• Anel Ortega

La Justicia Frente a la Violencia Sexual en los Conflictos Armados



Hemos oído cifras escalofriantes sobre niñas, mujeres o ancianas que han sufrido violaciones, trata o explotación sexual. Podríamos concentrarnos en cómo sucede la violencia sexual en algún conflicto armado, pero encuentro terriblemente doloroso no escribir sobre la carencia de justicia frente a su uso como una táctica de guerra, o bien, para reafirmar la dominación de una población durante o después de un conflicto. Por ello, elegí escribir sobre la fragilidad del acceso a la justicia de las víctimas y de las acciones que la comunidad internacional ha realizado para crear proyectos de reparaciones en periodos de transición o posconflicto.


La violencia sexual que cotidianamente sufren las mujeres, víctimas o participantes en los conflictos armados, constituye desde el punto de vista del derecho penal internacional diversas conductas criminales, pues esos actos pueden ser catalogados, según cada caso y conflicto en particular, como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o crimen de genocidio.


De tal forma, en un aspecto fáctico y estrictamente legal, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y la esterilización forzada, así como cualquier otra forma de violencia sexual cometidos en el contexto de un conflicto armado internacional o no internacional, pueden constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Asimismo, la persecución y tráfico sobre la base del género constituye un crimen contra la humanidad. Mientras que el tráfico de personas, particularmente mujeres y niños, puede constituir el crimen de esclavitud. Finalmente, la definición del delito de genocidio del Estatuto de Roma debe complementarse con el texto de las Reglas de Procedimiento y Prueba, pues la comisión del delito de genocidio puede incluir tortura, violación, violencia sexual, tratos inhumanos o degradantes (véanse Estatuto de Roma, artículos 8.2b xxii, 8.2e vi y 7.1g; 7.1h, 7.2g y 7.3; 7.1c y 7.2c, respectivamente, así como Reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional, artículos 7.1h, 7.1c, 6 y 6b).


Sin embargo, según el contexto político, dichos crímenes pueden permanecer impunes. De ahí la trascendencia de conceptos como Estado de derecho, justicia o justicia de transición. En particular, más allá de la administración de justicia tradicional, la idea de justicia transicional abarca una variedad de procesos y mecanismos para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, por lo que se enfoca en que los responsables rindan cuentas de esos actos y pueda alcanzarse una cierta reconciliación en la sociedad, mediante mecanismos judiciales o extrajudiciales con diversos niveles de participación internacional para enjuiciar personas, resarcir daños, buscar la verdad, investigar antecedentes, removerlos del cargo o estructurar alguna reforma institucional (véase ONU, 2004, Estructurar una terminología común para las Naciones Unidas en el ámbito de la justicia, párrs. 5-8).


En ese sentido, la violación sexual femenina como medio de represión, castigo, humillación y sometimiento, durante y después de un conflicto, es un fenómeno que sólo puede entenderse desde el punto de vista de la justicia transicional y sobre la base de los cuatro pilares del ordenamiento jurídico internacional moderno,1 en virtud de su complejidad, los actores que la ejecutan y la transversalidad de sus consecuencias.


No obstante, la justicia transicional planteada desde las operaciones de paz a cargo de Naciones Unidas no ha sido una regla2 y está limitada. Frente a ello la sociedad civil internacional ha acudido a otras vías para visibilizar los aspectos particulares de la violencia femenina. En 1993, 2000 y 2010 se constituyeron simbólicamente el Tribunal de Viena sobre los Derechos Humanos de las Mujeres, el Tribunal de Tokyo para las Mujeres y el Tribunal de las Mujeres, sin buscar imitar un juicio formal, sino para sensibilizar a los países y a la Corte Penal Internacional.


Particularmente, se recopilaron las experiencias sufridas en los conflictos de Uganda (donde mujeres y niñas con frecuencia fueron víctimas de violaciones o abusos sexuales por parte de rebeldes, y algunos testimonios refieren su uso como método de interrogación y tortura del gobierno), Sudán (donde se estima que más de la mitad del total de mujeres sufrieron una violación sexual), la República Centroafricana y el Congo (entre 2004 y 2009 se registraron múltiples casos de violaciones, de las cuales 94% fueron colectivas, con un porcentaje elevado de propagación del VIH/SIDA3). De esos cuatro casos, en el contexto de la Corte, las sentencias contra Thomas Lubanga y Jean Pierre Bemba del año 2011 por algunos de los hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado de la República del Congo, desde la perspectiva de las víctimas, no son suficientes frente a los hechos ocurridos (Women’s Initiatives for Gender Justice, pp. 29-30).


El motivo es claro. Si frente a la comisión de crímenes sexuales claramente sistemáticos contra más de la mitad de la población, los mayores logros de la comunidad internacional son las emisiones de sentencias por responsabilidad penal individual por otros hechos, que no es poco, pero es lógico que dejen un sinsabor e insatisfacción a las víctimas.


Es evidente que estos crímenes cometidos sobre la base del género requieren una perspectiva jurídica diferente. Frente a su sistematicidad y crueldad, no podemos esperar que en el futuro una sentencia por sí sola restituya los daños: un proyecto real de justicia de transición debe considerar que el derecho penal no es suficiente frente a las crisis humanitarias ni frente a las violaciones colectivas de derechos humanos, porque la violencia de género no es sólo una táctica de guerra, es una expresión de la profunda violencia social hacia las mujeres latente en nuestras sociedades, cuya expresión más deplorable hemos observado en todos los conflictos armados contemporáneos.

Fuentes consultadas


Corte Penal Internacional (2000). Reglas de Procedimiento y Prueba. Estatuto de Roma, artículos 8.2b xxii, 8.2e vi y 7.1g; 7.1h, 7.2g y 7.3; 7.1c y 7.2c. Organización de las Naciones Unidas (2004, 23 de agosto). “Informe del Secretario General: el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, S/2004/616, sección III. Estructurar una terminología común para las Naciones Unidas en el ámbito de la justicia. Women’s Initiatives for Gender Justice, chapitre Advance Collection of Testimonies from the Women’s Court.

1 A saber, la normativa internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los refugiados (ONU, 2004, párr. 9). 2 Sólo las misiones en Kosovo y Timor-Leste han tenido a su cargo actividades de transición, encargándose directamente de la administración de los órganos judiciales, los servicios policiales y penitenciarios (ONU, 2004, párr. 11). 3 Durante casi 10 años ha permanecido en conflictos armados permanentes derivado de su posición geográfica, siendo receptor de los grupos armados regionales de Burundi, Ruanda, Uganda y Somalia, con una circulación masiva de armas. La mayor parte de la violencia se desarrolló en las provincias del norte y sur de Kivu; en 2004 se llegaron a registrar hasta 40 mil casos de violación contra mujeres, de los cuales 94.4% eran colectivas y 12% recurrían a la utilización de objetos para ser introducidos por los órganos genitales, con un rango de edad de las víctimas de 4 a 80 años. En 2007, 22% de las violaciones representó la transmisión del VIH/SIDA, ya para 2009 la tasa nacional de contagio en caso de violación representaba 4.5% (ONU, 2004, párrs. 25-28).

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