• Manuel Farrera Villalobos

La realidad del sistema penitenciario en México

Si tomamos en consideración que la prisión es un mal ineludible para evitar otros mayores, y que la pena es una medida de defensa social; debemos hacer de ésta un verdadero instrumento de preparación de hombres para poder y saber vivir en libertad.


Debemos partir de la base de que al reo a nadie le importa, quienes por alguna razón se encuentran internos en un centro de reclusión, son poco a poco olvidados por amigos y familiares, la pocas personas que los visitan viven en carne propia el suplicio del ingreso, la revisión corporal y de la comida que les llevan, sin importar que hay reglas “estrictas” sobre el particular, todo es admisible según el acuerdo al que se llega con el personal penitenciario, quienes, desde luego se sabe, viven inmersos en un mundo de corrupción y tolerancia participativa.


Así las prisiones se convierten en los hoteles más caros del mundo, con los peores servicios, pero quienes ahí se encuentran tienen a su disposición de todo: prostitución, fiestas, alcohol, droga y privilegios; estas libertades son del conocimiento de las autoridades que poco o nada hacen para combatir esta lacra social; por cierto, a nadie molesta que los penales se conviertan en la caja chica de alcaldías, municipios o estados.


La corrupción que se vive al interior de los centros de reclusión se agrava para los internos, ya que se enfrentan principalmente al autogobierno y la extorsión de los propios presos, cuyas actividades son del conocimiento de las autoridades, quienes se hacen de la vista gorda y las toleran, lo que provoca un círculo vicioso difícil de romper; en esta grave realidad se encuentra inmerso el sistema penitenciario; con ello se genera una penosa incertidumbre, inseguridad, violencia e impunidad.


Los principales problemas que han agudizado la crisis penitenciaria son esencialmente la corrupción, el autogobierno, la sobrepoblación, la tolerancia de actividades ilícita, la insuficiencia de personal capacitado, la falta de prevención en la atención de incidentes violentos, el limitado acceso a actividades laborales, educativas y deportivas, las deficientes condiciones materiales de equipamiento e higiene en las áreas de dormitorios, la falta de separación entre procesados y sentenciados, la escasa aplicación de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, y la evidente deficiencia en los servicios de salud y de medicamentos.

Estos problemas en conjunto no son nada nuevos, la prisión en México siempre ha tenido carencias significativas, los esfuerzos gubernamentales históricamente han sido insuficientes, tardíos y rápidamente rebasados por las constantes necesidades de los internos.


Ante la interrogante, ¿en dónde nos perdimos?, podemos responder que a principios del siglo XX, en los llanos de San Lázaro, el presidente Porfirio Díaz inauguró con bombo y platillo la flamante Penitenciaría de la Ciudad de México, para cuya construcción se habían tomado en cuenta los modelos penitenciarios internacionales más avanzados de aquel momento, por lo que fue considerada el centro carcelario más moderno de América Latina, lo que hizo pensar que la espantosa realidad carcelaria del país había terminado; sin embargo, la revolución, la lucha posrevolucionaria, el total abandono de las autoridades hacia los internos, y la carente política criminal; refutarían el futuro de aquella esperanza modernizadora, al extremo de pasar a la historia con el tristemente célebre nombre de palacio negro de Lecumberri, cárcel que operó hasta 1976.


El Código Penal de 1931 individualizó las sanciones para cada delincuente y adoptó un sistema de sanciones para darles a los internos un tratamiento basado en el trabajo y seguimiento de sus efectos. Para ello, se intentó realizar una selección de delincuentes para alojarlos en establecimientos especiales donde se les aplicaría un tratamiento especializado, esta tarea se realizó parcialmente ya que no fue posible implementarla en su totalidad por la falta de infraestructura y personal calificado; no obstante, para 1958 se inauguró la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, con una capacidad instalada para 1500 reos.


