• Oscar Calvete Sousa

Instituciones carcelarias en Uruguay, ósmosis latinoamericana

En algunos países de Latinoamérica los sistemas penitenciarios merecen modificarse en aras de los derechos humanos y sociales. Ésta es una asignatura pendiente que aún adeudan la población de la región y sus representantes.


“Soy malo porque soy infeliz”, dice Frankenstein, en la novela gótica de Mary Shelley. “El hombre es bueno por naturaleza”, expresó en su tiempo el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau; de este modo puede interpretarse que el personaje Frankenstein, después de recibir la vida, sesga su inocencia natural al entrar en contacto con la sociedad humana que lo desprecia y ofende por puro prejuicio, dado su aspecto físico.


Ciertos rasgos de la sociedad en general, como la indigencia, personas sin techo, drogas, incertidumbre, desigualdad, inequidad, familia conflictiva, crisis, afán consumista y malos tratos, entre otros; hacen lo suyo al procurar un ambiente negativo que limita fuertemente a determinadas personas para cumplir la Ley. Los efectos de la desesperación y la marginalidad potenciados por la avaricia personal, causan en la gente reacciones inimaginables.


La organización del sistema penitenciario del Uruguay depende de una institución política: Ministerio del Interior. Si bien el Instituto Nacional de Rehabilitación es el organismo que administra el régimen, hasta la fecha no se ha promulgado una ley que establezca al INR como servicio descentralizado. Esta entidad tiene a su cargo las Unidades carcelarias: una de ingreso, diagnóstico y derivación; una de máxima seguridad; nueve de mediana seguridad y dieciocho de mínima seguridad. La Unidad de Ingreso recibe a los reclusos mayores de edad, los clasifica y ubica conforme su tipología y en función de las plazas disponibles en cada unidad. Para los casos de adolescentes existen 14 centros de reclusión con medidas privativas y cautelares.


Con un acuerdo entre diferentes sectores políticos, en 2010 inició un proceso de reformas entre las que se encuentra la formación y constitución de operadores penitenciarios, en lugar de policías y militares; pero si bien el proceso continúa en marcha, persiste un considerable retraso en la consecución de sus objetivos iniciales.


Hoy la cantidad de funcionarios en este campo es insuficiente y sus condiciones de trabajo resultan inadecuadas, hecho que le hace flaco favor a los detenidos. Se dice que en cárceles grandes y complejas existen grupos de reclusos que dominan la situación reinante en la Unidad correspondiente.


Desde hace varios años la población carcelaria se incrementa sorprendentemente, sus índices son elevados; en las prisiones hay hacinamiento, carencia presupuestal, suicidios, violencia extrema, falta de programas exitosos de rehabilitación y ausencia de políticas adecuadas, entre otros.


Según la literatura avanzada en este tema, el delincuente es el resultado de un proceso social complejo de interacción y definición. Los individuos resultan criminales porque así se les ha estigmatizado.


El resultado obtenido de la interacción social prejuiciosa, pobremente informada e indiferente con sus representantes, carentes de políticas de Estado, es densamente magra. Este producto, sumado a la marginación, la violencia y el apego pro delictivo de los afectados, hace que el sistema penitenciario “transformador” esperado incremente la delincuencia antes de hacerla disminuir.


En general las cárceles no dan buen resultado como bases rehabilitadoras, sus sistemas suelen ser perversos y marginales. La cantidad de delitos aumenta progresivamente, la clase política se desentiende de ello y la sociedad rara vez se entera de los hechos. El siguiente cuadro muestra un segmento del comparativo elaborado por Rolando Arbusún Rodríguez, de Prison Insider, donde se expresan las cifras resultantes durante 2018 del sistema penitenciario de cuatro países, dos desarrollados y dos en vía de hacerlo. En él se aprecia el producido de sus sistemas penitenciarios.



La problemática de los sistemas penitenciarios no es que nada funciona, se necesitan implementar y sustentar programas exitosos de rehabilitación convergentes con políticas sociales de desarrollo. Es menester una sociedad solidaria y comprometida con los Derechos Humanos y civiles. Es inevitable incorporar en los programas de rehabilitación la creatividad, el arte, la cultura y, sobre todo, escuchar las ambiciones personales de los reclusos, no basta con abastecerlos de vías educativas comunes. Es imperioso enfocarse en las causas reales del delito para dejar de construir cárceles. Es indispensable pasar del concepto encerrado de las penitenciarías al de espacios abiertos y de convivencia. Es ineludible asistir y contener al ex recluso hasta su total reincorporación social, esta labor no está solamente a cargo de las autoridades competentes sino también de la sociedad en su conjunto, a la hora de aceptarlos como parte de su grupo sin prejuicios de por medio. No se trata de sacárselo de encima o excluirlo, sino de solidarizarse con él y encauzarlo.


Sé que no es fácil una mudanza radical en las reglas de juego que hoy están establecidas en este campo, pero el cambio resulta imprescindible sí deseamos asegurarnos nuestra propia seguridad.


Oscar Calvete Sousa

Escritor

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