• Edith Itzén Mercado Gómez

Transparencia, Simulación ó Cinismo


En diciembre del año pasado Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que ubica a México en el lugar 103 de 175 países. Nuestro país obtuvo solamente 35 de los 100 puntos posibles en la prueba, aunque subió una posición respecto del año anterior.


Estos datos constataron fielmente, como fotografía, el contexto que se vive en el país a raíz de los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya o Cocula sobre violaciones graves a los derechos humanos; por la declaración patrimonial incompleta y el posible conflicto de interés del titular del Ejecutivo Federal en diversas asignaciones de obra pública; por la cancelación de la licitación del tren México- Querétaro y un largo etcétera.

A pesar de lo anterior, aunque usted no lo crea, México se considera como el país de América Latina con el mejor marco normativo en materia de transparencia. En las siguientes líneas, trataré de responder a las preguntas de ¿si en realidad México tiene un marco normativo de avanzada? y ¿por qué no vemos resultados?

La transparencia en México

Desde 1977 se garantizó el derecho de acceso a la información en la Constitución mexicana, pero se limitaba a que los ciudadanos fueran informados sobre los programas y plataformas políticos, a manera de garantía electoral. El derecho de acceso a la información comenzó con un proyecto de iniciativa de ley presentado por un grupo de expertos, denominado Grupo Oaxaca, en el Seminario Nacional “Derecho a la Información y Reforma Democrática”. Su proyecto fue acogido por los legisladores de la Cámara de Diputados y finalmente se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio de 2002.

Posteriormente, se reformó en 2007 la Constitución para extender este derecho a las entidades federativas y establecer los principios de transparencia, como el de máxima publicidad; sin embargo, según las Métricas de Transparencia 2010 y 2014 del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Constitución no logró evitar la abrupta disparidad del ejercicio del derecho de acceso a la información en los municipios o algunos estados. Las diferencias sobre los plazos de los procedimientos de acceso a la información, los costos de reproducción de los documentos o la respuesta de las autoridades conllevaron a la exigencia de una nueva reforma.

Así fue que el 7 de febrero de 2014 se publicó la reforma constitucional en materia de transparencia que permite la construcción del Sistema Nacional de Transparencia para que todas las entidades federativas tengan las mismas bases para brindar la información pública a las personas; además, le da autonomía a los organismos garantes de transparencia, tanto al federal como los locales, y obliga a transparentar la información no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial, así como a sindicatos, fondos y fideicomisos públicos, partidos políticos o cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o actos de autoridad.

El 2 de diciembre de 2013 se presentó la iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al igual que la iniciativa del Grupo Oaxaca, que fue acogida por los diputados y publicada como ley, aquella iniciativa contó con la participación de la sociedad civil. Sin embargo, en esta ocasión los legisladores entablaron mesas de trabajo con miembros de la sociedad civil, un procedimiento inédito, para elaborar un iniciativa en conjunto. En la confección de esta ley participaron senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI),elPartidoAcciónNacional(PAN),elPartidode la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista (PVEM), así como la Red por la Rendición de Cuentas, México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia, que a su vez representaban a más organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema, conformando así un grupo redactor.

El 7 febrero de 2015 se cumple el plazo para la publicación de la legislación secundaria en materia de transparencia, que deberá darle contenido al derecho de acceso a la información.

Lo sobresaliente de las normas en materia de transparencia, sin duda, ha sido la participación de la sociedad civil. El proceso de redacción de la iniciativa fue revisado por expertos investigadores de la materia. Las minutas del procedimiento y los comentarios de los expertos pueden consultarse en el enlace del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información de la Cámara de Senadores.1

Algunos puntos a destacar de la iniciativa, según las organizaciones de la sociedad civil, son:

[El] tratamiento de partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados directos que son responsables de la publicidad y entrega de su información… Procedimientos para asegurar un desempeño eficaz y eficiente de los organismos de transparencia; establecer sistemas de acceso a la información que protejan los derechos adquiridos a partir de las mejores prácticas a nivel nacional como obligatorias para toda la República… La instauración de una Plataforma Nacional de Información a cargo de los organismos de transparencia que incluirá un sistema electrónico para acceder a la información de todos los sujetos obligados de todos los niveles de gobierno y para ingresar solicitudes de información. La incorporación de los más altos estándares internacionales de la protección del derecho de acceso a la información como la incorporación de las pruebas de daño e interés público para los casos en los que se clasifique información.2

El principal desacuerdo de las organizaciones de la sociedad civil es la posibilidad de reservar permanentemente la información sobre la estabilidad económica.

La pluralidad, el debate, la tolerancia y la participación ciudadana hacen que México cuente con normas de transparencia a la altura de las exigencias sociales.

¿Por qué no hay resultados?

La respuesta más optimista es que todavía falta la publicación de la legislación secundaria en materia de transparencia. La transparencia y la rendición de cuentas ayudan en el combate a la corrupción; sin embargo, debe complementarse con la fiscalización, procuración e impartición de justicia, así como de controles políticos, pues los esfuerzos aislados no tendrán mayor resultado en el Índice de Percepción de la Corrupción. Además, de acuerdo con Guillermo Cejudo y Sergio López, las leyes no son suficientes, tienen que implementarse mediante política pública3 y tienen que cumplirse.

Hay que dejar atrás la simulación. En 2012 y en 2014 el Presidente de la República anunció que haría pública su declaración patrimonial. Si bien ningún servidor público está obligado a difundir su información, el Presidente lo hizo y dejó a la luz que su declaración no cuenta con la información suficiente de acuerdo con la ley: veracidad, oportunidad y los bienes del cónyuge. Es el ejemplo paradigmático de la simulación de transparencia que conlleva opacidad debajo del discurso.

Hay que evitar el cinismo. InfoDF ha sido el organismo garante en materia de transparencia mejor calificado. En el Distrito Federal se concentra el mayor ejercicio del derecho de acceso a la información; sin embargo, también se ha calificado como el más corrupto. Lo que indica que a pesar de que la información se hace pública, los servidores públicos no cuentan con los desincentivos suficientes para delinquir, no les importa que sus ilícitos salgan a la luz.

1 Procedimiento de Elaboracuón de las Leyes Secundarias en Materia de Transparencia. Senado de la República. http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/leyes_secundarias.php. (Diciembre 19, 2014). 2 Entre transparencia y opacidad. Artículo 19. http://www.articulo19.org/la-iniciativa-de-ley-general-de- transparencia-debe-garantizar-los-objetivos-de-la-reforma-constitucional/#sthash.2O5bTJjd.dpuf. (Diciembre 2, 2014). 3 Cejudo, Guillermo y López, Sergio. “Muchas reformas pocos resultados”. Nexos. http://www.nexos.com. mx/?p=23500. (Diciembre, 2014).

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