Un caso especial que reflejó cambios radicales en el modelo penitenciario, lo constituye la expedición del decreto presidencial del General Díaz, en 1905, para que la Isla María Madre sirviera como colonia penitenciaria; a este remoto lugar se le conoció como la cárcel con muros de agua y el infierno en la tierra, ya que por su ubicación era sumamente difícil tratar de escapar, originalmente ahí fueron enviados delincuentes de alta peligrosidad, así como presos políticos opositores a los gobiernos de la época. Sin embargo, en 1938, para finales del mandato presidencial del General Lázaro Cárdenas, se aprobó el decreto que autorizó a los presos de las Islas Marías para que sus familiares pudieran mudarse y residir en la colonia penitenciaria con el objeto de que tuvieran la posibilidad de convivir con ellos mientras purgaban su sentencia; esta cárcel se convirtió así en una Institución de Readaptación Social.


Este cambio en la dinámica carcelaria permitió gradualmente seleccionar a los reos que debían ser enviados ahí para compurgar sus sentencias, ya no como un castigo, sino como un beneficio, para lo cual se realizaban estudios que contemplaban aspectos médicos, económicos, sociales, pedagógicos y condiciones laborales. La prisión llegó a ser reconocida y certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un modelo de prisión a seguir por el trato digno que recibían los presos y sus familias; sin embargo, la evidente desatención de las autoridades facilitó que nuevamente se arraigara la corrupción y la tolerancia de actividades ilícitas, lo que motivó que los sentenciados ya no la consideraran un privilegio y disminuyera considerablemente su población; ante estas circunstancias, aunadas con la falta de presupuesto por austeridad republicana, además de los altos costos de mantenimiento, se decidió en marzo de 2019, trasladar a los reos a otros penales y cerrar definitivamente el Complejo Penitenciario de las Islas Marías.


Un nevo intento de modernización del régimen penitenciario fue la expedición de la ley de normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, publicada en mayo de 1971, cuyo objetivo era cerrar las puertas de la prisión para que no ingresaran en ella quienes nunca debieron entrar, y abrirlas para quienes estuvieran calificados para vivir en la comunidad libre; al efecto, a nivel nacional, particularmente en la Ciudad de México, se desarrollaron proyectos para la construcción de nuevos centros de internamiento en los cuatro puntos cardinales de la periferia capitalina.


Con estas instalaciones se pretendió sustituir a la cárcel de Lecumberri y prever en demasía el potencial aumento de la población penitenciaria; para agosto de 1976, iniciaron operaciones los Reclusorios Preventivos Norte y Oriente, ambos con capacidad original instalada para 1500 internos, así mismo, en octubre de 1979 se inauguró el Reclusorio Preventivo Sur, que contaba inicialmente con instalaciones para recibir a 1200 internos, el Reclusorio Preventivo Poniente, nunca fue construido por falta de presupuesto, en tal virtud, los aproximadamente 5000 reos que se encontraban en la cárcel de Lecumberri, colmaron en exceso la capacidad inaugural de los reclusorios, lo que ocasionó que se habilitaran paulatinamente áreas que no estaban destinadas inicialmente para alojar presos. Con el transcurso del tiempo y el abuso indiscriminado de la prisión preventiva la sobrepoblación llegó a ser alarmante, al grado de albergar alrededor de 55 mil internos, circunstancia que imposibilitaba materialmente el establecimiento de condiciones dignas, amén de no poder garantizar la integridad física de las personas, ya fueran custodios o visitantes; mucho menos se podrían cumplir las tareas de clasificación de los internos, y la ejecución ordenada de actividades educativas, ocupacionales o deportivas que facilitaran la readaptación.


Por otra parte, en el marco del Programa de Máxima Seguridad 1987-1988 se propuso la creación de módulos de alta seguridad en las cárceles estatales y la construcción de cárceles regionales de máxima seguridad, así, en 1991 se inauguró el Penal de Máxima Seguridad No. 1 "Almoloya de Juárez", en el Estado de México, con capacidad para 700 reclusos de alta peligrosidad; su edificación fue diseñada con un sistema de vanguardia en seguridad que, según las autoridades, lo hacía a prueba de fugas. Este penal cambió su nombre en 2000 a CEFERESO No. 1 “La Palma” y para 2006, por la zona geográfica en que se encuentra, se le denominó CEFERESO No. 1 “El Altiplano”; precisamente de este penal el célebre narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán concretó su segunda fuga de una cárcel de máxima seguridad en julio de 2015, al evadirse a través de un túnel de un kilómetro y medio de largo que llegaba hasta la ducha de su celda; todo ello sin que nadie lo notara, lo que evidencia el total fracaso de este tipo de instituciones.


