejó nuevas formas de sociabilidad que distinguen dos tipos de ciudadanos a partir de la zona en la que éstos se ubican. Esta caracterización basada en el estatus generó la segunda forma de fascismo societal contenida en los llamados Estados paralelos, es decir, el establecimiento de criterios de medición distintos a partir de las zonas en las que está operando.

 

El derecho penal del enemigo cobró relevancia durante 1999 en un coloquio de derecho penal en el cual Gunter Jacobs expuso las principales características del mismo, basado en un conjunto de normas penales sui generisaplicables para un tipo de delincuente. En un principio se enfocaba en delitos económicos pero rápidamente se trasladó a hechos relacionados con el narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo.

 

De esta forma, en un mismo sistema jurídico emergen dos formas de derecho penal con distintas finalidades y funciones: el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo. El primero concibe las garantirás constitucionales de debido proceso, defensa adecuada y demás elementos que transforman los derechos humanos en seguridad jurídica; el segundo, responde a un modelo en el cual la prioridad es la estabilidad del sistema. Contario al ciudadano normal, el enemigo es considerado una “no persona”, de manera que se puede llegar a los extremos de autorizar torturas para lograr la confesión o delación de cómplices, ya que los términos del derecho quedan suspendidos a conveniencia de la autoridad. El argumento central es que contra un enemigo se justifica todo, en virtud de que imperará el poder del más fuerte y por lo tanto la razón de Estado.

 

En el derecho penal moderno la maquinaria punitiva del Estado se activa al momento en que un ciudadano exterioriza un hecho tipificado como delito y reacciona con la aplicación de una pena, basado en una estructura normativa de la sociedad; mientras que el derecho penal del enemigo busca interceptar en el estadio previo a la comisión del hecho delictivo y combatir su peligrosidad. Se refuerzan rasgos ya existentes en el derecho penal del ciudadano, como la figura del arraigo, la prisión preventiva y la intervención en las comunicaciones entre otros. Jacobs condensa lo anterior al afirmar que las medidas aplicables están dentro del derecho, pero los imputados son excluidos de su derecho.

 

La emergencia del fascismo societal y sus consecuencias representan la reducción de la ciudadanía y transforma el derecho en una manifestación de fuerza estatal, dirigida a determinados grupos de infractores. De manera que se declara una guerra al interior de los Estados que desgarra el tejido social y establece las condiciones para que esa guerra se prolongue de forma indefinida, se criminalice la pobreza y se allane el camino a nuevas formas de democratización basadas en la participación ciudadana, el desarrollo y la repartición de la riqueza.

Fuentes consultadas

De Sousa Santos, Boaventura (2005a). Democratizar la democracia: Los caminos de la

democracia participativa. México: Fondo de Cultura Económica.

De Sousa Santos, Boaventura (2005b). Reinventar la democracia: Reinventar el

Estado. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

 

 

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