• Frank Conde Tangberg

Defendiendo a los Ambientalistas

Una semana antes del Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo, mataron a un activista que luchaba por el derecho al preciado líquido en México. Siete días antes fue asesinado Bernardo Vázquez Sánchez, activista y dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), organización opositora a la explotación de una mina en San José del Progreso, Oaxaca, operada por Mina Cuzcatlán.


Bernardo fue asesinado en Ocotlán, estando junto a dos compañeros quienes también fueron heridos. E igual que siempre, cuando sucede un ataque, sobre todo en el caso de activistas, no hay ningún detenido. De este modo, la larga lista de activistas asesinados, encarcelados o violentados de alguna forma crece constantemente. No cabe duda de que el motivo del ataque era detener la labor de los activistas. Uno sólo puede especular sobre quiénes han sido los asesinos y sobre quién tuvo motivo de cometer el homicidio. Especular es la única opción que deja el sistema de justicia mexicano.

DERECHO AL AGUA

Bernardo se convirtió en una amenaza contra muchos intereses a causa de su activismo. CPUVO, quien en todo momento se ha opuesto a la administración de Mina Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mine, inmediatamente responsabilizó a la compañía minera, ya que no era la primera vez que se suscitaban incidentes violentos entre sicarios de la minera y activistas. Bernardo no es el primero, sino el segundo asesinado durante el conflicto entre la minera y la comunidad, ya que también fue asesinado su tío, Bernardo Méndez. El líder de la CPUVO culpó a la policía de que el asesinato de Bernardo sucediera durante una de las protestas contra la excavación en la zona.

Pero ¿por qué se oponen a que Mina Cuzcatlán se haga cargo de la explotación de la mina? En aquella ocasión cuando mataron a Bernardo, los activistas trataban de impedir la excavación que efectuaba la autoridad municipal para la instalación de una red de agua potable que proporcionara del vital líquido a la minera Cuzcatlán, debido a que estas obras dejaban sin agua a una importante porción de pobladores de San José del Progreso. La compañía transnacional opera, como tantas otras compañías en México, con total impunidad. Se le acusa de intimidar a las comunidades locales, destruir la naturaleza, incitar a la corrupción y finalmente sustraer agua vital del pueblo para su negocio. De esta manera se viola el derecho reconocido por la ONU al acceso a agua segura y limpia (Res. 64/292) del pueblo en cuestión. La creación y autorización de negocios en México nocivos al medio ambiente es una práctica constante donde los primeros afectados son los pobladores de las zonas marginadas.

DERECHO A LA CONSULTA

Bajo la etiqueta de “iniciativas de desarrollo nacional” se encuentra también la construcción de la presa El Zapotillo. Esta presa pretende proveer agua para la ciudad de Guadalajara, que se aprovisiona principalmente del Lago Chapala. Igualmente se advirtió el verano pasado que se utilizaría todo el peso de la ley para asegurar la construcción de la presa, a pesar de la inconformidad del pueblo. Y, una vez más, los gobernantes de México prefieren dar prioridad al gran capital antes que a aquéllos a quienes representan. Importan poco para estos gobernantes las terribles inundaciones de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en la región Altos de Jalisco. Menos les importa el desplazamiento forzado de estas comunidades, de sus tierras ancestrales, cultura o arraigo histórico. La voz del pueblo ha sido ignorada a pesar de contar con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ 35/2009).

Al no ser escuchados, los activistas tomaron acción y bloquearon la construcción de la presa. El gobierno ha prometido perseguir a quienes intenten impedir la construcción, a pesar de que la construcción de la presa viole sus garantías individuales más básicas.

DERECHO A MANIFESTARSE

La Parota en Guerrero es otro de los casos paradigmáticos que evidencia la situación sistemática de violación de derechos humanos en México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y el Centro Mexicano del Derecho Ambiental han documentado cómo la construcción de grandes presas en las Américas provoca desplazamientos forzados de comunidades enteras, obligándolos a abandonar valiosos terrenos de cultivo, manantiales de agua y áreas de pesca. En muchas ocasiones los gobiernos del continente desatienden sus obligaciones y los estándares internacionales. El pueblo, que sólo tiene como herramienta de defensa la manifestación pública y social, corre peligro cada vez que quiere hacer uso de ellas. Los oponentes a la presa de Zapotillo corren tanto peligro que Amnistía Internacional ha llamado la atención de las fuerzas de seguridad ante las constantes amenazas y agresiones a activistas y miembros de la comunidad.

Es vergonzoso ver día con día las negligentes actuaciones de los gobernantes en México y el absoluto desprecio que muestran a la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. La explotación de recursos naturales por empresas transnacionales tiene preferencia por encima de los derechos de las comunidades afectadas por estas decisiones. Por toda la República los pueblos se movilizan ante el deterioro ambiental a causa de la explotación de recursos. Detrás de los focos mediáticos los activistas son encarcelados o asesinados. A partir de 2004 vimos cómo ambientalistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán A. C. (OCESP) fueron detenidos por protestar y manifestarse contra la tala ilegal. Como la deforestación ilícita en este estado no fue atendida por la justicia, los activistas fueron incriminados. Afortunadamente, organizaciones civiles a nivel nacional e internacional se movilizaron con éxito por la liberación de los activistas.

Desgraciadamente la violación del medio ambiente y de los derechos humanos sigue sucediendo. El pueblo tiene derecho al agua, tiene derecho a ser consultado sobre las iniciativas de desarrollo que afectan a sus comunidades y tiene el derecho a alzar la voz y manifestarse en contra de lo que no les parezca o convenga. Tienen el derecho a iluminar las verdades que no se quieren escuchar, sin morderse la lengua, independientemente de que esto amenace los intereses económicos particulares. Exigir a los gobernantes la protección de estos derechos es proteger el medio ambiente.

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