• Claudia Torres

Una Agenda que Nos Interesa: Expansión de los Derechos de la Población Trans



En 2008, el Código Civil del Distrito Federal y otras leyes se reformaron para admitir la rectificación de acta de nacimiento para la concordancia sexo-génerica (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2008). Un año después, la Suprema Corte de Justicia emitió algunas tesis sobre la inconstitucionalidad de las anotaciones marginales en el acta para señalar el cambio de sexo.


Según estos precedentes, para respetar el derecho a la privacidad y la salud de una persona transexual, los jueces deben expedir un acta de nacimiento nueva, no solo glosarla. Por último, en este año, la Asamblea Legislativa propuso facilitar el procedimiento de rectificación, pero la propuesta no prosperó (Morales, 2014). Estos han sido los esfuerzos a favor de los derechos de la comunidad trans desde la ley y la jurisprudencia.


La lucha de la población transexual y transgénero en el derecho se limita al reconocimiento de la identidad transexual. Las leyes y precedentes judiciales dan a los transexuales el derecho a ser reconocidos, pero excluyen otros derechos y a otras minorías trans. En este sentido, la población trans se encuentra en situación de vulnerabilidad y exclusión social, lo cual se agrava por no existir leyes o precedentes que contribuyan a contrarrestar esta situación. Entonces, para lograr abatir estas desventajas, la protección de la población trans debe expandirse.


A continuación los rubros en los que se considera debe suceder tal expansión:


a. La familia

La familia es el primer espacio de socialización de las personas (véanse Parson y Bales, 1995); es la institución que conecta a las personas con la sociedad, por medio de un proceso en el que los menores adquieren conductas, creencias, normas morales y motivos que son el objeto de valor de su familia y de los grupos culturales a los que aquéllos pertenecen (Olivero, 2005). También, dentro de la familia, las personas aprenden a controlar sus respuestas sociales y, en este sentido, a tener éxito en procesos más amplios de interacción social (Olivero, 2005).

Existen relatos sobre cómo la discriminación dentro de la familia llevó a muchas personas trans a salir de su ciudad natal (e. g. Veracruz, Morelos, Oaxaca) para asentarse en la Ciudad de México (Infante, Sosa y Cuadra, 2008, pp. 135-136). De acuerdo con estos testimonios, dicha discriminación se ejerció por medio de rechazo, abandono, rumores e incluso violencia física y sexual (Infante, Sosa y Cuadra, 2008, pp. 135-136). Más aún, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, las personas trans entrevistadas en centros penitenciarios, sitios de encuentro y clínicas especializadas perciben a sus familiares como las fuentes principales de rechazo y discriminación (Principales resultados de la encuesta de salud con sero-prevalencia de VIH, 2013). De acuerdo con este estudio, los familiares rechazan y discriminan más a la población trans que los compañeros de la escuela, los amigos, la policía y los servidores públicos.


Debido al rechazo y la frecuente exclusión de sus familias, las personas trans salen de sus hogares y se ven obligadas, desde edades tempranas, a vivir de manera independiente y buscar un trabajo (en la industria del sexo o la belleza, como veremos adelante). Por supuesto, la familia que dejan no es una fuente de apoyo para las personas trans, de modo que estos retos deben encararlos solos o apoyándose, en todo caso, con la gente de la escena gay (véanse Howe, Zaraysky y Lorentzen, 2008, pp. 31-50).


Aunque en este artículo no pretendo demostrar la correlación entre el abandono del núcleo familiar y la tasa de adicciones y suicidios en la población trans, se advierte esta correlación por los nexos que otros autores han dibujado entre la estructura familiar, el suicidio y el uso problemático de sustancias (véanse Maimon, Browning y Brooks- Gunn, 2010, pp. 307-324; Hoffmann, 2002, pp. 314-330; Cubbins y Klepinger, 2007, pp. 810- 830). Pese a que el abandono del hogar, o la discriminación y el rechazo dentro de éste, no necesariamente determina que un trans tenga un consumo problemático de drogas o se suicide, esta literatura considera que hay una estrecha relación entre dichos fenómenos, en vista de los altos niveles de consumo de1sustancias y suicidios dentro de esta población.


