La Violencia de Género, Medidas desde los Poderes Públicos

04/03/2011

Cuando en el futuro se revise la historia del siglo XX uno de los principales cambios que se relatarán será el de la emancipación de la mujer a nivel global. Esta emancipación es relativa, en el sentido que las realidades socioculturales de los diferentes países son muy variopintas y que la igualdad entre sexos ha avanzado a diferentes ritmos y con distinta intensidad.

Es en el ámbito privado donde más se manifiesta esta desigualdad, con la violencia doméstica como punta de lanza. Si bien se han realizado avances en las legislaciones nacionales que han permitido crear un clima de mayor presión social y concientización sobre el problema, los poderes públicos han de continuar implementando medidas que traten esta problemática de forma integral y multidisciplinar.

La ley española de violencia de género de 2004 ha sido uno de los grandes avances legislativos en esta materia, hasta el punto que el propio Parlamento Europeo propuso a la Unión Europea la adopción de medidas que se basaran en la ley aprobada por el gobierno español.

Las actuaciones que persigue esta legislación se desarrollan siguiendo cinco ejes: la sensibilización y prevención, la garantía de los derechos de las víctimas, la tutela institucional, la introducción de normas de carácter penal y la tutela judicial de las víctimas de violencia de género.

En primer lugar, la sensibilización y prevención de la violencia machista es un elemento crucial que debe ser abordado desde diferentes ámbitos. En el ámbito educativo es necesario que el propio currículo vaya orientado a promover la igualdad entre sexos y la dignidad de la mujer. Este objetivo se enmarca dentro de los valores democráticos y de formación integral que el sistema educativo debe promover de forma transversal.

 

 

Una medida concreta sería la incorporación en los Consejos Escolares de un miembro que impulsara las medidas a favor de la igualdad de la mujer. De esta forma no sólo se adquiriría el compromiso de los centros escolares sino del conjunto de la comunidad educativa.

Otro ámbito de actuación es el de la publicidad, donde debe asegurarse el respeto a las mujeres evitando imágenes estereotipadas y discriminatorias. Los medios de comunicación son uno de los principales agentes socializadores de nuestra época, probablemente en mayor medida que los centros educativos y otros agentes socializadores tradicionales; la creación de Consejos Audiovisuales independientes del poder político debería ejercer un control en este sentido.

El ámbito sanitario tiene también un papel relevante en la asistencia a las víctimas y detección de la violencia de género. Se deberían crear protocolos sanitarios que previeran remitir las agresiones a los tribunales competentes con el objetivo de agilizar los procedimientos judiciales. Esta agilidad es crucial para que la posterior tutela judicial resulte efectiva y para que las denuncias por maltrato no dependan únicamente de la voluntad de denuncia por parte de las víctimas.

En cuanto a los derechos de las víctimas de violencia, debe garantizarse la asistencia social contando con servicios de atención de urgencias de forma permanente, especializados en violencia de género. Asimismo, las víctimas tienen derecho a acceder a la información pertinente para conocer los procedimientos legales que se pueden seguir. Tan importante es el derecho a la información como la garantía de asistencia jurídica gratuita para las víctimas que no cuenten con los recursos económicos suficientes para litigar una asistencia letrada en todos los procesos de violencia de género. Además, esta asistencia jurídica gratuita debería ampliarse también en el caso de fallecimiento de la víctima.

Para las mujeres maltratadas huir de un cónyuge agresor supone un riesgo, no sólo en cuanto a la posibilidad de ser encontradas sino también en el aspecto económico, por lo que muchas mujeres sin recursos aceptan situaciones de humillación y violencia que en otras circunstancias no habrían soportado. Por esta razón, los poderes públicos deben ejercer medidas de protección en el ámbito social que permitan justificar las ausencias laborales de las víctimas, su movilidad geográfica o la suspensión de contratos con derecho a ser readmitidas nuevamente. Estas medidas deberían ir acompañadas de ayudas sociales a las víctimas sin recursos para que éstas pudieran obtener unos ingresos mínimos que les permitieran cambiar de residencia y de puesto de trabajo.

A nivel institucional es importante que se creen órganos que ayuden a dar mayor visibilidad social al problema y a coordinar las acciones implementadas en distintos ámbitos. Para ello debe crearse una delegación especial de los gobiernos que proponga y coordine actuaciones que garanticen los derechos de las mujeres y un observatorio nacional de la violencia doméstica que analice la evolución de los maltratos y que actúe como órgano asesor en la materia.

Respecto a la introducción de normas de naturaleza penal debería añadirse un tipo específico de lesión grave que hiciera referencia a la violencia de género e incrementar las sanciones penales cuando existan vínculos afectivos independientemente de que la convivencia entre la pareja haya concluido. Las lesiones y amenazas leves relativas a la violencia de género también necesitan de un tratamiento específico que refuerce las respectivas sanciones. De esta manera se intenta actuar penalmente contra el maltrato, incluso cuando la violencia no ha llegado a lesiones graves.

En materia de tutela judicial resulta necesario crear juzgados de violencia sobre la mujer que realicen un tratamiento procesal tanto de causas penales como civiles ante la misma sede. En el caso español se ha preferido esta fórmula de especialización dentro del orden penal en vez de otorgar competencias penales a jueces civiles.

Todas estas medidas pueden contribuir a una disminución de la violencia contra la mujer. El gran reto es el de armonizar las legislaciones nacionales con las declaraciones internacionales que denuncian la violencia de género. Con un apoyo decidido desde los poderes públicos y una visión integradora y multidisciplinar del problema, lograremos una mayor concientización de la sociedad civil y nos situaremos en una mejor posición para reducir un fracaso colectivo, como es el de la violencia contra la mujer.

La Constitución española establece órganos colegiados de gobierno de los centros educativos públicos, cuya función es facilitar la participación de padres, alumnos, profesores y personal no docente en la gestión del centro.

Bibliografía

Aranda, Elviro (et. all.). Estudios sobre la ley integral contra la violencia de género. Librería-Editorial Dykinson,2005.

Burgos Ladrón de Guevara, Juan. La violencia de género Universidad de Sevilla, 2007.

Magro Servet, Vicente. Soluciones de la sociedad española ante la violencia que se ejerce sobre las mujeres. La Ley, 2005.

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