• Alberto Herrera Aragón

ODM: Entre las Promesas Incumplidas

Son diez años ya los que han transcurrido desde la firma de la Declaración del Milenio en la que alrededor de 190 países se comprometieron a avanzar de manera sustantiva en temas fundamentales para la erradicación de la pobreza; entre ellos, el combate al VIH-SIDA, a la mortalidad infantil, al hambre y a la pobreza extrema, la eliminación de las desigualdades de género y la mejora de la salud materna.

Es evidente que estos compromisos adquieren una relevancia particular en momentos en que la crisis económica mundial ha sumido en la pobreza a millones de personas en los últimos años. Sin embargo, ha sido claro también el reclamo de numerosas organizaciones en el sentido de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio carecen de una perspectiva clara de derechos humanos, que vinculen el combate a la pobreza con el empoderamiento, la exigibilidad de condiciones dignas de vida a través de la justiciabilidad de derechos, el combate a la discriminación, la participación activa de las comunidades afectadas por la pobreza en los esfuerzos y decisiones que se adoptan para erradicarla, entre otros aspectos.

Aún así, los ODMs representan hoy por hoy una base unificadora de metas mínimas acordadas por los Estados en materia de pobreza.

Y es por ello que resulta preocupante el hecho de que a más de diez años de distancia, y a pesar de numerosas iniciativas para darles cumplimiento, la comunidad internacional esté lejos de hacer de esta Declaración una realidad.

En medio de este escenario, considero preciso formular algunas preguntas: ¿qué significan los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las comunidades e individuos viviendo en condiciones de pobreza? ¿Han sido capaces los Estados de incorporar sus voces en las decisiones adoptadas para avanzar en la materia? ¿De qué forma los mecanismos de justiciabilidad de derechos se han puesto al servicio de los esfuerzos para acabar con la pobreza?

No son preguntas sencillas de responder y su complejidad radica en la falta de costumbre de los gobiernos de comprender la pobreza desde una óptica de derechos y responsabilidades. De esta forma, son extraños los esfuerzos que vinculan el combate a la pobreza con, por ejemplo, la rendición de cuentas de grandes empresas extractivas que a través de mega proyectos obligan al desplazamiento de comunidades o generan daños ambientales de enormes magnitudes afectando a las comunidades más empobrecidas. Las operaciones de Shell en el Delta del Níger son un excelente ejemplo de ello.

Tampoco son recurrentes los ejemplos en que las decisiones sobre el combate a la mortalidad infantil y materna, así como el mejoramiento de otras condiciones de vida, incorporen de manera central a las comunidades afectadas y establecen un marco de justiciabilidad capaz de situar estos elementos en el mismo plano de exigibilidad que los derechos civiles y políticos. La brecha que separa aún estos últimos derechos de los económicos, sociales y culturales es preocupante y marcada por el desconocimiento de la integralidad de los mismos.

En ese sentido, no resulta extraña la lentitud con que han sido incorporadas firmas y ratificaciones al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; uno de los principales esfuerzos de los últimos años por incorporar el deber de rendir cuentas por parte de los Estados frente a la falta de garantía, protección y promoción de los DESC.

Es decir, que no sólo han sido insuficientes las iniciativas planteadas para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que hay un problema de perspectiva en su abordaje; un entendimiento limitado de lo que la pobreza es y de los mecanismos necesarios para erradicarla. Ello no significa que la Declaración del Milenio carezca de sentido, sino que los Estados deben ir más allá y asegurar, desde ahora, que la renovación de estos compromisos integrará una perspectiva clara y transversal de derechos humanos.

En conclusión, a más de diez años de firmados los compromisos de la Declaración del Milenio y de preocupantes retrasos en su cumplimiento, es momento de reconocer la importancia fundamental de situar los derechos humanos en el corazón del combate a la pobreza, a través del avance en mecanismos de rendición de cuentas de los Estados e individuos que cometan abusos asociados a ésta y de la garantía de participación de las comunidades e individuos en las decisiones que les afectan. Con ello, los pasos que se den rumbo al año 2015 no sólo serán más efectivos, sino que tendrán sostenibilidad en el tiempo.

Es claro que hoy por hoy la pobreza es la peor crisis de derechos humanos en el mundo.

Por ello, sólo un enfoque basado en derechos permitirá revertir el círculo de desposesión, inseguridad, discriminación y falta de voz que ha situado a un enorme porcentaje de la población en la periferia del desarrollo.

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