En conclusión, la desintegración familiar puede dejar a la población trans en una situación de desventaja social, bien porque aquéllos se insertan en la sociedad con problemas de intercción que fueron generados desde el hogar o bien porque se ven obligados a encarar solos la vida independiente, en un contexto social no necesariamente favorable a la diversidad sexual.2


b. La escuela

En la escuela, los compañeros de clase son fuente de rechazo y discriminación para la población trans (véase Principales resultados de la encuesta de salud, 2013). No se trata de una situación que sólo enfrente la población trans, pero quizá sí la enfrentan en mayor medida porque las características que distinguen a los trans son difíciles de ocultar.


Por definición, la población trans se caracteriza por la discordancia entre la apariencia física de la persona —su anatomía o, podríamos decir, su sexo— y el comportamiento esperado para esa apariencia de acuerdo con las normas de género. La población trans es más susceptible de discriminación y rechazo si se considera que el mayor o menor grado de diferencia presente en un niño o adolescente determina qué tanto es vulnerable a la victimización (Lawrence y Adams, 2006, p. 68). Esto explica por qué 44% de trans entrevistados que no fueron agredidos durante su época de estudiantes atribuyen esa situación a que “no se notaba” la discordancia entre su sexo y su género (sobre la pregunta de a qué se cree que se debía el bullying, véase Primera Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico, 2012).


La victimización tiene consecuencias de largo alcance en la vida de la población trans. La victimización implica que los trans son sometidos a gestos, rumores, exclusión, amenazas, extorsión, violencia física o verbal, con el ánimo de humillarlos, asustarlos o intimidarlos (Lawrence y Adams, 2006, p. 68). Las secuelas que provoca la victimización van desde la inadaptación social (en las relaciones personales o como parte de la comunidad) hasta cometer actos suicidas o convertirse la víctima en agresor, precisamente porque se pierde tanto la confianza en sí mismo o en los demás como el sentido del propio valor (Lawrence y Adams, 2006; véase Carney, 2008, pp. 179-188).


Entre la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual) nacional (dentro de la que se encuentra la población trans), las respuestas comunes a la victimización son deprimirse (51%), no querer ir a la escuela (39%), perder amistades (29%) y tener pensamientos suicidas (25%) (sobre las consecuencias del bullying, véase Primera Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico). La mayoría de la comunidad LGBTTTI lidia con la experiencia de victimización en silencio y por su cuenta, pues ni las autoridades educativas ni las familias supieron de la existencia de este problema o lo consideraron tal.3


La población trans, por el solo hecho de ser, se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la agresión dentro de las escuelas. Cuando la vulnerabilidad se convierte en exclusión, la agresión margina a la víctima paulatinamente: la aísla del mundo y merma su autoestima.

Hasta ahora, no hay suficiente información que mida el impacto del maltrato durante la etapa educativa en el desarrollo personal o social. No obstante, algunos elementos señalados por la literatura permiten inferir que la exclusión y la vulnerabilidad que la población trans experimenta en etapas tempranas de la vida dejan secuelas en el largo plazo.


c. El trabajo

Para los miembros de la comunidad LGBTTTI resulta difícil encontrar un empleo (De la Madrid, 2012, p. 69). El mercado laboral mexicano está altamente segregado por razón de sexo- género (De la Madrid, 2012). Esto quiere decir que hay ocupaciones típicamente femeninas y ocupaciones típicamente masculinas. Por ejemplo, no parece haber conflicto cuando una mujer se dedica a trabajar como aeromoza o como edecán, pero sí se le censura si pretende trabajar como astronauta o ingeniera mecánica.


La población trans enfrenta, en relación con el trabajo, mayor rechazo que el común de la población, en general, y que la comunidad LGBTTTI, en particular (De la Madrid, 2012). Ciertos trabajos son asociados con la población trans y es difícil que ésta pueda ser contratada en sectores del mercado laboral que no le han sido reconocidos como propios. Estas ocupaciones más comunes entre la población trans son los negocios de la belleza y el trabajo sexual (De la Madrid, 2012). El ambiente laboral fuera de estos sectores está marcado por la incapacidad de la sociedad mexicana para convivir con dignidad entre personas diversas en su identidad sexual y por la indiferencia de la autoridad y las juntas de conciliación y arbitraje para atender a la población trans (De la Madrid, 2012).


