• Héctor Larios Córdova

Reforma Hacendaria a Costa de los Trabajadores

Desde hace varios años, en México existía una gran expectativa sobre la posibilidad de alcanzar los acuerdos para concretar una reforma hacendaria de gran calado que permitiese la atracción de inversiones, una mayor competitividad y que ofreciera garantías de futuro a los trabajadores, a quienes con su esfuerzo diario sostienen a sus familias y que contribuyen con el desarrollo del país; una reforma que se rigiera bajo los principios de la justicia, de la simplificación fiscal, del federalismo tributario, de la eficiencia tributaria, de la modernización de los mecanismos de recaudación.



Sin embargo, la reforma hacendaria impulsada por el Ejecutivo federal quedó muy lejos de cumplir con estos ansiados anhelos y, por el contrario, se trató de la imposición de gravámenes y nuevos derechos con el objeto de recaudar una gran cantidad de recursos para el gasto del gobierno a costa de los trabajadores y sus empleos.


Por poner algunos ejemplos: se aprobaron impuestos de 16% al transporte terrestre público foráneo, a la goma de mascar, al alimento de mascotas, a los servicios de hotelería para congresos y a todas las zonas fronterizas, situación que nos resta competitividad; un gravamen de 8% a alimentos como los cereales integrales, el pan, las galletas y demás productos básicos, botanas, productos de confitería, chocolates, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales y helados, nieves y paletas de hielo; a las bebidas saborizadas envasadas, en polvo o en jarabe se les impuso un peso por cada litro. También se verá un fuerte impacto en la economía de los trabajadores que ahora sólo podrán deducir hasta 53% de sus prestaciones y muchas empresas optarán por no ofrecer seguridad a sus empleados.


Pero quizá lo más preocupante es que se verán afectadas muchas fuentes de empleo, debido a que se le cargó la mano a industrias que ofrecen trabajo a millones de mexicanos, entre las que se encuentran la industria de exportación como maquiladoras y automotrices, la industria de la construcción, las empresas de régimen simplificado, el sector agropecuario, la industria minera, entre otras, que son clave para la economía mexicana, mismas que ya están comenzando a observar un impacto negativo, tanto en sus ingresos como en la contratación de su personal. Por otra parte, las empresas que se han visto beneficiadas por estas modificaciones en el mercado laboral son las de outsourcing, debido a que ahora es más conveniente para las empresas contratar a personas de forma eventual sin la carga de las prestaciones y su correspondiente gravamen. Este esquema de contratación no brinda ningún tipo de seguridad al trabajador y lo que se percibe es la tendencia del gobierno a reducir a mediano y largo plazo el costo por concepto de pensiones a las futuras administraciones, en detrimento del patrimonio de las personas y de sus familias.


Y por si esto fuera poco, se aprobó que el país pueda contratar una deuda de 700 mil millones de pesos, situación que no se veía desde hace 25 años, y que tendrán que pagar las próximas generaciones de mexicanos. Las experiencias del pasado indican que en muchas ocasiones se han adquirido instrumentos de deuda que han sido mayores a los necesarios, y de igual forma, los esquemas de endeudamiento han generado prácticas de gasto inconvenientes. Si se adquiere deuda para hacer frente al gasto corriente será un grave error. El problema es que en ningún momento se precisó el motivo del déficit y tampoco se mencionaron los mecanismos específicos para garantizar la transparencia en el destino de los recursos.


A los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) nos preocupa mucho la contraposición de intereses, por un lado, el del gobierno federal de hacerse de más recursos para hacer frente al gasto que sin una planeación adecuada puede ser desproporcionado en términos de la visibilidad de la acción gubernamental, y por el otro los intereses de los ciudadanos que quieren contribuir con lo que en justicia corresponda y contar con empleos y oportunidades suficientes para emprender un negocio que abone a su suficiencia económica con dignidad.


Ahora lo que más nos ocupa es hacer una revisión puntual de los elementos de la reforma que lastiman la economía de las personas, de las empresas y del país en su conjunto para hacer los señalamientos necesarios y buscar las alternativas legislativas que sirvan para remendar esta reforma recaudatoria del Ejecutivo. Una buena reforma hacendaria no debe ser sinónimo simplemente de cargarle la mano a unos u otros, sino de que cada quien contribuya con lo justo y que de igual forma podamos apoyar a todos y cada uno de los sectores que hacen que nuestra economía y que las finanzas públicas estén a la altura de las circunstancias.


Una buena reforma hacendaria no debe ser sinónimo simplemente de cargarle la mano a unos u otros, sino de que cada quien contribuya con lo justo.

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