• Daniel Joloy

Pongamos las Armas bajo Control: Por un Tratado Efectivo de Comercio de Armas

Más de 200 mil personas alrededor del mundo murieron en 2010 a causa de conflictos armados o por violencia criminal, según datos de las Naciones Unidas. Se estima además, que actualmente circulan por el mundo más de 650 millones de armas pequeñas, lo que equivale a un arma por cada 10 habitantes del planeta. Más aún, al año son producidas 16 mil millones de balas nuevas, lo que equivale a dos balas y media por cada persona del planeta.


A pesar de la crisis económica que recorre el mundo desde 2008, las transferencias de armas continúan en aumento, incluso llegando a rebasar los 7.1 billones de dólares en 2010, valor que podría ser mayor debido a la alta opacidad de información que impera en este tipo de transacciones. Tan sólo las transferencias de municiones ascendieron a más de 4.3 billones de dólares. Sin embargo, estas cifras podrían esconder el enorme impacto desestabilizador que pudiesen tener debido al bajo costo de dichas armas. Un rifle de asalto cuesta unos cientos de dólares, pero sólo una centena de rifles puede desestabilizar un país entero.


Por ello es necesario regular el comercio de armas pequeñas y ligeras a nivel mundial. La transferencia irresponsable de armas que se vive hoy en día provoca directamente violaciones graves a derechos humanos en distintos países y perpetúa el conflicto armado en aquellas regiones que son azotadas por la guerra. Si permitimos que continúe la práctica actual de celebrar dichas transferencias irresponsables de equipo militar y de seguridad, millones de vidas más serán destruidas y los derechos humanos de muchos más serán seriamente vulnerados.


Durante las primeras semanas del mes de julio, la Comunidad Internacional se reunió nuevamente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para discutir lo que se espera en 2012 al concretar un Tratado de Comercio de Armas. El proceso comenzó en 2006, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó por una abrumadora mayoría la resolución 61/89, mediante la cual se acordó dar inicio a un Grupo de Trabajo que redactase un tratado vinculante para regular el comercio internacional de armas pequeñas y ligeras.


Sin embargo, un grupo minoritario de países, entre los que se encuentran Egipto, Pakistán, China, Rusia y Estados Unidos, ha intentado obstaculizar el proceso bajo el argumento que la compra y venta de armas es un asunto de soberanía nacional y de legítima defensa, en el cual no deben interferir terceros países u organismos internacionales. No obstante, los gobiernos exportadores de armas tienen, bajo las normas vigentes de derecho internacional, el deber de garantizar que éstas no serán utilizadas para la violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.



Por ello, un tratado de comercio de armas vinculante, que sea efectivo y tenga realmente un impacto positivo en la vida de las personas, debe considerar clara y estrictamente el derecho internacional de los derechos humanos. Sólo así se garantizará que las armas convencionales exportadas no sean utilizadas para la comisión de mayores violaciones de derechos humanos. Es esto lo que las organizaciones de derechos humanos han llamado Regla de Oro, la cual debe ser el eje rector de toda transferencia de armas.

Ciertamente los Estados gozan del derecho de adquirir armamento para garantizar la defensa y seguridad de sus ciudadanos. Por tal motivo, la regulación internacional debe estar basada en un análisis específico de cada caso que, de manera objetiva, evalúe la transferencia en cuestión. Para determinar si la transferencia debe ser rechazada, debe existir evidencia previa y confiable de patrones sistemáticos de violaciones graves a los derechos humanos por parte de organismos independientes, organizaciones no gubernamentales y reportes de Naciones Unidas, entre otros.


Así, un Estado que transfiera armamento o municiones en circunstancias en las que existan pruebas de que serán para cometer violaciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, estaría claramente incurriendo en responsabilidad internacional, pues incumpliría su deber de garantizar el respeto de los derechos humanos, previsiones contempladas en diversos tratados internacionales, incluso en la propia Carta de las Naciones Unidas.


Millones de personas sufren a diario los efectos de las transferencias irresponsables de armas convencionales que terminan en manos de gobiernos represivos o grupos armados que amedrentan a la población civil. El comercio irresponsable de armas contribuye a que las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario continúen sucediendo a diario.


Los recientes hechos en el Medio Oriente han evidenciado una vez más la urgente necesidad de aprobar un tratado de armas efectivo que impida que más armamento y municiones lleguen a quienes las utilizan para amedrentar a la población, en claro detrimento de los derechos fundamentales. En Egipto, cientos de personas fueron reprimidas durante las manifestaciones populares con uso de gases lacrimógenos provenientes de los Estados Unidos y con tanques hechos en Italia. De igual manera, organizaciones de derechos humanos comprobaron la existencia de armamento proveniente de Bulgaria y Malta utilizado por el ejército de Libia en contra de la población civil.


La existencia de un tratado de comercio de armas comprensivo y eficaz podría reducir ampliamente la probabilidad de que las armas terminen siendo utilizadas en contra de la población civil y, además, podría contribuir a prevenir el desarrollo de nuevos contextos violentos que terminan impactando negativamente en la vida de millones de individuos.


La comunidad internacional tendrá la oportunidad de así hacerlo en julio de 2012, cuando se reúna durante un mes a debatir los pormenores para la aprobación de un Tratado de Comercio de Armas. Será de vital importancia el rol que la sociedad civil juegue en dichas negociaciones para asegurar que los Estados velen primeramente por la seguridad de todas y todos los habitantes del planeta, y que garanticen que el armamento que producen y exportan no sea utilizado para amedrentar a la población civil en detrimento de sus derechos fundamentales.

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