Dentro de las industrias sexual y de la belleza, la población trans puede encontrar apoyo en las personas de ambiente (LGBTTTI) (Howe, Zaraysky y Lorentzen, 2008, p. 32). Esto es un beneficio que reciben las personas trans que se involucran en tales industrias. No obstante, esta clase de trabajos también conlleva costos. Estos costos se hacen más claros en el caso de quienes ejercen la prostitución. Primero, el trabajo sexual complica las relaciones personales y familiares (Howe, Zaraysky y Lorentzen, 2008, p. 39); luego, el estigma que encaran dificulta entablar relaciones de pareja y de amistad o comentar con su familia en qué consiste el trabajo que se desempeña (véase “Prostitution”, Taboo, National Geographic Channel). La prostitución obliga a quien la ejerce a aislarse y volverse anónimo. Esto reafirma la exclusión de la población trans y pone en riesgo a quienes, entre ellos, se dedican al trabajo sexual: solo quien ejerce esta actividad conoce su verdadera identidad, sus necesidades, sus problemas, sus rutinas, sus contactos, entre otras cuestiones.


Segundo, el trabajo sexual trans coloca en situación de vulnerabilidad a los trabajadores sexuales frente a la policía e incluso frente a los clientes. Víktor, trabajador sexual en la Merced, señala “los intentos de amedrentarle y ‘situaciones feas’ que ha vivido con autoridades policiales y hasta con clientes” (Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, 2009). El ejercicio del trabajo sexual pone en riesgo la integridad y la seguridad de la población trans. Esto se agrava por el estigma —y los respectivos efectos— que padece este grupo.


Tercero, involucrarse en el trabajo sexual aumenta los incentivos de la población trans para tener una apariencia más femenina ya que esperan parecer o hacerse “pasar” por mujeres (Howe, Zaraysky y Lorentzen, 2008, p. 35). A este deseo personal, se le suma un incentivo profesional: la generación del capital que les permita explotar la segregación sexual de su ocupación, típicamente femenina.4 Entonces, los trabajadores sexuales (aunque no solo ellos) optan por hacerse intervenciones quirúrgicas, hormonales o sintéticas. Esto puede poner en riesgo su salud, dado que las intervenciones mal realizadas pueden complicarse y requerir que el paciente sea hospitalizado.5 Además, cuando la población trans viaja al extranjero para realizar estas intervenciones, su calidad migratoria importa un riesgo adicional: abusos, extorsión y violencia durante y después del cruce de fronteras (Mackin, 2009, p. 271).


En resumen, los trabajos disponibles para la población trans ofrecen poca movilidad dentro del mercado laboral. Esto, como ejemplifica el caso de la prostitución, puede conllevar riesgos y marginación para los trabajadores trans.


d. El sector salud


Uno de los problemas que afecta desproporcionalmente a la población trans es el VIH/ SIDA. La población trans —y, en especial, quienes ejercen el trabajo sexual— está en riesgo de contraer VIH/SIDA.6 Diversos factores sociales, culturales y socioeconómicos determinan ese riesgo (Infante, Sosa y Cuadra, 2008, p. 135). Por ejemplo, como apuntan Ramírez, Kuhns, Cambell y Díaz (2010, pp. 30-47) la exclusión social de la población trans puede determinar el consumo de alcohol y drogas, lo que a su vez aumenta la probabilidad de realizar prácticas sexuales de riesgo. Otro ejemplo: en el sistema de salud, los trans enfrentan, como el resto de la comunidad LGBTTTI, actitudes discriminatorias basadas preponderantemente en la desinformación y el estigma asociado con el VIH (De la Madrid, 2012, p. 74). Esto coloca en riesgo a la población trans, tanto de contraer o no tratar adecuadamente una enfermedad.

Además del VIH, el otro gran problema de la población trans es la realización de intervenciones para hacer concordar su sexo y su género. En esta materia, el sector salud tampoco ofrece una respuesta suficiente a la población trans que opta por realizar intervenciones quirúrgicas, hormonales o sintéticas. Muchos prefieren llevar su tratamiento solos en el sector privado e incluso en el extranjero, lo que habla de la escasa confianza y de la insuficiencia o la deficiencia de la prestación de servicios de salud para la población trans (véase nota 4).


Sin duda, los dos problemas mencionados en los párrafos precedentes no son los únicos que están siendo desatendidos por el sector salud. Esto es una exclusión en sí misma (de los servicios de salud), pero también es una causa de riesgo potencial para la salud de la población trans.