Por otra parte, la reforma del Artículo 18 constitucional de junio de 2008 transformó por completo el Sistema de Justicia Penal, que conlleva al Sistema Penitenciario y Sistema de Justicia para Menores, instituido al amparo de los Derechos Humanos; se creó la figura de reinserción social como un nuevo esquema en sustitución de la readaptación social, este modelo correctivo se fundamenta en la capacitación para el trabajo, la educación y el deporte como base para lograr la reinserción social; cabe destacar que este supuesto innovador modelo se apoya en los mismos principios creados para llevar a cabo la pretendida readaptación social que, como ya se señaló, no fue posible implementarla con eficacia, por lo tanto, en mi opinión, se trata únicamente de una dulcificación del término para no señalar a los delincuentes como inadaptados; veremos con el tiempo si en verdad se obtienen resultados.


Otra intentona de modernización, se dispuso bajo el supuesto de potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario Federal, y con ello asumir en los penales federales la custodia de la totalidad de los reos del fuero federal; así las cosas, en 2010, en el Cuarto Informe de Gobierno del entonces presidente, Felipe Calderón, se anunció la construcción de 12 centros penitenciarios con una capacidad para 32 mil 500 internos, los cuales serían financiados y edificados mediante alianzas público-privadas bajo el esquema de contratos de prestación de servicios, que fueron asignados de manera directa.


De esta forma se concesionó por 22 años la operatividad a 6 consorcios y empresas privadas sin experiencia previa en la administración de cárceles; a su vez las cláusulas se clasificaron como confidenciales durante un plazo de 12 años, bajo el argumento de seguridad nacional. Las 8 cárceles concesionadas han resultado un elefante blanco, con baja operatividad, costoso mantenimiento y que sólo benefician a los empresarios constructores.


Con la implementación, desde 2016, del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, fundamentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y mediante la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, se ha logrado reducir sustancialmente la sobrepoblación de los centros de reclusión, ya que el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa es reducido; a pesar de ello la delincuencia se ha incrementado de manera significativa.


En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el apartado número 1 referente a Política y Gobierno, con relación al Cambio de Paradigma en Seguridad, en su punto número VII, aborda el tema de Recuperación y Dignificación de las Cárceles y pondera la necesidad de recuperar el control de los penales que están en manos de las mafias; con ello se pretende combatir la corrupción de las autoridades carcelarias e instituir el respeto a los derechos de los internos, mediante la implementación de mecanismos de supervisión externa que dignifiquen las condiciones de alojamiento, salud y alimentación que faciliten la reinserción social; sin embargo, a la fecha no se sabe en que consisten tales mecanismos, la autoridades señalan que esperan resultados tangibles a mediano plazo, por lo que quedamos en espera de evidencia concreta.


Como podemos observar la realidad del sistema penitenciario mexicano es abrumadora, las prisiones se han convertido en escuelas de delincuentes y en centros operativos de grupos del crimen organizado; lejos estamos de naciones como Suecia u Holanda que ante la falta de delincuentes, cierran prisiones para abrirlas como bibliotecas y albergues para gente desamparada.


Considero que el verdadero compromiso de la política criminal se debe basar en la prevención del delito y en el ejercicio responsable de la actuación de las autoridades penitenciarias; deben aplicarse estudios de personalidad del delincuente para establecer perfiles y hacer uso de las ciencias forenses y criminológicas para obtener un verdadero equilibrio entre los Derechos Humanos, la defensa social y el derecho individual que se pretende resguardar.


Manuel Farrera Villalobos

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (México). Director de Posgrados de Universidad Humanitas. manfarrer@yahoo.com

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