El desarrollo del derecho en materia de derechos trans se ha limitado a la cuestión del reconocimiento jurídico de la identidad transexual, pero esto es insuficiente en vista de los problemas que encara la población trans en el núcleo familiar, la escuela y la comunidad. Las leyes, los precedentes judiciales y los programas deben orientarse a eliminar la situación de vulnerabilidad de la población trans. Además del reconocimiento jurídico, la lucha jurídica de la población trans debe impulsar más reformas legales en materia de familia, trabajo, educación y salud. Éste es el ejemplo que nos dan otros países, en los que el reconocimiento de la población trans se fusiona con demandas sustantivas de servicios de salud (véase Johnson, 2014); servicios dentro de las escuelas (Doe v. National School Unit 26, Maine Supreme Court, 30 de enero de 2014) o indemnización y reinstalación en caso de despidos injustificados (Macy v Holder, Decisión de la Comisión de Igualdad en el Empleo. 20 de abril de 2012).


El reconocimiento legal puede ser el primer paso para abatir la exclusión y vulnerabilidad de la población trans. El reconocimiento fue lo primero que exigió el movimiento feminista y, hoy, este movimiento ha conseguido reformas legales y precedentes judiciales en prácticamente todas las áreas del derecho. Sin embargo, el reconocimiento dista de poder resolver todos los problemas que enfrenta este grupo. El Estado y la sociedad civil deben expandir la protección de los derechos trans para resolver los problemas de esta población y que actualmente no estamos atendiendo.


1 De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (Principales resultados de la encuesta de salud, 2013), el consumo de tabaco, alcohol, cannabis y cocaína entre los entrevistados es superior a 47% en cada una de estas sustancias y llega hasta 94% en el caso del alcohol, 93% del tabaco, 68% del cannabis y 61% de la cocaína. Igualmente, esta encuesta arroja que, en promedio, 41.3% de los entrevistados ha pensado en suicidarse, 17% ha hecho preparativos para cometer un suicidio y 22.6% ha intentado suicidarse.

2 Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, la población que considera que la diversidad de orientaciones o preferencias sexuales dentro de la sociedad es positiva o, al menos, indistinta supera por muy poco a quienes consideran que no. En la misma línea, si bien una mayoría considera que es debido respetar las preferencias y orientaciones sexuales de las personas, muy pocas personas estarían dispuestas a compartir su casa con un homosexual o con una persona con VIH/SIDA (véase Conapred, 2010). 3 De los miembros de la comunidad LGBTTTI, 85% no informó a sus familias sobre la agresión y 7% lo hizo sin recibir apoyo de éstas. De las autoridades educativas y maestros, 48% percibieron el bullying como “algo normal”. De la comunidad LGBTTTI, 42% lidió con la experiencia simplemente aceptando su orientación o identidad; 27% “salió del clóset” y 7% cambió de escuela. Sobre la pregunta “¿Cómo hizo para sobrellevar la experiencia de violencia?” (véase Primera Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico).

4 Pierre Bordieu habla de que las ocupaciones genéricamente segregadas asignan un “coeficiente simbólico” a cada persona. Esto significa que cada cual posee cierto capital simbólico para desarrollar ciertos trabajos. Por esta razón, según Bordieu, la mujer empresaria y la mujer que trabaja en la industria se asemejan: al desarrollar esas actividades masculinizadas, ambas sufren una disminución en su capital simbólico (véase Huppatz, 2012, pp. 25-30).

5 De las trabajadoras sexuales trans que han sufrido complicaciones médicas o han tenido que ser hospitalizadas, 35% padeció esta situación en una cirugía; 85% como producto de un tratamiento hormonal mal operado y 35% como resultado de un mal uso de colágenos y aceites (véase Principales resultados de la encuesta de salud con sero-prevalencia de VIH a mujeres transgénero en la Ciudad de México, pp. 4-5).

6 Respecto de la prevalencia de VIH entre la población trans, el estudio realizado por el INSP arrojó: “La proporción de [trans] con resultado positivo en la prueba de VIH fue de 20% en [sitios de encuentro] SE y32% en [centros penitenciarios] CP. En [centros de encuentro] CEC la proporción de resultados positivos fue elevada (64%) dado que en la encuesta participaron [trans] VIH positivas que acuden a los servicios de VIH con más frecuencia que las que no tienen VIH. De las [trans] que tuvieron un resultado positivo a la prueba de VIH, solo el 26% conocen su estatus en SE, el 75% en CP y el 98% en CEC” (véase Principales resultados de la encuesta de salud con sero-prevalencia de VIH a mujeres transgénero en la Ciudad de México, p. 4).


Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, 2009. Crónicas periodísticas. Carney, JoLynn V. (2008). “Perceptions of bullying and associated trauma during adolescence”. Professional School Counseling, 11 (3): 179-188. Conapred (2010). “Resultados sobre diversidad sexual”. En Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. México: Conapred. Cubbins, Lisa A. y Klepinger, Daniel H. (2007). “Childhood family, ethnicity, and drug use over the life course”. Journal of Marriage and Family, 69 (3): 810-830. De la Madrid, Ricardo Rafael (Coord.) (2012). Reporte sobre la discriminación en México 2012: trabajo. México: CIDE/Conapred. Doe v. National School Unit 26, Maine Supreme Court, 30 de enero de 2014. Recuperado de http://droitamericain.fr/IMG/pdf/Transgenre_Doe_Maine_ supreme_court.pdf Gaceta Oficial del Distrito Federal (2008). Decreto por el que se reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal; se adiciona el Código Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y se adiciona el Código Financiero del Distrito Federal. 10 de octubre, 439. Hoffmann, John P. (2002). “The community context of family structure and adolescent drug use”. Journal of Marriage and Family, 64: 314-330. Howe, Cymene; Zaraysky, Susanna; y Lorentzen, Lois (2008). “Transgender sex workers and sexual transmigration between Guadalajara and San Francisco”. Latin American Perspectives, 35 (1), 31-50. Howe, Cymene; Zaraysky, Susanna; y Lorentzen, Lois (2008, January). “Transgender sex workers and sexual transmigration between Guadalajara and San Francisco”. Latin American Perspectives, 35, 31-50. Huppatz, Kate (2012). Gender capital at work. Basingstoke: Pallgrave-McMillan. Infante, César; Sosa-Rubí, Sandra G.; y Cuadra, Silvia M. (2008). “Sex work in Mexico: Vulnerability of male, travesti, transgender and transexual sex workers”. Culture, Health and Sexuality, 11 (2). Johnson, Chris (2014, 30 de mayo) “Medicare to lift ban on gender reassignment surgery”. Washington Blade. Recuperado de http://www.washingtonblade. com/2014/05/30/medicare-lift-ban-gender-reassignment-surgery/#sthash. ait7q3IR.dpuf Lawrence, Gloria y Adams, Frank D. (2006). “For every bully there is a victim”, American Secondary Education, 35 (1): 68. Mackin, Audrey (2009). “Women as migrants”. En Angela Miles (Comp.), Women in a globalizing world. Toronto: Innana. Macy v. Holder, decisión de la Comisión de Igualdad en el Empleo. 20 de abril de 2012. Recuperado de http://www.hivlawandpolicy.org/sites/www. hivlawandpolicy.org/files/Macy%20v.%20Holder.pdf Maimon, David; Browning, Christopher R.; y Brooks-Gunn, Jeanne (2010). “Collective efficacy, family attachment, and urban adolescent suicide attempts”. Journal of Health and Social Behavior, 51 (3): 307-324. Morales, Lorena (2014, 26 de junio). “Facilitarán cambio de identidad genérica”. Reforma. Recuperado de http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/ articulo/default.aspx?id=270947&urlredirect=http://www.reforma.com/ aplicaciones/articulo/default.aspx?id=270947 National Geographic Channel, “Prostitution”, Taboo. Recuperado de https://www. youtube.com/watch?v=6oe7Ksx8iEU Olivero, Tibisay (2005). “La socialización en la familia”. Revista Electrónica de Enseñanzas y Aprendizajes en el Contexto Familiar, 3. Recuperado de http:// www.romsur.com/educa/socializaci%F3n.htm Parson, Talcott y Bales, Robert (1995). Family, socialization and interaction process. Nueva York: The Free Press. Primera Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico (2012). Enehache/ Youth Colition/ CNDH/ Cojess. Recuperado de http://www.enehache.com/ EncuestaBullying/Bullying%20homofobico-1(14-May-12).pdf Principales resultados de la encuesta de salud con sero-prevalencia de VIH a mujeres transgénero en la Ciudad de México (2013). México: INSP/IEE/ Condesa/PSI/USAID. Recuperado de http://condesadf.mx/pdf/ecuesta_ trans2013.pdf Ramírez-Valles, Jesús; Kuhns, Lisa M.; Cambell, Richard T.; y Díaz, Rafael M. (2010) “Social integration and health: Community, involvement, stigmatized identities, and sexual risk in Latino sexual minorities”. Journal of Health and Social Behavior, 51 (1), 30-47.

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